Lo hemos explicado ya varias veces. Prohibir así sin más los desahucios sería una medida catastrófica. Los males que se generarían serían mucho mayores que los males a evitar. De entrada las casas dejarían de servir como garantía hipotecaria, con lo que el acceso a la vivienda en propiedad sería imposible para la práctica totalidad de los españoles. Por otro lado, el dinero del préstamo hipotecario que no se devuelve al banco no es del banco, sino de los ahorradores que tienen su dinero en el banco. Si se puede dejar de devolver el dinero a los bancos, la gente no podrá sacar su dinero en el banco, porque se habrá evaporado en préstamos no devueltos. Por no hablar del propietario particular que depende de una renta, cuyo cobro en último término sólo puede garantizar un desahucio.
Por todo ello, las medidas de la izquierda radical-populista-bolivariana resultaban un despropósito.
Sin embargo, no hace falta ser un izquierdista radical para conmoverse por el drama de una familia desahuciada e intentar buscar un remedio. La buena noticia es que existen medidas más eficaces y con efectos menos perniciosos para evitar los casos extremos de desahucios. Obviamente no se trata de regalarle un piso con el dinero de todos a todo aquel que no le dé la gana pagarlo.
El Gobierno de Navarra ya ha tomado hasta ahora distintas medidas para evitar los desahucios, incluyendo ayudas de varios millones de euros a más de 3.000 familias para financiar sus alquileres e hipotecas. Sin embargo, ayer mismo anunció otras dos medidas en este mismo sentido de evitar situaciones personales dramáticas asociadas a los desahucios.
Por un lado se van a suavizar los criterios para optar a un alquiler social. Por otra parte, el Fondo Foral de Vivienda Social facilitará un inmueble de forma temporal a aquellas personas que estén en situación de exclusión o riesgo de perder su vivienda.
Existe por tanto una manera de resolver los problemas sin quemar contenedores, sin tirar adoquines a la policía, sin hacer escraches y, sobre todo, sin dinamitar la seguridad jurídica, la banca ni la propiedad privada. Más que nada porque en los países donde se ha reventado todo eso, o nunca ha existido, no sólo no se soluciona el problema de la vivienda, sino que además se convierte en un problema generalizado el acceso a cualquier otro bien o servicio básico. Sin ir tan lejos, también por eso es por lo que siempre estamos en el otro extremo de la tabla que Andalucía.
4 respuestas
Estando de acuerdo con NC añadiría que los bancos, como cualquier empresa ,deben también asumir riesgos por lo que la dación en pago debe institucionalizarse..
El Komite de propaganda marxistaBilduEtarraComunistaSozialista de los sábados tarde por las calles de Pamplona,van a tener que manifestarse contra los sindicatos de clase,que son los que menos han hecho por los desahuciados con diferencia y por los parados que no pueden ya comer.Desde aquí habrá que pedir un monumento a Cáritas y la iglesia católica.
Estos días las juventudes comunistas, lo más carpetovetónico que se pueda echar uno a la cara, hacen propaganda y afiliados nuevos entre los jóvenes y «jóvenas» al grito de «acabemos con la selectividad». Otros que tal bailan, los que confundieron la J por la P, dan un sueldo para toda la vida sin necesidad de hartarse a Nescafés. Los de más allá casa asegurada sin necesidad de dar palo al agua.
Una vida regalada, sin esfuerzo y todo asegurado.
Y todo esto…¿quién lo va a pagar?
Es más, ¿a cuanta gente tendrán que matar para quitarles todos sus bienes y repartirlos entre tanta boca?
Y no olviden en que el que parte y reparte, se queda con la mejor (y mayor) parte.
Son medidas paliativas, que bienvenidas sean, pero que no solucionan el problema principal que es un sistema montado al servicio de las entidades financieras y basado en la usura.
Aunque suene a comunista y anticapitalista esta afirmación responde a una reflexión de alguien que defiende la libertad y la propiedad. Y hago esa afirmación porque cuando nuestro sistema financiero ha pasado por el tamiz del Tribunal de Justicia UE ha sido desautorizado con rotundidad.
Como muestra a día de hoy la morosidad en operaciones comerciales -regulada por normas europeas- está en el 8’25%. El interés de demora a un consumidor -norma española- no puede exceder el 10%. Así que es buen negocio para el banco y sus colaboradores que caigamos en insolvencia que se harán con nuestro patrimonio por poco dinero ayudados por una ley de subastas judiciales que permite abusos.