Ha vuelto a pasar, por si alguien tenía alguna duda de que los pisos tutelados por el gobierno y la protección gubernamental a los menores es una broma en España y por supuesto también en Navarra. La desprotección es total. Esta desprotección no es sólo una consecuencia de una falta de recursos humanos o materiales, que por otro lado cada vez son mayores, sino que tiene un origen conceptual.

Los hechos son que un menor marroquí ha sido denunciado por haber cometido una agresión sexual contra su compañera de piso, también menor, en un piso tutelado de Tudela. Es decir, que tenemos a dos menores de distinto sexo viviendo juntos en un piso tutelado del gobierno, ¿qué podía salir mal? Y cuando las cosas salen mal, ¿qué se puede hacer aparte de ocultar la nacionalidad del menor?

La pregunta además no es qué podía salir mal, sino qué podía salir otra vez mal. Hace sólo unos días nos enterábamos de la condena a un chico de un centro de menores por violar a una compañera tutelada de 15 años en los Sanfermines de 2023. O sea que la historia se repite. Menores de distinto sexo conviviendo en pisos tutelados por el gobierno con resultado de catástrofe y desprotección gubernamental. De hecho casi cabría preguntarse si meter a menores adolescente de distinto género a convivir en un mismo piso sería lo que haría alguien que quiere proteger a los menores o no es lo que haría alguien para desprotegerlos por completo, particularmente a las chicas menores. La ideología de género que impone estas mixturas y esta negación de la biología es un experimento fallido, pero no está permitido dudar del experimento ni tomar medidas para evitar su repetición porque sería dudar del discurso. ¿De qué nacionalidad era el chico en aquel caso? No lo sabemos porque el dato se omite sistemáticamente de las notas de prensa oficiales y la mayoría de los medios no quieren tampoco saberlo.

Hace no muchas semanas supimos también que se había denunciado una agresión sexual ocurrida el pasado 17 de enero en el centro público para menores tutelados Lagunetxea, a pocos kilómetros de Pamplona. Un menor de 16 años y de origen magrebí fue acusado de abusar sexualmente de un niño de 4 años. La idea de mezclar en un centro menas magrebíes con niños de 4 años es tan maravillosa y generadora de desproporciones peligrosas como la poner a convivir en un mismo piso a chicas adolescentes menores y menas. El caso además en Lagunetxea parece que intentó ser tapado y minimizado no comunicándose la situación a la madre desde el primer momento con claridad: «lo que ha habido son conductas de carácter sexualizado entre dos críos, uno de 4 años y otro un poquito más mayor».

Si nos vamos a la hemeroteca a escala nacional, la catarata de casos resulta estremecedora porque obviamente en Navarra no estamos viviendo una situación excepcional con los centros y pisos de menores tutelados por el gobierno, sino que Navarra es una comunidad más en las que pasan las cosas que se podían temer bajo el discurso actual. Recordemos sin ir más lejos el caso de la menor tutelada abusada por el marido de Mónica Oltra, la cual todavía está siendo juzgada acusada de encubrimiento. La izquierda por supuesto ha hecho piña alrededor de Mónica Oltra en vez de en torno a la víctima. Es más, la izquierda ha victimizado y convertido en estandarte de no se sabe qué cruzada a Mónica Oltra.

Irónicamente, de todo esto no puede hablarse. Como no interesa al gobierno hablar de lo que pasa en los pisos tutelados por el gobierno, hay que apelar a que son casos muy delicados para taparlos, como si precisamente por ser casos muy delicados no fuera obligado enfocarlos con particular interés. Tropezamos con una triple negación absoluta: el tabú de hablar del naufragio de la protección gubernamental, el tabú de hablar del origen de los agresores y el tabú de cuestionar las políticas de género y su aplicación sobre los menores. No podemos reconocer el problema y por tanto pensar medidas para buscar soliciones porque sobre todo esto es hodioso pensar. Uno empieza cuestionando todo esto y acaba echándose las manos a la cabeza por los campamentos de Bernedo, que pese a todas las denuncias este verano vuelven a celebrarse y vuelven a ser financiados por el gobierno foral.

Llegamos así a lo que verdaderamente escandaliza al gobierno foral, que al parecer no es todo lo anterior ni en el mismo grado en comparación con lo que ocurre con la histórica sociedad gastronómica Napardi, la cual sólo acepta hombres entre sus miembros. Lo que preocupa al gobierno foral no es que en los pisos y centros tutelados convivan, con los resultados previsibles, menores en situaciones complicadas de ambos sexos y de edades y orígenes totalmente desiguales, sino que en Napardi no haya mujeres. ¿Sería igual de preocupante una sociedad cualquiera de mujeres en la que no se aceptara a los hombres? ¿Habría que prohibir a las mujeres constituir una sociedad privada sólo de mujeres por segregacionista o la enzalzarían como un punto seguro de mujeres contra el machismo? ¿Hay que prohibir los conventos donde sólo hay monjas o los equipos ciclistas sólo de chicas? ¿Dónde está el límite? ¿No pueden las mujeressi quieren constituir su propia sociedad gastronómica o apuntarse a una mixta? ¿Es legal una sociedad como MENSA que sólo acepta superdotados y en la que previsiblemente no podría entrar ningún gobernante español progresista?

Javier Remírez, para más INRI, ha sido el portavoz gubernamental encargado de cargar contra Napardi. Para más INRI porque el hombre que se hace selfies sonriendo en las zonas catastróficas es conocido por haber matriculado siempre a sus hijas en la educación diferenciada del Opus Dei. ¿No tenían otro portavoz para meterse con Napardi siquiera para guardar las apariencias? ¿Por qué no dejan a la gente en paz en vez de preocuparse por lo realmente grave que está sucediendo y de lo que son responsables? ¿O precisamente se trata de crear constantes cortinas de humo y falsos debates para tapar su incompetencia y las cosas de gravedad que sí justifican una alarma social?