Hubo un tiempo ya bastante lejano en que el borrado de datos en casos de corrupción fue una característica asociada de forma automática al Partido Popular, con el manido caso de los discos duros de Bárcenas. La izquierda utilizó exhaustivamente aquel borrado como una prueba incriminatoria. La lógica es la del traficante que tira la droga por el váter o por la borda de lancha planeadora. Esa lógica ha imperado hasta que por ejemplo ha llegado el borrado de los mensajes del móvil del Fiscal General del Estado. Pero no ha sido un caso aislado en los últimos tiempos.
También en Navarra hemos asistido al borrado del disco duro de Jesús Polo, el polémico presidente de la mesa de adjudicación de las obras de los túneles de Velate. Ese disco duro hubiera servido para despejar la duda de si Polo voto sabiendo o no de antemano los votos del resto de técnicos, y sabiendo por tanto los puntos que él tenía que dar para alterar el resultado de la votación de los demás. La administración foral sin embargo borró el disco duro de su ordenador una vez terminada la adjudicación, de modo que aquellos datos pasaron al mismo limbo que los del disco duro de Bárcenas o los del móvil del Fiscal General.
Ahora tenemos un nuevo caso de borrado, que se ha publicado al abrigo de estos días festivos. La empresa pública Paradores ha hecho público, a través del Portal de Transparencia, que en sus sistemas informáticos ya no figura información alguna que permita esclarecer lo sucedido durante la estancia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el Parador de Teruel, en septiembre de 2020. Paradores argumenta que, en virtud de la vigente normativa de protección de datos, al haber transcurrido más de tres años desde los hechos se ha procedido al borrado de la información de los huéspedes. No queda rastro por tanto del paso por el parador de Teruel de José Luis Abalos.
Como todo el mundo recordará, desde el 2 de diciembre de 2024 es obligatorio que los hoteles y alojamientos recopilen y comuniquen datos detallados de sus huéspedes al Ministerio del Interior a través de la plataforma SES HOSPEDAJES, según el Real Decreto 933/2021, para mejorar la seguridad, solicitando DNI/pasaporte, nombre, fecha de nacimiento o nacionalidad. Es decir, de algún modo estamos ante el mismo caso que los movimientos de dinero en efectivo en Ferraz, el euro digital u otros ejemplos que se podrían traer a colación. Los ciudadanos cada vez estamos más vigilados. Hasta el más pequeño de nuestros movimientos quedan registrados. Nuestra intimidad se ha evaporado. El gobierno lo sabe todo sobre nosotros, sin embargo, no sucede que a cambio nosotros lo sabemos también todo sobre el gobierno y los partidos en el gobierno. Si Begoña Gómez tiene doble nacionalidad española-dominicana es un secreto. Koldo García podía viajar por el mundo, incluyendo paraísos fiscales, con un pasaporte diplomático. Paradores retrasa la entrega de información hasta que pasado un plazo todo queda borrado. Borrado como el ordenador de Jesús Polo, como el móvil del Fiscal General del Estado.
Salta a la vista que cada vez estamos más vigilados, pero de una forma completamente asimétrica. El gobierno dispone de los resortes del poder para poder esquivar en gran medida esa vigilancia. Somos los ciudadanos los que estamos completamente expuestos ante el gobierno. Sin embargo, esa es casi la definición de dictadura. En las democracias es el gobierno el que se encuentra vigilado por los ciudadanos. Un régimen en el que son los ciudadanos los que no tienen secretos para el gobierno es un sistema típicamente totalitario. Si además el gobierno puede observar sin ser observado, no sólo es que tenga las herramientas para establecer una autocracia, es que además les dota a los gobernantes y a las personas a su alrededor de una impunidad que posibilita e incluso incentiva los casos de corrupción. Sólo existe un escenario peor a que la ciudadanía en general haya perdido el derecho a la intimidad, y es que sólo desde el poder se pueda gozar de la intimidad.
