Los 21 provida juzgados por un delito de coacciones tras haberse concentrado en 2022 para rezar ante el abortorio Askabide de Vitoria han sido absueltos. Frente a lo sostenido por la Fiscalía (¿de quién depende?), la justicia ha sentenciado que esas pequeñas concentraciones pacíficas de unas pocas personas rezando no supusieron acoso ni intimidación a los trabajadores ni pacientes del establecimiento.

Según la sentencia los acusados «nunca observaron actitudes violentas contra las potenciales víctimas» y se puede «descartar completamente la existencia de hostigamiento ni ambiental, ni de ninguna otra naturaleza». En este sentido, tras las pruebas aportadas y los testimonios de la policía, la justicia concluye que “No consta que se haya abordado, increpado o agredido a ninguna persona, ni que se constituyeran cadenas humanas impidiendo el paso a mujeres o trabajadores o cortado suministros de la clínica, ni que los manifestantes hayan realizado gestos o proclamado eslóganes amenazantes». Simplemente, rezaban en las inmediaciones.

Acosar es acosar, podríamos decir que concluyen la sentencia y el sentido común. No se puede convertir cualquier cosa en acoso. Oponerse al aborto por considerarlo la eliminación de una vida humana es una postura legítima. Es asimismo legítimo manifestarse en su contra, expresarse en su contra o rezar a favor de la vida. No puede estar permitido manifestarse en cualquier sitio menos frente a un abortorio. Incluso en ese caso habría que establecer legalmente cuál es el límite de distancia a la cual poder manifestarse de un abortorio. Es absurdo porque no existen límites de este tipo respecto a ningún otro establecimiento. Seguramente el problema es el mero hecho de publicitar en cualquier sitio de cualquier forma la oposición al aborto. No en vano asistimos a una progresiva criminalización de todo aquel que cuestiona el aborto. Ninguna clienta fue abordada, interpelada, insultada, obstaculizada, amenazada o estorbada en algún sentido para poder acceder a la clínica. Su mera presencia rezando como acto de protesta era el único acto atribuible a los acusados. Su acción fue comparada a los antitaurinos que se ponen de espalda en la plaza de toros como gesto de rechazo pacífico. Los provida ni siquiera estaban en la puerta del abortorio.

Llevado al límite al argumento del abortorio el mero hecho de decir nada por cualquier medio contra el aborto tendría que ser un delito y le podría suponer un menoscabo económico del que habría que indeminizarlo. Todo lo que no fuera decir que el aborto es maravilloso podría hacer dudar a una mujer y suponer una pérdida económica para la industria abortitsta. Habría que prohibir entonces cualquier palabra contra el aborto. Se podrían cuestionar las corridas de toros, el consumo de carne o el uso del sombrero, aunque el debate perjudicara a las plazas de toros, las carnicerías y las sombrererías, pero no se podría expresar ningún tipo de rechazo al aborto.

El problema de que haya unas personas rezando en las proximidades de una clínica no es que coaccionen a nadie, sino que recuerdan que el aborto es poner fin a una vida humana. Es por tanto un recuerdo incómodo. Es romper el silencio impuesto respecto a este genocidio normalizado.

El que acude a rezar en las inmediaciones de un abortorio sabe lo que se juega. No sólo es que va a ser pacífico y respetuoso por convicción, sino porque se sabe la persona más vigilada del mundo al cuestionar un tabú. Puesto que hablamos de una presencia continuada, cualquier acción que efectivamente hubiera sido acoso se hubiera grabado y se hubiera podido presentar como prueba. No hay duda por tanto de que no hubo ninguna coacción ni intimidación. Lo que sí hubo con esa presencia es un recordatorio por humilde que sea de la anormalidad que implica la existencia de ese abortorio y de la siniestra labor que se lleva a cabo en ese lugar. Hay quien querría un manto de silencio absoluto sobre ese debate y la normalización incuestionada del aborto. Mediante este proceso se ha intentado amedrentar a las personas provida para que acepten su silenciamiento, para sembrar dudas sobre si participar o no en una protesta y para que decaigan acciones como las perseguidas en este juicio. La Justicia ha determinado sin embargo que oponerse pacíficamente al aborto todavía es legal en España.