Las comparaciones con la mafia pueden resultar cansinas pero son las más oportunas, es lo que corresponde ante lo que una y otra vez nos estamos encontrando en todos los casos de corrupción relacionados con el sanchismo. Frente a otros casos de corrupción de otros partidos en el pasado, el sanchismo nos ofrece algunas novedades peligrosamente siniestras. Lejos de asumir responsabilidades, el sanchismo se bunkeriza en el poder y utiliza los resortes del gobierno para defenderse del estado de derecho. Por otro lado, el sanchismo usa el poder no para luchar contra los corruptos, sino para perseguir a los que denuncian la corrupción. El último ejemplo lo acabamos de ver una vez en Navarra. El gobierno foral no ignoró los avisos de los técnicos de la mesa de contratación que alertaron sobre las irregularidades en la adjudicación de los túneles de Velate, el problema es que sus avisos no los tuvo en cuenta para atender a sus advertencias, sino para perseguirlos y represaliarlos por haber osado poner pegar pegas, denunciar las anormalidades y obstaculizar la adjudicación.
Parece que después de haber quedado en evidencia la inoperancia de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, creada por Bildu, este organismo ha decidido empezar a justificar su presupuesto de un millón de euros anuales aunque sea con un carácter tan tardío. De este modo, la Oficina Anticorrupción denuncia que el letrado secretario de la mesa de contratación, unos de los técnicos funcionarios que manifestaron las irregularidades que estaba sufriendo el proceso de adjudicación de las obras de los túneles, ha sufrido un “acto de represalia” por parte del director general de Obras Públicas, Pedro López Vera. El técnico represaliado ha sido trasladado de su puesto en la Avenida San Ignacio, empeorando sus condiciones laborales, a una nave industrial en Landaben donde no trabaja ninguna otra persona de su negociado. El técnico en cuestión, al gozar además del estatus de denunciante, la Oficina recuerda que debe gozar de una especial protección frente a “todo empeoramiento de las condiciones de su entorno laboral o profesional”. En este sentido, la Ley Foral 7/2018 determina precisamente que la Oficina de Buenas Prácticas velará por que estas personas «no sufran aislamiento, persecución o un empeoramiento de las condiciones de su entorno laboral”.
Pedro López Vera, el ahora director de Obras Públicas que represalia al denunciante de las irregularidades que tiene bajo su mando, cabe recordar que está en el cargo desde el año 2019, primero con Bernardo Ciriza como consejero de Cohesión Territorial y después y hasta ahora con Oscar Chivite, el tío de María Chivite, los dos consejeros implicados en todo el proceso de las obras de los túneles. López Vera, por otro lado, en 2015 en tiempos de Uxue Barcos formó parte de la mesa de contratación y redactó el informe de licitación de las obras del Archivo General de Navarra, que fue una de las primeras adjudicaciones a la UTE formada por Acciona y Servinabar. López Vera fue quien firmó la adjudicación de las obras de los túneles y ha sido después uno de los encargados de defender a capa y espada, contra toda evidencia a estas alturas, la limpieza e «impecabilidad» de las adjudicaciones a la empresa de Cerdán.
Ayer mismo se denunciaba el hostigamiento parlamentario de PSN y Geroa Bai a los técnicos de la mesa de contratación que habían señalado las irregularidades del proceso de adjudicación. Nos encontramos por tanto ante algo más que un hecho puntual. Perseguir al que denuncia las irregularidades en vez de investigar al denunciado es una actitud general y un modus operandi del sanchismo. Hasta la cabeza del jefe de la UCO ha corrido peligro. Desde luego si se persigue a los denunciantes de las irregularidades en vez de a los denunciados, poco puede sorprender que en el sanchismo prolifere la corrupción, pero cabe sospechar algo más.
¿Por qué esta persecución de los que denuncian las irregularidades? Podría pensarse en una especie de fanatismo ideológico, en virtud del cual todo aquel que cuestiona cualquier acto sanchista pasa a ser sospechoso, ¿pero hay algo más? Perseguir al que denuncia las irregularidades es también lo que haría quien estuviera implicado en la trama y fuera partícipe de esas irregularidades, ¿cuál es entonces el escenario que tenemos aquí?
