Pedro Sánchez ya no puede parar

La existencia de las cloacas del PSOE es un hecho, pese al intento de negarlo por parte del gobierno y sus altavoces mediáticos. Las propias grabaciones de Leire Díez evidencian que ella misma se presenta como fontanera del PSOE, e incluso habla de más equipos de fontanería, cosa que ya no se niega ni en cadenas como La Sexta:

Podría pensarse no obstante que Leire Díez se puede presentar ante terceros como fontanera o como obispa de Constantinopla, sin que ello signifique que realmente lo sea. Obviamente a estas alturas ya tenemos evidencias sobradas de que Leire Díez era efectivamente una fontanera del PSOE con acceso a todo tipo de despachos y sedes cuya puerta sólo le podía abrir su condición real de fontanera, pero es que además a las evidencias de esta actividad se suma la propia torpeza del PSOE, delatando el uso de estos fontaneros para sus labores parlamentarias y publicitarias. De este modo, se ha descubierto a través de los metadatos digitales el uso por parte del PSOE en el Congreso de archivos creados por Javier Pérez Dolset, la persona que forma parte del equipo de Leire Díez y aparece con ella en las grabaciones. No cabe dudar ya por tanto de la conexión entre el PSOE y el equipo de fontanería de Leire Díez y Dolset, y que el PSOE hacía uso en el Congreso de los datos que le pasaba su equipo de fontanería.

Frente a todo esto, sin embargo, lejos de asumir responsabilidades políticas o convocar elecciones, Pedro Sánchez ha aprovechado la Conferencia de Presidentes de las CCAA para asegurar que las elecciones serán en 2027, “cuando tocan”. Más preciso sería decir que cuando está obligado. En 2027 está obligado a convocar elecciones, voluntariamente podría anticiparlas, y si fuera por Pedro Sánchez seguramente no convocaría ya nunca elecciones.

El problema al que nos enfrentamos es que estamos abocados a una dialéctica en la que o unos son unos corruptos que usando las cloacas quieren fulminar a los jueces y policías que les investigan, o los otros son unos conspiradores que de la mano de una supuesta “UCO patriótica” quieren dar un golpe de estado blando. En esta disyuntiva alguien tiene que acabar en la cárcel. En el fondo ambas partes se están acusando de estar dando un golpe de estado blando y es imposible una normalización de la política nacional teniendo que ser golpistas o las fuerzas que están en el gobierno o las que están en la oposición.

Aferrarse al gobierno hace tiempo que para Pedro Sánchez es algo más que una cuestión de ambición personal. Las dos alternativas de Sánchez hace unos meses eran enfrentarse él y su entorno a un complicado horizonte judicial desde fuera de la política o hacerlo desde el poder. Naturalmente le convenía mucho más enfrentar ese horizonte desde el poder. En consecuencia, efectivamente estamos comprobando que decidió quedarse en el poder para usar todos los resortes del estado, incluyendo los subterráneos, con el objetivo de destruir a los partidos de la oposición o a los jueces, fiscales, periodistas, policías o guardias civiles que investigan sus casos de corrupción. No sólo Sánchez sino también sus socios se encuentran ya sumidos en un camino sin retorno. Una vez lanzados por el tobogán, es ya muy difícil frenar. A cada metro más de descenso por el tobogán la velocidad y la inercia son mayores, y por tanto menores las posibilidades de parar. Ni queriendo con la inercia que llevan podrían ya parar. Pero es que además es improbable que quieran. Todos sus actos demuestran que querían mantener el poder para hacer lo que están haciendo. Cuanto más graves sean los actos que quedan por descubrir, y ya todo lo descubierto es muy grave, más graves tendrán que ser a su vez los actos del gobierno desbordando el estado de derecho para poder contener las consecuencias. La gran cuestión es por tanto qué nos espera al final del tobogán, porque o es un escenario democrático en el que ya no está Sánchez, o es un escenario en el que si está Sánchez ya no está el estado de derecho. De lo que no hay duda es de lo que va a elegir Pedro Sánchez, si puede, entre estado de derecho e impunidad.

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