Estos días se han ido conociendo los detalles de un hecho absolutamente escabroso en un centro de menores tutelado por el Gobierno de Navarra. Un menor con 16 años y de origen magrebí abusó sexualmente de un niño de 4 años. El hecho de por sí ya resulta espeluznante, pero cada detalle que se va conociendo añade un grado más de bochorno a la situación.

La agresión tuvo lugar el pasado 17 de enero en el centro Lagunetxea, a pocos kilómetros de Pamplona, y como consecuencia el niño de cuatro años tuvo que ser ingresado en el Hospital Universitario de Navarra. La madre del niño, cuya patria potestad se encuentra suspendida, fue informada al día siguiente, el 18 de enero, de que su hijo había sido hospitalizado, mediante un mensaje, pero no se le comunicó con claridad que podía tratarse de una agresión sexual hasta dos días más tarde.

Lo sucedido se agrava porque los propios servicios sociales del Gobierno de Navarra admiten que el niño de 4 años no debería haber sido trasladado al centro al que se le llevó ni mezclado con la población de ese centro. Aquí por tanto comienza ha existir ya una responsabilidad sobre lo ocurrido. Es decir, haciendo todo bien quizá es posible que pese a todo ocurra un suceso como este, pero cuando un suceso como este ocurre después de no haberse hecho las cosas bien comienza a existir una responsabilidad.

Entre que tiene lugar la agresión y la hospitalización el día 17, y el momento en que por fin la madre de la víctima recibe una llamada explicativa el día 19, la información de la madre era tan sólo básicamente que su hijo había sido ingresado en el hospital. Después de intentar contactar por teléfono hasta 35 veces con los servicios sociales en busca de información, el día 19 la madre al fin recibe una llamada en la que en vez de darle información insólitamente más bien se le pregunta lo que sabe, como si se tratara de no darle más información de la que sabía. A continuación la persona que llama, y la conversación se encuentra grabada y ha trascendido a los medios para probarlo, se reduce a indicarle a la madre que «lo que ha habido son conductas de carácter sexualizado entre dos críos, uno de 4 años y otro un poquito más mayor», como si la diferencia entre un niño de 4 años y un chico de 16 no fuera un abismo, o no hubiera habido una agresión sexual, o pudiera haber existido un consentimiento válido, o fueran cosas de niños, o no hubiera acabado el niño hospitalizado.

No es por otro lado, ni a escala foral ni nacional, la primera vez que es un escándalo la proliferacion de casos de abusos, agresiones sexuales y prostitución en los centros de menores tutelados por el estado. El lugar donde el menor tiene que ser supuestamente protegido se convierte en el foco de las agresiones. Como esto no sucede en un centro de la Iglesia los medios y buena parte de los partidos políticos evitan la realidad y miran hacia otro lado. Hay que evitar la mala publicidad que pueda menoscabar la imagen de la nueva religión que es el estado, a cuyo servicio depositamos ciegamente nuestra confianza y nuestros impuestos. Hay que mantener el discurso sobre la superioridad moral del estado, para atacar todo lo que no es estado, a costa de ciertos silencios. Tenemos además implicado en la agresión a un menor magrebí para rematar la incomodidad de todos los componentes de este suceso, que irrumpe desde la cruda realidad contra cierto discurso. Hay que mirar ciertas cosas poniendo siempre del revés el prismático.

Este gravísimo suceso y su cuestionable gestión llega por otro lado en un momento y con un gobierno, da igual que hablemos del nacional o del foral, caracterizado por la absoluta evaporación del concepto de responsabilidad. Aquí nadie responde por nada. Aquí no rueda ninguna cabeza. Aquí, empezando por Sánchez o Chivite, nadie asume nunca responsabilidades políticas. Malamente se pueden exigir responsabilidades a los de abajo cuando sistemáticamente las eluden los de arriba. La incompetencia, y hablamos de incompetencia en el mejor de los casos, se encuentra perfectamente blindada y bunkerizada. Hacer las cosas mal, da igual que hablemos de centros tutelados de menores, de los túneles de Velate, de pulseras antimaltrato o de trenes, no tiene castigo alguno. Nadie asume la responsabilidad por acción o inacción en su gestión. Lo que se viene incentivando por tanto hace años es como poco el descuido y el trabajo mal hecho, porque no hay castigo ni consecuencias. Quien hace las cosas mal en el ámbito del gobierno sabe que no va a tener que responder por sus actos. Ni cese, ni dimisión. La decadencia de lo público y los desastres que estamos viviendo en todos los ámbitos son en buena consecuencia resultado de esta liquidación de la idea de responsabilidad. El que está arriba no responde de nada. Da igual lo que salga. Da igual hacer algo bien o mal. Naturalmente lo que se incentiva se multiplica. Tendremos por tanto de todos estos desastres cada vez más, hasta que vuelva a ponerse de moda otra vez la idea de responsabilidad.