Nos quedamos sin niños. Hemos promovido durante décadas un modelo social y vital en que había que destruir la familia y la vida de los seres humanos, en vez de en torno al hogar, debía girar en torno al trabajo. Liberar a la mujer no consistía en que pudiera elegir lo que quisiera, sino en que eligiera no tener hijos, o los menos y más tarde posible, y centrarse en dedicarse en exclusiva al mercado laboral. Poner el trabajo para la empresa por encima de la familia era por lo que sea muy progresista. Por supuesto también el hombre ha comprado en buena parte este mismo escenario, y no es que el trabajo no sea importante, o no haya que trabajar para mantener la familia, sino que sencillamente en la escala tiene su puesto y no es el primero. El caso es que el nivel de natalidad se ha desplomado a niveles históricos, no hay tasa de reposición de la población y los colegios se quedan vacíos. El dato es que en el curso 2014-2015 hubo en Navarra 20.060 estudiantes de 3, 4 y 5 años y en el presente curso hay sólo 15.751. Es decir, hemos perdido una cuarta parte de nuestros escolares más jóvenes. ¿Qué hacemos entonces con los colegios?
Si hay menos niños sobran colegios, pero esto genera un problema político más allá del propio exceso de colegios. Si hay menos demanda y la misma oferta, los padres pueden elegir con más facilidad, y resulta que esto puede perjudicar a lo público. Es decir, normalmente hay una gran demanda no atendida en la educación concertada, que por tanto tiene que acabar a la fuerza en la pública. Muchas familias llevan a sus hijos a colegios públicos no porque sea su elección, sino porque no tienen otra opción y no hay oferta suficiente en la educación concertada. Si por tanto desciende el número de niños pero se mantiene la oferta de plazas en la concertada, la gente va a tener más capacidad de elegir la concertada y por consiguiente va a descender el porcentaje de niños matriculados en la pública. Aquí es donde entra en acción Chivite y su consejo de administración de progreso para limitar la oferta concertada, impedir que las familias puedan elegir y sostener artificialmente el porcentaje de educación pública.
A los gobiernos menos libertarios les gusta tener el monopolio de la educación. No hay dictadura en el mundo en la que haya libertad educativa. La libertad educativa es el primer indicador de que en un país hay democracia. Para revertir por todo lo expuesto el previsible retroceso de la educación pública, el gobierno de Navarra ha diseñado tres criterios técnicos para llevar a cabo la reducción de aulas.
El primer criterio es que cada aula cuente con un número mínimo de alumnado no inferior a la ratio media de esa etapa educativa en su zona, que seria por ejempo 17 alumnos por aula en Pamplona y comarca o 15 en el resto de Navarra.
El segundo criterio es no concertar unidades sin demanda suficiente.
El tercer criterio y más expresivo de lo que estamos denunciando es el de evitar una oferta sobredimensionada de plazas en la educación concertada. De este modo, las solicitudes de palzas en centros concertados, en vez de ser atendidas, podrán ser derivadas a centros públicos con plazas vacantes, para supuestamente garantizar el «equilibrio del sistema». ¿Cuál es ese punto de equilibrio? ¿80-20? ¿50-50? ¿Por qué lo decide el gobierno? Lo que por el contrario se trata de garantizar es el predominio artificial de la proporción de pública no dejando a la gente elegir otra cosa. Gimeno no blinda la educación pública sino la falta de libertad.
