Como era de esperar el sanchismo está arremetiendo de forma creciente contra la decisión del Tribunal Supremo de paralizar el aumento del censo derivado de las nacionalizaciones de la llamada Ley de Nietos. Lo malo de tener una sincronizada es que hasta que no habla el amo nadie sabe lo que tiene que decir exactamente, así que si no quieres aparecer en la lista negra de Marlaska hay que esperar a ver lo que dice Sánchez. Tras la entrevista amiga de Sánchez, en la que Sánchez por supuesto respondió al Supremo atacando, toda la sincronizada ya tiene claro que tiene que ir a degüello.
Para defender la Ley de Nietos por supuesto se están diciendo muchas cosas falsas. Por ejemplo, no se trata de quitar el derecho al voto a una serie de españoles o de suspender el derecho al voto a una parte del censo. Esto es un argumento circular, porque no se puede decir que se le está suspendiendo el derecho al voto a una serie de españoles cuando lo que está dilucidando el Supremo, precisamente, es si tienen o no tienen derecho al voto. Que tienen derecho al voto será en todo caso lo que se concluya al final del proceso judicial, no puede ser la premisa porque entonces no haría falta proceso ni tribunal. Lo que se ha determinado con la suspensión es que no puedan votar en las generales personas cuyo derecho a votar es dudoso y se encuentra en litigio, de forma que no haya elecciones generales y después se determine que en esas generales ha habido millones de votos indebidos y el resultado ha sido alterado.
Tampoco se puede decir que a los beneficiarios de la Ley de Nietos se les quita el voto, porque es más bien lo contrario. O sea, lo que está sobre la mesa es darles el voto, en ningún caso quitárselo.
Sí está en cambio sobre la mesa si los beneficiarios de la Ley de Nietos cumplen siquiera con los requisitos establecidos por la propia Ley de Nietos para acceder a la nacionalización y el voto. Todo indica por el contrario que el gobierno ha convertido esta ley en un coladero para introducir a martillazos en el censo unos dos millones de votos. Dos millones de votos que podrían alterar sustancialmente el censo electoral, el sujeto de decisión y los resultados.
¿Por qué justo ahora la Ley de Nietos? ¿Sólo porque Sánchez sabe que con los actuales votantes perdería las elecciones y si pierde las elecciones y el poder desaparece su blindaje ante la justicia? Un cambio en el censo de la magnitud que propone Sánchez no puede ser fruto de una decisión unilateral de un gobernante bajo sospecha, sometido a incentivos abrumadores para reventar el estado de derecho antes de tener que rendir cuentas ante él.
Por otro lado, a nadie se le ocurre pensar que las elecciones generales en España hasta ahora, incluyendo las que han hecho a Sánchez presidente, las cuales no incluían a todos esos tataranietos, no han sido democráticas. Lo que resulta sospechoso desde el punto de vista democrático es tratar de cambiar los votos o cambiar a los votantes para intentar conseguir un determinado resultado, algo por cierto en lo que Pedro Sánchez ya tiene antecedentes espetados por los propios compañeros de su partido.
Nacionalizar y dar derecho a voto a millones de personas cuya conexión con España es remota y se remonta hasta sus abuelos o bisabuelos tampoco parece un asunto pacífico en ningún caso, más aún cuando no se estima que sea un voto neutro sino que favorece al partido que promueve esas nacionalizaciones. Hablamos de dar la nacionalidad, de forma automática, por el mero hecho de tener un antepasado remoto que hubiera dejado España por cualquier causa. Se otorga además la nacionalidad y el voto sin necesidad de venir a vivir en España. Y se otorga la nacionalidad y el voto pudiendo conservar la nacionalidad del actual país de residencia. Casi se puede decir que se otorga la nacionalidad y el voto a cualquier persona de fuera de España con alguna remota vinculación con España, por el mero hecho de querer votar a Sánchez. Por otro lado, esta forma de perpetuar la nacionalidad de generación en generación llevaría a preguntarse si los inmigrantes que acoge España y se nacionalizan españoles son españoles o siguen siendo marroquíes, argelinos o ecuatorianos hasta sus nietos y tataranietos, igual que tenemos que asumir que los tataranietos de españoles que no viven en España y no son españoles puedan votar a Sánchez. No hablamos de incluir en el censo unas decenas de miles de votos, sino más de dos millones de votos de golpe. Esto es una alteración sustancial del censo y además en una coyuntura muy delicada y calculada para aquel que la está promoviendo. No es algo con lo que se pueda jugar a la ligera como se está pretendiendo porque efectivamente puede tomar la forma de un pucherazo.
Finalmente, no deja de ser preocupante que ante un posible pucherazo todo quede en manos de una decisión del Supremo. En primer lugar cabría preguntarse si es posible un pucherazo legal, y en cuyo caso qué podría hacer el Supremo. Es decir, si Sánchez tiene el poder, redacta las leyes y esto le permite alterar el censo y dar el pucherazo legalmente, ¿podría hacer algo el Supremo? Esto nos lleva al segundo temor y es que pudiera acabar decidiendo en último término el Tribunal Constitucional, controlado por los peones de Sánchez. En tercer lugar, también cabe preguntarse si en cualquier caso el Supremo sería capaz de soportar la enorme presión que el sanchismo puede ejercer a través de todos sus tentáculos para que apruebe el nuevo censo ampliado o si, como efecto de esa presión, puede concluir que el intento de pucherazo ha sido una ensoñación. Por supuesto el gobierno le exige al Supremo una decisión antes de las generales, para seguir adelante si es una decisión favorable o para recurrirla ante el TC si no lo es. En este sentido el Supremo tiene la ventaja de que no tiene un plazo para tener que sentenciar, de modo que podría retrasar su decisión no sólo hasta después de las siguientes generales, que por otro lado no tienen fecha, sino mucho más allá aún. Lo que está claro es que dejar elegir a Sánchez los votantes es tanto como dejar elegir a Sánchez el resultado.
