Telefónica y el gobierno especulador de progreso

El gobierno quiere convertirse en el principal accionista de Telefónica. Dice que es una apuesta estratégica. Un movimiento destinado a garantizar los intereses españoles en una empresa clave. Una forma de evitar que su control quede en manos extranjeras. Según la parte del gobierno a la que se atienda no sólo es eso. La estatalización de las empresas sería algo objetivamente bueno y deseable en cualquier circunstancia. Esto último no puede extrañar demasiado cuando tenemos militantes comunistas en el gobierno. No sólo en el gobierno: controlando el gobierno.

Lo cierto es que muchas personas comparten este punto de vista en una sociedad como la española, que sistemáticamente estigmatiza a los empresarios. Las empresas son malas, el estado es bueno. Aunque el estado sólo es bueno cuando, naturalmente, gobierna la izquierda. Cuando gobierna la derecha lo público, estatal y gubernamental es muy malo.

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La lógica anterior se sustenta sobre ideas como que las empresas públicas son buenas por naturaleza, porque persiguen el interés general, mientras que las empresas privadas son malas por naturaleza, porque sólo buscan el interés particular de los dueños de la empresa. Otra idea sustentadora de esta visión es que las empresas públicas pueden ofrecer los mismos productos y servicios a mejor precio porque no necesitan un margen de beneficios para ganar dinero.

Y sin embargo, la realidad es que los países en los que no hay empresas privadas y en los que los sectores estratégicos están estatalizados son países ruinosos, en los que además los servicios que prestan las empresas públicas muchas veces son discontinuados o carísimos. ¿Cómo puede suceder esto cuando, aparentemente, lo público es por su propia naturaleza más virtuoso que lo privado?

Lo cierto es que una empresa pública, precisamente por no ser de “nadie” y por no perseguir la obtención de un beneficio carece de incentivos reales para hacer bien las cosas. ¿Y por qué habría de hacer bien las cosas? Una empresa privada en la que no se hacen bien las cosas comienza a perder dinero, no puede competir con las empresas privadas que hacen bien las cosas y acaba cerrando. Hacer bien las cosas, al menos a medio plazo y en un sistema que realmente sea de competencia y libre mercado, no es optativo. Suele pensarse que a los empresarios les encanta el libre mercado capitalista, pero en realidad el mercado es muy duro y muchos de ellos, para eso de reúnen en Davos y apoyan la Agenda 2030, prefieren prosperar -sin tener que competir- al calor de los boletines oficiales o a la sombra de los gobiernos.

En el sector privado se tiene que optimizar, necesariamente, la relación calidad-beneficio. Muchas personas piensan que las empresas privadas, en su afán por ganar dinero, pueden ofrecer basura a los clientes y usuarios. Esto no es cierto, como sabe cualquiera que se haya movido en el ámbito empresarial o directamente tenga una empresa. La competencia genera calidades crecientes a precios decrecientes. En su afán por ganar más, un empresario no puede ofrecer un producto o un servicio inferior al que ofrece su competidor, si el cliente puede elegir al otro competidor. Un producto capaz de competir en el mercado tiende a ser el mejor producto posible por el precio que cuesta. Ninguna empresa competidora puede permitirse el lujo en el libre mercado de ofrecer un producto peor o más caro que la empresa mejor gestionada y capaz por tanto de ofrecer el mejor producto al menor precio. Como mucho puede haber productos diferentes, aunque similares, a precios y calidades diferentes, que dejen al consumidor la elección de uno u otro en función de sus pros y sus contras. Quienes creen que un empresario puede ofrecer al mercado el producto que quiera, al precio que quiera y con la calidad que quiera, normalmente jamás han montado una empresa, ni trabajado en ella, ni intentado vender un producto al mercado. Lamentablemente casi todos nuestros políticos son “ideólogos” que pertenecen a esta categoría.

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A la vista de la brecha salarial entre trabajadores del sector público y del sector privado, o de las diferencias en el absentismo entre uno y otro sector, salta también a la vista la imposibilidad de que los costes laborales y por tanto de producto puedan ser los mismos en una empresa pública que privada. Donde en una empresa privado algo es hecho por 10 trabajadores, en el sector público hacen falta 14 trabajadores. Si en el sector privado esos 10 trabajadores cobran 100, en el sector público cobrarían 145. Pero como además no son 10 sino 14 los que tienen que cobrar, los costes se disparan al infinito.

