El PSOE está robando las elecciones delante de nuestros ojos, como ya hizo la banda del Peugeot en las primarias que ganó Pedro Sánchez para hacerse con el control del partido, pero ahora a lo bestia y desde el gobierno. La idea es terrible pero sencilla: si el pucherazo no lo puedes dar cambiando los votos, dalo cambiando a los votantes. Si este sujeto electoral nos quiere sacar del poder, vamos a cambiar al sujeto electoral metiendo a varios millones de electores de cara a las próximas elecciones.
La teoría del reemplazo del censo es un hecho. Al PSOE según las encuestas le faltan unos dos millones de votos para volver a conseguir la mayoría. Se trata por tanto de importar dos o tres millones de votantes que nutran las filas del electorado sanchista.
Nos encontramos ante una maniobra tan grave y brutal contra la democracia que la derecha puede encontrarse ante el temor a denunciarla por miedo abrir un debate tan áspero. ¿Y si nos llaman racistas por denunciar esta sustitución del censo? Lo determinante para denunciar algo o no es si está justificada la denuncia o no, no lo que te pueda llamar el denunciado por decir la verdad. La alternativa a que el sanchismo te llame racista es dejar que el sanchismo de un pucherazo sin siquiera denunciarlo, no digamos evitarlo. Esto tiene una magnitud enorme, sigue un plan y busca un fin: salvarse de la acción de la justicia y perpetuarse en el poder, que en el caso de Sánchez y su entorno es lo mismo. Salvar el dinero puede ser la tercera pata del proceso si nos ponemos en pensar y temer lo peor.
El problema es que nada de lo que hace el sanchismo nos permite pensar otra cosa que lo peor. Es decir, todo lo que está haciendo el sanchismo es lo que haría si fuera culpable de todo lo que se le acusa. Ninguno de sus actos desmiente esta apariencia sino que más bien la confirma. Si el presidente del gobierno fuera un corrupto lo que está haciendo es justo lo que haría para salvarse, a diferencia de lo que habría hecho un dirigente democrático homologable de cualquier otro país, que es dimitir para mantener a las instituciones fuera de toda sospecha. Sánchez no es sólo que no haya dimitido, sino que está usando todo el poder del gobierno, más el de las cloacas de su partido, para colonizar la justicia, obstaculizar las causas contra su entorno y perseguir a los jueces, policías, fiscales y periodistas molestos. Usar el poder sin consenso alguno para cambiar el censo a toda velocidad es el arma nuclear que utilizaría un tirano o un corrupto, por no mencionar el parentesco que suele darse entre ambos estatus. Da igual que haya una mayoría de españoles que rechace estas regularizaciones exprés y masivas, el objeto de estas regularizaciones es precisamente convertirlos en minoría.
Se nos dice desde los medios públicos, los medios satélites y los verificadores oficiales encargados de confirmar todo lo que dice el gobierno que los regularizados no van a poder votar en las elecciones. Naturalmente esto es falso. Es falso al menos en tres sentidos. Primero porque los regularizados van a poder votar inmediatamente en las elecciones locales, dando el poder local a los impulsores de la regularización. Segundo porque los regularizados ahora van a poder votar más tarde o más temprano cuando adquieran la mayoría de ellos la nacionalidad. Pero es que además hablamos de los 500.000 regularizados de golpe ahora, pero desde que Sánchez llegó al poder ha nacionalizado (no regularizado, sino nacionalizado) a más de 1 millón de inmigrantes. La regularización es el paso anterior a la nacionalización. Los 500.000 regularizados de hoy son los 500.000 votantes nacionalizados de mañana, igual que los 492.684 nacionalizados de 2023 y 2024 son los regularizados de antes de ayer.
Por si esto fuera poco, a los regularizados y nacionalizados se pueden sumar millones de votantes en calidad de descendientes de españoles exiliados. Son personas que no viven en España y que hace generaciones que dejaron de ser españolas, pero a las que Sánchez está concediendo masivamente el voto, usando las leyes de memoria, para intentar alterar el censo.
Queda un tercer elemento cuando se nos dice que todos estos regularizados no van a poder votar en las próximas elecciones generales, y es que los plazos para poder nacionalizarse podrían acortarse por decreto antes de las generales. ¿Cuál es el límite de Sánchez? En realidad el único límite de Sánchez es Conde Pumpido, el hombre colocado por el PSOE en el Tribunal Constitucional para dar cobertura legal a todo lo que haga el PSOE. De hecho Sánchez ya tiene el poder absoluto, sólo que además de tenerlo lo está ejerciendo, en este caso para alterar el censo. El drama para España es que todo lo que está haciendo Sánchez para alternar el censo y el resultado electoral podría ser legal. ¿Por qué el CIS publica encuestas que no tienen nada que ver con las del resto de empresas encuestadores otorgando la victoria a Sánchez? ¿Es sólo por cargarse la credibilidad del CIS o se está buscando tener alguna encuesta previa que justifique el increíble resultado de un pucherazo posterior? Si ante unos sucesos tan graves el papel de la oposición es callar, ¿cuál es el papel y la función de la oposición?
