Es hora de que Pablo Iglesias responda por todos los ancianos muertos en residencias públicas y privadas. No en vano fue él quien el 19 de marzo compareció ante las cámaras para presentarse como el salvador de los ancianos, el que se iba a hacer cargo de todas las residencias bajo su mando centralizado, estatal y providente. Unos 30.000 muertos después, la mayoría de ellos mayores de 70 años, el salvador de los ancianos anda completamente desaparecido. Cuando raramente se refiere a este asunto, la falta de explicaciones lógicas se compensa con una elevación proporcional de sus niveles de agresividad y un discurso desrazonado sobre que las residencias de ancianos, privatizadas por el PP, las dirigía un tal Bárcenas al servicio de unos oscuros fondos buitre dirigidos por Espectra.
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Desde luego el vicepresidente está para dar explicaciones, no para exigirlas a los demás. Por lo demás su agresividad no le salvará de su deber de rendir cuentas sobre la realidad. Las residencias han estado en el vórtice de la pandemia porque el coronavirus mata especialmente a los ancianos y las residencias están llenas de ancianos, muchos de ellos ya con un delicado estado previo de salud.
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Dicho lo anterior, todas las residencias han sufrido el latigazo del coronavirus con una violencia inusitada, tanto las privadas como las públicas. ¿O no han muerto ancianos en las residencias públicas? Que responda el vicepresidente como máximo responsable. Que aporte las cifras. Que sobre todo no se confunda en esta historia Pablo Iglesias: no es el fiscal, es el acusado.
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¿Por qué han muerto tantos ancianos en las residencias? ¿Acaso no son ciertas las denuncias de que, cuando llamaban al 112, se rechazaba trasladar a los ancianos a los saturados hospitales? ¿En cuántas comunidades ha sucedido esto? ¿Hay alguna en la que no haya sucedido?
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Cuando morían ancianos en las residencias, ¿quién y cuándo iba a recoger los cadáveres infectados? ¿Con qué medios? ¿Dónde estaba el gobierno? ¿Dónde estaba el vicepresidente? Las residencias públicas o privadas en absoluto son hospitales ni tanatorios ni se les puede exigir que lo sean. No lo son en tiempos normales y mucho menos en una situación extraordinaria como la que hemos atravesado. ¿Dónde estaba el gobierno para hacer frente a esta situación extraordinaria? ¿No es para hacer frente a este tipo de situaciones extraordinarias para lo que se supone que hace falta un estado?
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Para manipular los cadáveres o asistir a los ancianos tampoco se suministró material a las residencias. Gran parte del personal de las residencias, como el de los hospitales, se contagió en los primeros momentos. A partir de ahí la situación fue muy complicada porque ni se podía dejar de atender a muchos ancianos, ni se les podía atender sin peligro de contagiarlos si el personal estaba infectado. ¿Qué medios proporcionó Pablo Iglesias a las residencias públicas y privadas para proteger al personal o para alojar a los residentes no infectados?
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Para saber qué ancianos o qué cuidadores estaban infectados por supuesto hubieran hecho falta test fiables masivos. ¿Dónde estaban esos test que habría tenido que conseguir el vicepresidente Iglesias? Una vez más, ¿son ciertas las denuncias de que el gobierno no mandaba equipos a hacer test a las residencias de ancianos, o muy tarde, o en cantidad totalmente insuficiente? Por supuesto el vicepresidente Iglesias es responsable de prestar ayuda a los ancianos de todas las residencias, ¿pero acaso puede asegurar que esto no ha pasado en ninguna residencia pública? Es más, habría que pensar que el vicepresidente Iglesias sólo ha tenido que ocuparse de que recibieran atención médica, equipos de protección o test sólo las residencias privadas, porque las públicas se supone que no tenían carencias.
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Lo que han hecho las residencias públicas y privadas, y el personal público y privado de esas residencias en general y salvo rarísimas excepciones, ha sido una labor heroica y sobrehumana, atendiendo con profesionalidad y cariño a los ancianos hasta donde han podido. El juicio no es al personal, ni a los administradores de las residencias, ni a los médicos, ni a los hospitales (públicos y privados), que han dado todos lo mejor de sí mismos, frecuentemente sobrepasados por los acontecimientos. El juicio político es a los responsables políticos. A los gobernantes con la capacidad para cerrar fronteras, decretar medidas de confinamiento o movilizar medios humanos y materiales extraordinarios con el dinero de todos. ¿Por qué no tomaron medidas mucho antes? ¿Por qué ha faltado de todo?
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Desde luego ahora es muy difícil sacar conclusiones porque no tenemos ni idea de las cifras reales de muertos a las que nos enfrentamos, ni se dispone de una contabilidad fiable de los ancianos muertos por centros de titularidad pública o privada-concertada. Pero obviamente si el gobierno hubiera actuado a tiempo se hubieran salvado muchas vidas tanto en las residencias públicas como en las privadas. Era potestad del gobierno y no de las residencias el haber declarado antes el estado de alarma, el de sitio o el que hubiera procedido para proteger a todos, pero particularmente a los abuelos, a tiempo.
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Los lideres de Podemos practican como estrategia sistemática el defenderse atacando. Pero que ni se confundan ellos ni piensen que nos confunden a nosotros. El gobierno son ellos. Los responsables son ellos. Los que han fallado son ellos. Los acusados son ellos.
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Un comentario
Han muerto más ancianos, porque no han querido tratarlos ni trasladarlos a los centros hospitalarios. Por encima de determinada edad, no los admitían en las UCIs. Los han dejado morir solos, y sin tratamiento.