La ventaja de la empresa pública es que no depende de sus ventas ni de sus beneficios. O sea, si pierde dinero no quiebra, ni se despide a sus gestores. Cuando una empresa pública pierde dinero, y por todo lo visto casi todas lo hacen casi por definición, lo que se hace cobrar a la gente más impuestos para rellenar los agujeros de las empresas públicas con su dinero. En la empresa privada no es que los incentivos existentes sean para hacer las cosas bien, sino que no hay alternativa a hacer las cosas bien, salvo la quiebra. Por el contrario, en la empresa pública todos los incentivos existentes son para gestionar con ineficacia, para no sujetar los costes, para no optimizar la calidad, para evitar el conflicto laboral. A fin de cuentas la supervivencia no depende de la calidad ni del coste del producto sino de ir rellenando los agujeros vía impuestos con el dinero de los demás.

Es así como el sector público de los países comunistas o de los países que han aplicado una severa agenda socialista se convierte en un lastre que asfixia el crecimiento del país y de la economía real productiva. Llegados a ese punto, el último movimiento para salvar las cuentas públicas del país, cuando la languideciente economía privada (si la hay) ya no puede mantener todo el ruinoso aparataje público-empresarial, lo que se hace es privatizar todas esas empresas. De ese modo, el estado por un lado recibe unos ingresos y por otro deja de tener un pozo de gastos sin fondo. Ahora estamos en el punto en que, décadas después de haber hecho eso, las empresas en su día privatizadas han sido saneadas por la gestión privada y vuelven a ser golosas para que las expropien de nuevo los comunistas, dando inicio a otro ciclo ruinoso.

Hemos señalado los peligros de estatalizar una empresa o un sector, pero casi es peor tratar de establecer una mixtura, en la que haya una empresa estatal compitiendo con empresas privadas en el mismo sector. Es una competición condenada a arruinar a las empresas privadas en una competición desigual, porque la empresa pública puede ofrecer su producto con pérdidas (un lujo que no se pueden permitir las privadas) que además sufraga con los impuestos que pagan las empresas con las que está compitiendo. Naturalmente cuando la empresa pública destruye a todas las privadas del sector además de los efectos generales de esta aniquilación se produce el efecto de que las pérdidas de la empresa pública ya no son financiables. Todo acaba siempre arruinado al mismo lado del Muro de Berlín.

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Existe la tentación, por otra parte, de revestir una estatalización de este tipo con un manto patriótico. Se trata de que España controle las empresas españolas. De proteger a las empresas españolas de las interferencias tentaculares extranjeras. De ser dueños de nuestro propio destino. Lo que pasa es que esto se consigue procurando que haya empresas españolas fuertes en España y en el mundo, no generando una mochila de empresas ruinosas en el estómago del gobierno. Porque esa además es otra variable a tener en cuenta. Una cosa es España y otra el gobierno. Este gobierno es muy capaz de intervenir Telefónica alegando que está defendiendo su españolidad y después entregarle la presidencia de Telefónica a un personaje de Bildu o de Junts. O Peor aún, se la puede entregar a un amiguete de Sánchez. Nadie puede creer que el mismo gobierno que está vendiendo España en Waterloo o en los despachos de Moncloa la va a defender en los despachos de Telefónica. La cuestión de fondo, más bien, es que el gobierno quiere el control del legislativo, del judicial, del poder mediático y también (con el dinero de todos) del poder empresarial.

La compra del 10% de Telefónica, por lo demás, resulta de lo más pintoresca por parte de un gobierno supuestamente comunista. O sea, más que ante una nacionalización, ante lo que estamos ahora es ante una especulación. El gobierno de progreso está cogiendo el dinero de nuestros impuestos, el que tantos sudores nos cuesta ganar trabajando en el mundo real, no para dedicarlo a Sanidad y Educación, ni para regalárselo a Puigdemont, sino para especular en bolsa. Un gobierno que no quiere bajar el IVA del 21% a muchos alimentos básicos, que tiene las cuentas públicas descuadradas, que genera una deuda salvaje, que no tiene ingresos suficientes para pagar las pensiones… a lo que va a dedicar el dinero que no tiene es a invertir en bolsa. A jugar en bolsa. ¿Han visto ustedes el gráfico de la evolución en bolsa de Telefónica durante las últimas décadas? ¿Conoce el gobierno la salvaje competencia y los costes de capital que tiene el sector de las telecomunicaciones? ¿Quién va a responder de las pérdidas si las hubiera? Pero claro, volvemos a todo lo anterior. Un empresario o un ahorrador, incluso un especulador, se juega su dinero, el gobierno no.

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Un comentario

  1. Decirle a un progre que inviertes tus ahorros en bolsa y que en ocho años has ganado un 56% de lo invertido, créanme que merece la pena ver su careto
    Por cierto, hoy una conocida empresa navarra a dado dividendos a sus malvados capitalistas accionistas

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