El gobierno y la organización terrorista ETA, a lo largo de múltiples reuniones entre julio y noviembre del 2005, pactaron tanto el texto de la declaración de alto el fuego de ETA como la declaración institucional de Zapatero anunciando el inicio de un proceso de diálogo con los terroristas. Además, para evitar malentendidos, pactaron en una serie de anexos que no se harían públicos diversas consideraciones y clarificaciones en torno a los conceptos contenidos en dichas declaraciones. Todas las reuniones habrían estado tuteladas por un organización internacional experta en la mediación y resolución de conflictos.
Euskal Herria en el preámbulo.
Así, el acuerdo alcanzado por el Gobierno y ETA incluiría un preámbulo que no aparecería en la declaración pública comprometida por el presidente español:
“Aun con diferentes consideraciones ideológicas y aunque no compartamos el modelo estratégico y de construcción política, estamos de acuerdo en que existe una realidad con vínculos sociopolíticos, culturales, lingüísticos e históricos llamada Euskal Herria”.
Evidentemente, ese irresponsable reconocimiento de la existencia de “Euskal Herria” por parte del gobierno supondría el reconocimiento de una realidad de la que Navarra necesariamente formaría parte y que no coincide ni con el sentir y la voluntad de la mayoría de los navarros ni con los límites de la Constitución y del Amejoramiento.
Así, Navarra aparece repetidamente a lo largo de esos “anexos” para clarificar conceptos pactados entre ETA y gobierno:
En estos apéndices se clarifica qué se entiende por los “acuerdos” a los que se habría de llegar en la mesa mulpartita: "Los concernientes al futuro de los ciudadanos de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa, constatando la existencia de dos comunidades autónomas y teniendo en cuenta dichos marcos institucionales para su puesta en práctica".
La declaración institucional que inicialmente propuso el PSOE para que hiciera pública Zapatero, comenzaba diciendo que “La sociedad vasca es libre de decidir libremente su futuro dentro del respeto a su pluralidad política y al marco constitucional vigente.”
ETA exigió aclaraciones al gobierno exigiendo saber a qué se refería cuando hablaba de “la sociedad vasca”. Según Gara, el gobierno respondió que no cuestionaba que “Nafarroa” formara parte del proceso, ya fuera con una mesa única o con dos.
Cuando se pregunte al gobierno por todas estas cuestiones, la previsible respuesta de la vicepresidenta y portavoz del gobierno será que o no comenta o que todo es mentira. Sería muy de agradecer que por fin se revelara el nombre de la organización internacional que hizo de mediadora, o el de los “cualificados observadores internacionales” a los que Gara ha aludido en otras ocasiones, para que pudieran dar testimonio acerca de la veracidad o no de todas estas revelaciones.
