El año 2020 comenzaba con una noticia bastante estremecedora, relativa a tres turistas estadounidenses que denunciaron haber sido violadas durante la Nochevieja por tres inmigrantes afganos, dos de los cuales gozan del estatus de refugiados. El juzgado, pese a la gravedad de los hechos denunciados, dejó en libertad condicional a los acusados. El suceso, no obstante, pasó bastante desapercibido en los medios. Para empezar no ocupó las portadas, en muchas ocasiones se ocultó la nacionalidad de los acusados y las organizaciones feministas guardaron un escrupuloso silencio.
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Las informaciones que se van conociendo en relación al desarrollo de las investigaciones sugieren ahora que las turistas estadounidenses pudieron haber mentido y denunciado falsamente a los tres inmigrantes afganos para cobrar un seguro de viaje.
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Todo lo anterior ayuda seguramente a explicar la escasa relevancia que se le dio al suceso en los medios. Es decir, la noticia era un win/win para los detractores del discurso políticamente correcto. O nos encontrábamos ante el caso de una nueva manada de inmigrantes violadores, o nos encontrábamos ante el caso de una manada de denunciantas falsas. Aunque parece que el caso se resuelve por este último extremo, no deja de resultar llamativo que el eco mediático no dependa de la gravedad intrínseca de los hechos sino de la condición de los acusados, de la condición de las denunciantes o de la forma en que el resultado de la investigación pueda ayudar a sostener o minar el discurso dominante.
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Ya que sin embargo el caso parece derivar hacia las denuncias falsas, conviene aprovechar para reivindicar una vez más la presunción de inocencia de los hombres. Que la culpabilidad de los acusados ha de ser demostrada es un principio fundamental del derecho y hasta de la civilización que últimamente se está poniendo en entredicho cuando el acusado es un hombre y la acusadora una mujer. Unicamente cuando los acusados son inmigrantes, y sólo porque el discurso dominante es papeles para todos y welcome refugees, queda mitigado el cuestionamiento de la presunción de inocencia para los varones acusados. Por otro lado tampoco se puede suspender el principio de presunción de inocencia para los inmigrantes, otra cosa es analizar las estadísticas de los casos ya juzgados y condenados. Casos como este nos recuerdan una vez más la necesidad de dejar a los jueces y magistrados hacer su trabajo con tranquilidad sin generar una presión popular hacia el sentido en que deben decantarse sus sentencias, mucho menos en un caso particular. Por no mencionar la hipócrita indignación de quienes suavizan las leyes para escandalizarse después cuando los jueces se limitan a aplicarlas con esa suavización.
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