La Junta Electoral de Andalucía ha hecho públicos los resultados definitivos de las elecciones autonómicas andaluzas, incluyendo los resultados del voto de las personas inscritas en el censo electoral de residentes ausentes, el CERA. El voto exterior no ha cambiado los resultados conocidos, pero ofrece sin embargo unas cifras muy llamativas.
De este modo, el recuento del voto exterior ofrece como resultado que el PSOE fue la formación más votada con 6.703 votos, casi 400 más que los 6.307 logrados por el PP, mientras que Vox fue la tercera formación con más sufragios con un total de 2.961. Por Andalucía supera en el CERA a Adelante Andalucía con 2.285 votos frente a 1.316, y por bloques los partidos de izquierda suman 10.304 votos frente a los 9.640 de la derecha. El resultado es de lo más llamativo porque la derecha ganó las elecciones entre los residentes con casi un 58% del voto. Existe por tanto una significativa y extraña diferencia en el recuento entre el voto residente y el voto no residente.
Los medios, por lo menos los medios no afectos a la disciplina gubernamental, han dado cuenta de esta discrepancia con extrañeza, más aún cuando la manipulación del censo mediante el voto exterior y las regularizaciones se ha convertido en un asunto debatido en los últimos tiempos. Es por eso que hemos acudido a la web de la Junta Electoral de Andalucía a buscar el detalle del recuento e ir un poco más allá de lo publicado por los medios. Efectivamente, el detalle de las cifras no sólo confirma la discrepancia entre el voto residente y no residente, sino que lo focaliza en el voto andaluz proviniente de Argentina.
El examen de los datos indica claramente que el voto exterior andaluz se reparte de manera poco significativa por múltiples países del mundo, ninguno de los cuales aporta una cantidad de votos llamativa salvo Argentina. De los 21.583 votos de no residentes, 3.405 votos corresponden a residentes en Argentina. Se trata por tanto de largo del colectivo de votantes más abultado.
Sea como sea, al margen del peso del voto argentino, lo que nos encontramos es un nicho de votantes, el del voto exterior, cuyo sentido del voto no coincide con el de los votantes residentes, y cuyo sentido del voto favorece al gobierno. Es decir, esta discrepancia puede ser observada, acaso utilizada, como un modo de influir en el resultado. Cuando por tanto el gobierno adopta medidas para regularizar y nacionalizar inmigrantes, o para ampliar el voto a personas que viven fuera de España, está claro que puede no ser un movimiento inocente, sobre todo cuando se pretende engrosar este grupo de nuevos votantes de forma muy significativa, tanto como para poder volcar el resultado electoral en un sentido o en otro, o al menos para poder tener una incidencia apreciable.
No tiene sentido ignorar esta realidad y no estar vigilantes porque los datos están a la vista. Tenemos además al menos dos motivos extraordinarios para que toda preocupación se encuentre justificada. Por un lado, al frente del gobierno se encuentra una persona bajo sospecha de dirigir una trama corrupta, y bajo sospecha de dirigir otra trama para destruir a todos los funcionarios honrados del estado dedicados a investigar esa trama corrupta. El presidente del gobierno, por consiguiente, puede ser una persona cuyos incentivos sean buscar una victoria electoral como sea para evitar un horizonte judicial complicado. Es por esto que cualquier democracia homologable una persona en su situación debería haber dimitido.
Por otra parte, Sánchez tiene ya un historial alarmante respecto a votaciones con urnas fantasma, habiendo sido acusado por sus propios compañeros de partido, en el comité federal de 2016, de haber intentado propiciar un pucherazo mediante una votación irregular, sin censo, sin interventores y hasta con lo que podían ser urnas llenas de papeletas antes siquiera de empezar la votación. Una vez más, en una democracia homologable, una persona con estos antecedentes no podría presidir un país. El caso es que lo preside, que del resultado de las próximas elecciones puede depender no sólo su presidencia sino su futuro penal, y que consciente de ello, con todos los recursos del estado bajo su poder y una falta de escrúpulos contrastada, cabe temer la posible utilización de cualquier resquicio o la realización de cualquier maniobra posible para garantizarse la continuidad en el poder y la impunidad, que en su caso pueden ir de la mano frente a su futura situación judicial.
