El Tribunal Supremo ha suspendido los efectos de la llamada Ley de Nietos, lo que de hecho supone frenar lo que se ha venido considerando un auténtico intento de pucherazo por parte de Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales de 2027, salvo adelanto imprevisto. Es evidente que cambiar los votos es un pucherazo, pero también lo es cambiar a los votantes. Lo uno o lo otro sólo son dos caminos distintos e ilegítimos de llegar al mismo destino. El destino es hacer que Sánchez gane como sea, sacando votantes de donde haga falta, para blindarse desde el poder de cara a su incierto horizonte penal. De momento Sánchez ya tiene condenado o imputado por corrupción a todo su entorno, político y familiar.

La llamada Ley de Nietos abre las puertas a incluir en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), el voto exterior de unos 2,5 millones de nuevos españoles, los cuales no votaron en las elecciones generales de 2023 que Sánchez ya ganó por los pelos en una inesperada convocatoria estival. La nacionalización y el derecho a voto de descendientes de españoles puede en principio ser una medida justa y aceptable, pero salta a la vista que este gobierno en este concreto momento ha decidido pervertir esta posibilidad convirtiéndola en una forma de alterar sustancialmente el censo. De hecho, la magnitud de esta alteración del censo no se explica sin un relajamiento más que sospechoso de las condiciones para poder obtener la nacionalidad.

La Ley de Nietos no es la única pata de la gran operación del gobierno para alterar el censo. Es cierto que las últimas regularizaciones masivas de este año no van a otorgar la nacionalidad ni el derecho a voto en las generales a sus beneficiarios para las elecciones de 2027, pero por otro lado, mucho más discretamente, el hecho es que cada año España está concediendo la nacionalidad a unos 250.000 extranjeros. Esto significa 1 millón de votantes nuevos entre legislatura y legislatura, y la cifra sigue creciendo.

Cabe dudar que estemos ante movimientos inocentes, porque el voto exterior o el voto inmigrante no son neutros. En este sentido, cabe recordar que por ejemplo en las últimas elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Andalucía y Castilla-León la derecha ha obtenido victorias aplastantes, sin embargo en todas ellas el PSOE ha ganado y subido apoyo en el voto exterior.

La suspensión de los efectos censales de la Ley de Nietos se deba anotar por otro lado como un tanto para VOX y Iustitia Europa, que son quienes habían reclamada esta medida cautelar en su recurso al Supremo. Hay que recordar que esta Ley de Nietos fue impulsada en 2022 por el Ministerio de Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres, y que por consiguiente se trata de un producto netamente sanchista.

La mala noticia es la aparente calma con la que al menos de momento el gobierno parece haber recibido la noticia, que estamos ante una medida cautelar hasta que el Supremo adopte una decisión de fondo, y que al final el Supremo podría por tanto acabar validando todo ese nuevo voto. Al gobierno le puede quedar además la carta del Tribunal Constitucional, por lo que estamos ante una gran noticia pero que todavía no puede asumirse como una victoria definitiva. De todos modos no hay fecha para las elecciones generales y el Supremo tampoco está obligado a dictar sentencia para una fecha concreta ni aún en el supuesto de que Sánchez convocara elecciones. El posible pucherazo por tanto está detenido hasta nueva orden.