En una nueva victoria judicial para el partido liderado por Santiago Abascal, el Tribunal Supremo ha anulado la sanción de 862.496 euros que el Tribunal de Cuentas le impuso a Vox en abril de 2025. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha estimado íntegramente el recurso presentado por la formación, considerando que la resolución sancionadora “carece de base probatoria”.

La multa del Tribunal de Cuentas se refería a los ingresos obtenidos por Vox a través de actividades promocionales, como la venta de merchandising, durante los ejercicios de 2018, 2019 y 2020. El órgano fiscalizador interpretó estos ingresos como donaciones no identificadas en efectivo, calificándolos como una infracción “muy grave” de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP). Según el Tribunal de Cuentas, el partido habría vulnerado los requisitos de transparencia y control en la recepción de aportaciones privadas. Sin embargo, los magistrados del Supremo han corregido esta interpretación. En su sentencia, destacan la ausencia de pruebas suficientes que respalden la calificación de estos ingresos como donaciones irregulares. “La resolución sancionadora carece de base probatoria”, subraya el fallo, que exonera completamente a Vox de cualquier responsabilidad. Esta decisión se produce apenas unos meses después de que, en octubre de 2025, el mismo Tribunal Supremo ya anulara otra sanción anterior de 233.324 euros impuesta al partido por supuestas “donaciones finalistas” destinadas a acciones judiciales concretas, como el apoyo a la querella contra Quim Torra o la campaña ‘Ayudemos a Borja’.

Con esta segunda anulación, Vox suma dos importantes triunfos judiciales frente al Tribunal de Cuentas. Fuentes del partido han celebrado la sentencia como un “varapalo” al órgano fiscalizador y una demostración de que las sanciones respondían más a una persecución política que a irregularidades reales. “Han intentado criminalizarnos con mamarrachadas sobre financiación ilegal, pero la Justicia vuelve a dar la razón a Vox”, han señalado dirigentes de la formación.

El Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos, ha mantenido en los últimos años un escrutinio especial sobre Vox. En total, el partido ha enfrentado varias resoluciones sancionadoras que sumaban más de un millón de euros. Sin embargo, las anulaciones del Supremo cuestionan la solidez de estos expedientes y ponen el foco en posibles interpretaciones sospechosamente restrictivas o formalistas de la normativa de financiación, por no llamarlo directamente lawfare.

El Tribunal Supremo, en su fallo, no solo anula la multa sino que también exime a Vox del pago de costas. Con esta decisión, el partido de Abascal recupera plenamente su imagen de transparencia financiera y puede cerrar un capítulo que, durante más de un año, ha sido utilizado por sus adversarios para cuestionar su legalidad. Vox, que mantiene un crecimiento sostenido en intención de voto, afronta ahora el futuro con una victoria judicial que fortalece su credibilidad ante sus bases y el electorado en general. La sentencia llega en un momento clave de la legislatura y reafirma que, en el plano judicial, el partido ha logrado desmontar las graves acusaciones construidas sobre su financiación.

El Tribunal de Cuentas, por lo demás, cabe recordar que es el órgano fiscalizador de las cuentas y la gestión económica del Estado, las Comunidades Autónomas y el sector público. Está compuesto por 12 consejeros elegidos por el Congreso y el Senado por mayoría cualificada de tres quintos. En la práctica, su designación suele responder a un reparto de cromos entre los grandes partidos (PP y PSOE), lo que genera recurrentes críticas por su elevada politización. En la actualidad, el Tribunal cuenta con una mayoría progresista de siete consejeros izquierdistas frente a cinco conservadores y su presidenta es Enriqueta Chicano, reelegida para un segundo mandato hasta 2027 tras su nombramiento inicial en noviembre de 2021. No se trata sólo sin embargo de que se trate de un órgano politizado y colonizado por el sanchismo, o que tenga una vara de medir para cada partido, o que con la que está cayendo y con todo lo que tendría que vigilar y mantenerlo preocupado, el tribunal sólo haya observado y encontrado irregularidades significativas en VOX, sino que además estas irregularidades en las que se ha fijado no eran tales irregularidades mientras se le pasaban casualmente todas las enormes irregularidades que sí han ocurrido a a su alrededor.

A este respecto cabe subrayar que Santos Cerdán, nada menos que Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y presidente de la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas cuando se renovó este tribunal, ejerció una influencia decisiva en la elección de Chicano frente a otras candidatas más técnicas o menos alineadas. Cerdán, según diversas informaciones, priorizó un perfil “moldeable” para garantizar un control más efectivo sobre las fiscalizaciones sensibles, especialmente aquellas relacionadas con la financiación del PSOE, los contratos de la pandemia o las responsabilidades contables del procés. Chicano fue finalmente elegida y ha mantenido la presidencia hasta hoy y vaya si cumpliendo las expectativas de Cerdán de que no le iba a generar problemas a su trama ni a su partido.

De aquellos nombramientos impulsados durante la etapa de mayor influencia de Cerdán aún permanece intacta la estructura y la mayoría progresista actual en el Tribunal de Cuentas. Aunque Cerdán abandonó todos sus cargos en junio de 2025 tras su implicación en el caso Koldo y su posterior entrada en prisión provisional, los consejeros del Tribunal de Cuentas designados en aquel ciclo de pactos, gracias por cierto al PP, siguen ocupando sus plazas. Esta situación ilustra perfectamente el problema que tenemos con todos los órganos judiciales y de control que han sido políticamente colonizados, deviniendo en inútiles para fiscalizar al gobierno. En este sentido sólo caben tres opciones: dejar las cosas como están con su manifiesta disfuncionalidad, acabar con los organismos independientes que quedan como pretende el sanchismo, que son los únicos que están combatiendo la corrupción, o reformar el sistema justo para despolitizarlo y acabar con la anormalidad de que haya organismos en que los vigilantes sean nombrados por los vigilados o tribunales en que los jueces hayan sido nombrados por los que están juzgando.