Este verano a mediados de julio tuvo lugar la comparecencia en el Senado del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, imputado en relación a la trama de Leire Díez y las cloacas del PSOE por delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. El DAO de la Guardia Civil, máximo cargo militar responsable del cuerpo sólo por debajo de los cargos políticos civiles, a saber la directora de la Guardia Civil (también imputada), el ministro Marlaska y el propio Sánchez, está acusado de perseguir a los agentes de la UCO que estaban investigando la corrupción del PSOE.
Es decir, Llamas de ser condenado representaría no sólo lo más indigno de la trama corrupta, el encargado de luchar contra la corrupción convertido en parte de la trama corrupta, sino también en el factor de podredumbre más peligroso. En un estado puede haber corrupción, pero el problema sube de nivel cuando esa corrupción afecta a la propia policía encargada de luchar contra la corrupción, y ni siquiera a un agente o un mando cualquiera, sino al máximo responsable del cuerpo.
El caso del DAO de la Guardia Civil nos pone en la pista una vez más de que la corrupción del actual gobierno sólo se explica alargando la sombra de la sospecha al mismísimo Pedro Sánchez, porque sólo la implicación de quien tiene el máximo poder puede explicar una corrupción que controla todos los ministerios que necesita, la Fiscalía, o que puede tener también a su servicio al máximo mando de la Guardia Civil. En este sentido, Llamas hizo en el Senado una declaración peculiar, extraordinaria. Cuando se le señaló que como máximo rango de la Guardia Civil se debe al Cuerpo, no al gobierno o a un cargo político, Llamas indicó que «Me debo a quién me designa, y tiene la potestad de cesarme en cualquier momento». Es decir, el DAO de la Guardia Civil confesó que su lealtad no es para España, para la nación española, para el pueblo español, para la Guardia Civil, ni siquiera para la legalidad y la Constitución, sino para el político que le nombra y le puede cesar. Por tanto lo relevante para cumplir una orden no es que la orden sea legal o ilegal, digna o indigna, sino que la emita quien te ha colocado en el puesto o te lo puede quitar.
La lealtad del DAO, tal como la entiende el DAO de Sánchez, es sóla y exclusivamente personal con quien decide sobre su nombramiento y continuidad, o sea en último término Pedro Sánchez a través de Marlaska. Si el político socialista que le nombró para el cargo le ordena perseguir a los guardias civiles que investigan la corrupción socialista, sería por tanto coherente con su confesión que el DAO hubiera aceptado la orden y perseguido a sus hombres, porque su lealtad no es con el Cuerpo, ni con España, ni con los españoles, ni con sus hombres ni con la ley, sino con el dedo que le puede dar o quitar el sillón, lo mismo ese dedo ordene cumplir con su deber que proteger a la corrupción. El caso de Manuel Llamas, el DAO imputado de la Guardia Civil, ejemplifica por otro lado el tipo de perfil con el que Pedro Sánchez ha inundado todas las instituciones del estado. Sánchez no elige a la gente por sus méritos, su experiencia o su cualificación, sino por tenerlo tan claro como el DAO: si yo soy el que te coloca en el cargo y el que te lo puede quitar, me debes lealtad absoluta a mi, da igual cuántos niños descuartizados encuentren en mi jardín. No hay nadie nombrado por Sánchez que Sánchez no esté seguro que vaya a hacer cualquier cosa que le ordene, dentro o fuera de la ley. Sólo así se entiende tener imputado y no obstante reafirmado en su cargo nada menos que al jefe militar de la Guardia Civil.
Naturalmente cabe pensar que los actos de que se acusa al DAO no responden a la propia iniciativa del DAO. En primer lugar porque el DAO no tendría por qué haber obstruido a la Justicia protegiendo la corrupción del PSOE si no hubiera recibido órdenes del gobierno del PSOE, y en segundo lugar porque si el DAO no hubiera actuado siguiendo órdenes del gobierno el gobierno lo hubiera cesado al ser imputado. Recordemos además que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, también se encuentra imputada y constan múltiples reuniones de ellas con Leire Díez, la fontanera de Ferraz-Moncloa encargada desde los 5 días de reflexión de Sánchez de perseguir a todos los jueces, fiscales, periodistas y policías o guardias civiles investigando al PSOE.
Llegados a este punto nos encontramos como país y como sociedad ante un terrible problema tanto material como moral. Moral porque la cúpula de la Guardia Civil se encuentra imputada, y sin embargo reafirmada en su cargo, por obstaculizar las investigaciones contra la corrupción del gobierno, de modo que en España se ha quebrado de algún modo la legitimidad del estado para multar a un ciudadano por una infracción cuando los máximos mandos de ese agente están imputados por tapar corrupción. En realidad, nada se entiende salvo asumiendo la corrupción del gobierno. Si el gobierno es culpable, ¿cómo iba a cesar a un mando por seguir sus órdenes para tapar la corrupción? Si lo cesa, ¿cómo evitar que pueda cantar? Y por otra parte, ¿por qué cesar un gobierno corrupto a un mando que precisamente ha probado su buena disposición a cumplir órdenes ilegales? Lo que no se comprende es el que el gobierno mantenga al DAO y a la directora general si es inocente. Desde el punto de vista material, por tanto, la situación es aterradora y tercermundista, porque implica que no sólo es que haya políticos corruptos, sino que las instituciones encargadas de luchar contra los corruptos también están corruptas. El problema no es sólo el tercermundismo, sino que los países tercermundistas tampoco suelen ser muy democráticos. Al final de este proceso, si no es detenido, nos robarán la libertad además del dinero.
