Si hablamos del juicio a 21 personas detenidas por acoso y coacciones, para las que se piden 5 meses de prisión, es posible que usted en su ingenuidad piense que a lo mejor se trata de los detenidos en los salvajes disturbios de Pamplona hace unas semanas, con personas agredidas y heridas de gravedad, atentados a la autoridad, lanzamiento de botellas y vandalismo callejero. Nada más lejos de la realidad. De hecho en aquellos violentos disturbios, aplaudidos por la mitad de la clase política española, sólo hubo dos detenidos. Las detenciones por tanto se multiplicaron por diez en el caso que nos ocupa, y eso que aquí no hubo ninguna violencia. De hecho se trata de 21 personas literalmente detenidas solamente por rezar, como suena. La cuestión es que osaron rezar en las proximidades de un abortorio de Vitoria, un centro de eliminación de niños indeseados. La Fiscalía pide cinco meses de prisión, con posible sustitución por 75 días de trabajos para la comunidad, para los 21 acusados. La clínica Askabide solicita además 20.000 euros de indemnización, 10.000 para la clínica y otros 10.000 para Igor Elberdin, su administrador único.
La defensa de los acusados alega que lo único que hacían estos era rezar. Como mucho mostrar alguna pancarta. Los eslóganes de esas pancartas eran tan poco agresivos como «Rezamos por ti» o «No estás sola. Estamos aquí para ayudarte». No interactuaban con las posibles clientas del abortorio. No es posible de hecho distinguir a las posibles clientas de otras mujeres que transitan por la zona o entran y salen del edificio. En todo caso no se dirigieron a ninguna. Tampoco estaban en la puerta del abortorio. Ni siquiera enfrente del abortorio. Estaban según se describe en una zona próxima al abortorio enfrente y a un lado. La actitud de los concentrados tampoco era de hostilidad hacia las posibles clientas del abortorio, sino de ofrecer ayuda e información e invitar pasivamente con su presencia a la reflexión. Las coacciones y el acoso sencillamente no existieron.
La clínica se queja además de que la presencia de estas personas, que no estaban las 21 a la vez en la zona, era constante, puesto que actuaban en turnos. Precisamente por esto hubiera sido fácil poder presentar alguna prueba documental, como una grabación, que corroborara la acusación de que hubo coacciones o acoso contra alguna mujer, o que la actitud de los concentrados era intimidatoria. Los agentes de la policía local y la Ertzaintza, que en diversas ocasiones acudieron a llamada de la clínica, han declarado por otro lado que los concentrados no provocaron desordenes públicos, que las pancartas que portaban no eran ofensivas y que su actitud era respetuosa y pacífica. La imagen de los 21 acusados en el banquillo, la mayoría mujeres y un sacerdote, habla también por sí misma. Ni por edad, ni por género, ni por actitud, ni por aspecto, se puede hablar de personas remotamente intimidantes ni parecidas a los trabajadores de una empresa de desokupación.
Se ha comparado la forma de actuar de estas personas a la de quienes por ejemplo se oponen a los toros, y se manifiestan pacíficamente en los alrededores, e incluso el interior de las plazas, para expresar su desacuerdo y su defensa de la vida de los animales, sin que esto se considere remotamente acoso o coacciones a las personas que acuden a las corridas ni se les exija indemnizar a los organizadores de las corridas. En Pamplona, por ejemplo, son un clásico sanferminero los antitaurinos que acuden a la plaza y se sientan en silencio de espaldas al espectáculo. ¿Sería un delito en cambio colocarse en silencio de espaldas a un abortorio como forma de protesta? Empiezan a proliferar también quienes acuden con carteles de protesta a los encierros, ¿serán detenidos también por acoso y coacción? Al parecer la libertad de expresión no ya es que se reconozca a unos más que a otros, sino que se les reconoce menos a quienes defienden la vida humana que a quienes defienden la vida animal.
Acoso y coacción, de hecho, podría pensarse más bien que es lo que sufren las personas que se manifiestan o rezan en defensa de la vida humana. Son estas personas las permanentemente señaladas por los grandes medios de comunicación, por el gobierno, por poderosos partidos políticos, y finalmente por la Fiscalía, al punto que son llevadas a juicio donde se reclaman graves penas contra ellas.
Por lo demás, la justicia tendrá que determinar si en España está prohibido o no rezar en la calle, o en qué manera rezar es un acto de acoso y coacción. Si rezar en público no es un acto que se prohíba con carácter total, la justicia deberá también determinar a cuántos metros de un abortorio se puede rezar. Si es 100 metros, por ejemplo, para que los defensores de la vida humana se puedan colocar a 101. La Justicia debería esclarecer en qué manera es posible manifestarse contra el aborto sin ser acoso o coacción, o a qué distancia, o si toda expresión pública contra el aborto en cualquier parte y a cualquier distancia es acoso o coacción.
Interesa esclarecer estos extremos porque, lejos de sentirse acosada o coaccionada, no serán uno ni dos los casos en que una mujer se haya interesado por las ayudas y alternativas a la decisión de abortar. Los grupos provida ofrecen el tipo de información sobre las ayudas a las madres que salva vidas y que el gobierno se niega ofrecer. De hecho, si la clínica reclama una indemnización es porque entiende que ha perdido clientas, y por tanto que se han salvado vidas. O sea, que la denuncia de la clínica esta validando la labor de los provida. Si por consiguiente esta labor es útil para salvar vidas que aclare la justicia si salvar vidas es totalmente ilegal en cualquier caso, o a qué distancia o con qué pancartas se puede rezar y ofrecee ayuda.
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