No tenemos ninguna simpatía particular hacia las eléctricas. De hecho hay en todo lo que está sucediendo algo de justicia poética. Cuando ahora recordamos los logos de la Agenda 2030 con los que se han embellecido en los últimos tiempos las eléctricas, lo que nos pediría el cuerpo es reprocharles que si era comunismo lo que querían pues comunismo es lo que ahora tienen y que disfruten de haber cumplido sus sueños. A fin de cuentas a las empresas lo que les gustaría es moverse en un modelo regulado, sin competencia, con beneficios garantizados y a prueba de pérdidas. La gente cree que el libre mercado beneficia a las grandes empresas pero en realidad es al consumidor al que beneficia. El problema es que cada paso que avanza el comunismo nos precipita hacia el abismo a todos, no sólo a las eléctricas, así que no queda otra que desmontar el discurso gubernamental por amor a la verdad, la libertad y la prosperidad, por mal que nos puedan caer las eléctricas.
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Para empezar la idea del gobierno resolviéndonos el problema de la electricidad es una perfecta patraña. O sea, el gobierno no es el que resuelve nuestro problema con la electricidad sino el que lo genera por una triple vía.
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En primer lugar por los impuestos, que representan buena parte de la factura. El tipo de ayuda que presta el gobierno a la gente para que no le falten suministros de primera necesidad es tomar un suministro de primera necesidad, como la luz, y doblar su precio a través de la fiscalidad, pero qué bueno es el estado y qué malas son las empresas.
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En segundo lugar el gobierno encarece la energía imponiendo unas tasas por emitir CO2 que pasan a convertirse en un coste más que se repercute sobre el cliente al pagar la factura de la luz. Por ponerle cifras a esta afirmación, el coste de las emisiones de CO2 supera los 2.000 millones anuales de euros, que es una cifra similar a los beneficios que el gobierno les quiere expropiar a las eléctricas. Lo que sucede es que los costes de las emisiones de CO2 es al final un mero impuesto sobre el CO2 que cobra el gobierno y encarece la luz. ¿Se trata de luchar contra las emisiones de CO2 o de llenar las arcas del estado? En cualquier caso que le digan a la gente que la lucha contra el cambio climático, cuando nos convertimos en campeones del mundo de la lucha contra el cambio climático, les lleva a muchas personas a la pobreza energética. Sepamos por lo menos lo que elegimos y lo que nos cuesta lo que elegimos.
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En tercer lugar, en el presente somos víctimas de las políticas energéticas progresistas de nuestro pasado. Decidimos paralizar la nuclear o la hidroeléctrica y apostar por la eólica y la solar. El problema es que no siempre hace viento o sol. Esto nos obliga, entre otras cosas, a tener una capacidad de generación que triplica nuestra demanda (con el coste subsiguiente de esa triplicación), pero que así y todo no garantiza la producción necesaria de energía cuando no sopla el viento o no brilla el sol. ¿Qué hacemos entonces para no paralizar el país si no hay viento? Pues como tampoco hemos querido apostar por la nuclear, tirar de las centrales de ciclo combinado, o sea del gas. Pero al hacer esto sucede que como el gas ha subido de precio nos resulta muy cara la energía, y como además el ciclo combinado emite CO2 tenemos que pagar unas brutales tasas de emisión. El resultado es un encarecimiento salvaje de la luz. Pero no especialmente por culpa de las eléctricas, sino por todas las políticas progresistas del pasado de las que ahora somos rehenes y sufridores.
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Dicho todo lo anterior, vamos a la expropiación bolivariana de los beneficios de las eléctricas y a la limitación del precio del gas.
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Una de las fabulosas medidas de nuestro gobierno social-chavista es la de prohibir a las empresas que suban el precio del gas a sus clientes más de un 4,4%, aunque el precio del gas ha subido un 28%. Esto podría llevar a las empresas de gas a la quiebra o al cese del suministro. Si el precio del gas sube un 28% y no te dejan repercutir en la factura más que el 4%, pierdes dinero vendiendo gas, ergo dejas de venderlo. Lo que pasa es que la medida de del gobierno tiene truco. De lo que se trata es de diferir hasta el año que viene el incremento del precio a los clientes. O sea, que lo que no se pague ahora se pagará más adelante. Esto podría dar lugar a una subida estratosférica el año que viene, si los precios se han mantenido y además hay que añadirles la subida no repercutida del año actual. El gobierno simplemente espera que los precios del gas bajen en algún momento y que Sánchez pueda cumplir su promesa de bajar la factura a niveles de 2018. Eso sí, si ahora no se nos repercute el precio de la subida, el año que viene no se nos repercutirá tampoco el coste de la bajada si la hay. De momento el único problema que se resuelve es por tanto el de que Sánchez puede permanecer en Moncloa hasta 2022. Todo esto tiene además un efecto perverso para el cliente y beneficioso para las empresas suministradoras. Al subir la factura intentamos bajar el consumo, pero si se nos mantiene artificialmente el precio mantenemos también el consumo. El problema el año que viene, por tanto, es que se nos cobrará la subida que no se ha aplicado este año sobre un consumo que no habremos reducido porque no nos habremos enterado del precio.
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La otra idea maravillosa es expropiar los beneficios de las eléctricas en virtud del siguiente esquema. Por culpa del coste del gas, el megavatio hora se está vendiendo a casi 200 euros, pero el gobierno quiere confiscar las ventas de las renovables, hidroeléctricas o nucleares que superen los 50 euros el megavatio hora. Se trata de que no se beneficien de la diferencia entre el precio de generación de la nuclear o la renovable y el precio de venta que marca el gas. El problema es que la energía que venden ahora las empresas es fruto generalmente de acuerdos que se han cerrado muchos meses antes, igual que los acuerdos que se cierran ahora son para el suministro de los meses futuros. En consecuencia, las empresas no están vendiendo a los 200 euros que cuesta el megavatio hora en el presente, sino a los 50 que a lo mejor costaba el año pasado cuando se acordó el contrato de suministro. Si el gobierno les obliga a pagar 150 euros de diferencia por megavatio hora, cuando en realidad es un beneficio ahora mismo inexistente, las nucleares, hidroeléctricas y renovables entrarían en pérdidas, por lo que amenazan con un parón. Sólo con que a un número significativo de parques eólicos y solares no se les pudiera impedir el parón, bastaría para tener que compensar la producción con más gas, y por tanto con un nuevo encarecimiento de los precios.
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Todo lo anterior, siquiera esquemáticamente, ayuda a entender que la intervención de los precios suele llevar al colapso de cualquier sistema y al desabastecimiento. O a trasladar los incrementos de precio y los problemas de las decisiones presentes a un momento futuro. De hecho parte del problema actual, como decíamos al principio, es que estamos pagando malas decisiones tomadas en el pasado. El que dice que nos va a salvar es el mismo que nos ha metido antes en el agujero, y para salir del agujero en vez de echarnos un cable nos lanza una pala. Por lo demás, incluso para quien no se capaz de entender el porqué, los resultados de la nacionalización de las empresas y la intervención estatal de los precios están a la vista en multitud de países y momentos de la historia, incluso en Venezuela, donde la abundancia de petróleo es abrumadora, pero hasta de algo que abunda puedes llegar a carecer por completo gracias a las políticas comunistas.
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