Mal acaba lo que peor empieza, claramente al menos en este caso. Al gobierno de María Chi le ha estallado en la cara el caso Velate, no ya sólo por la peste a corrupción sino por la debacle en la ejecución, aunque al final la una y la otra seguramente viajan en el mismo vagón. Los sobrecostes injustificados y la consiguiente paralización de las obras del túnel amenazan con convertirse en un culebrón con final litigioso e incierto. En otra coyuntura Chivite a lo mejor podría intentar sacar adelante la obra sumando chapuza sobre chapuza y dando patadas hacia delante, pero ahora todo lo que pasa en Velate, lógicamente y por suerte, se encuentra bajo la lupa judicial y el foco periodístico. Ya no es tan fácil meter más basura discretamente bajo la alfombra.
Los problemas se multiplican porque la obra realizada y el túnel excavado son de entrada de dudosa legalidad. No hablamos ya de la todos los avatares e irregularidades de la adjudicación, que también, sino incluso ya después en la ejecución. Lo ejecutado es dudosamente legal y no se ajusta al proyecto aprobado porque la excavación que se ha realizado ha seguido el método llamado “avance y destroza”, mientras que la técnica aprobada en el proyecto era a “sección completa”. Naturalmente este cambio, según todo indica, se ha llevado a cabo sólo por la conveniencia de la empresa y sin que siguiera el procedimiento debido caso de haberse planteado su necesidad. ¿Cómo convalidar y volver a meter ahora en la ley este modificado una de cuyas consecuencias es el desbordamiento salvaje del presupuesto? ¿Cómo se ha dejado durente dos años seguir la obra fuera del proyecto aprobado?
Las posibles tres salidas se limitan a un pacto entre el gobierno y la UTE para terminar la obra según el coste presupuestado, y que después la UTE pueda reclamar judicialmente el sobrecoste de los 8,5 millones si cree que le corresponde, algo que sin embargo puede resultar imposible ante la dificultad de convalidar la continuidad de una obra fuera de lo que fue aprobado en proyecto. La segunda opción sería rescindir el contrato de la obras entre la UTE y el gobierno de mutuo acuerdo, de modo que se liquidara la obra ya hecha y se licitara de nuevo toda la obra restante. Salta a la vista que esto podría retrasar significativamente los plazos de las obras pero sería la opción más garantista. La tercera opción sería la ruptura unilateral del contrato por parte del gobierno foral, la paralización de las obras y la judicialización del conflicto. Casi todos los observadores apuestan por la segunda vía como la más probable para salir del entuerto. Por otro lado tener que rescindir el contrato con la UTE de Acciona-Osés (y en su día Servinabar) pondría de manifiesto el desastre de partida de esta obra cuya adjudicación, contra toda evidencia, se nos ha tratado de vender como transparente y ejemplar. De hecho toda esta catástrofe parece difícil de explicar sin un proceso absolutamente viciado de inicio.
Llegados a esta disyuntiva hay quien se pregunta cómo se ha podido llegar a este punto en que la UTE bajo sospecha ha estado dos años perforando el túnel por un método distinto del previsto, saliéndose primero del proyecto y después del presupuesto, sin que nadie dijera una palabra al respecto. ¿Acaso el gobierno foral tiene miedo a la UTE? ¿Y qué podría saber la UTE para tener atemorizado al gobierno de María Chi? La respuesta parece bastante evidente, debido a que hablamos de una adjudicación llena de irregularidades a una UTE de la que formaba parte la empresa de Santos Cerdán, dedicada precisamente a conseguir adjudicaciones de forma ilegal. Quizá así se explicaría primero la propia adjudicación, después que la obra se empezara a ejecutar no según lo proyectado, y finalmente que ante la revelación de unos sobrecostes gigantescos el gobierno foral intentara parchear la catástrofe ortogando a la UTE los 8,5 millones de sobrecostes por una vía inapropiada, tratando de usar la irónica figura del “enriquecimiento injusto”. Entre la Intervención General y la asesoría jurídica del gobierno de Navarra, sin embargo, ha saltado por los aires primero la posibilidad de tapar discretamente los sobrecostes, y segundo la posibilidad de pagárselos a la UTE por una puerta de atrás para seguir adelante con el partido.
En lo que sin embargo puede confiar bastante María Chi es en el respaldo absoluto de sus socios pase lo que pase o se destape lo que se destape. El propio PSN ha ridiculizado a Geroa Bai revelando que cuando los abertzales se reúnen con los socialistas todo son melindres y que los aspavientos sólo empiezan al salir de la reunión y ponerse delante de las cámaras. Toda la indignación de Geroa, Podemos o Bildu ante el caso Velate es una mera pantomima. Chivite puede contar con todo su apoyo y en realidad recordemos que todo el caso Servinabar, y por tanto posiblemente el caso Velate, tiene dos patas: la pata socialista de Cerdán y la pata nacionalista de Antxon Alonso. Es improbable por tanto que Geroa pueda pedir cuentas en este entuerto al PSN, como mucho escenificar que lo hace. Al igual que Sánchez, Chivite no va a caer por la incompatibilidad de sus socios con los hedores a corrupción.
