Un año más se ha presentado la ya quinta edición del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation. El informe señala que la libre circulación de trabajadores y del capital no sólo en la Unión Europea, sino también dentro de España, hace que no sólo las grandes empresas puedan elegir su domicilio, sino también las pequeñas y medianas, al igual que los autónomos y los trabajadores por cuenta ajena. Si además tenemos en cuenta que a raíz de la pandemia muchas empresas han implementado el teletrabajo facilitando aún más el cambio de residencia de trabajadores y autónomos, salta a la vista que nos movemos hacia un mundo más circulante y menos estático, en el que resulta clave ser atractivo y competitivo. Como es lógico, la fiscalidad y la actitud del gobierno son elementos esenciales a la hora de atraer o repeler a los emprendedores, el talento, el capital y la inversión.
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La mala noticia es que Navarra, tras una larga carrera descendente en los últimos años, ocupa ya el puesto 14 de 19. El dato sería malo de por sí, pero resulta un tanto surrealista teniendo en cuenta que somos un territorio foral. De hecho los territorios forales vascos ocupan 3 de los 4 primeros puestos, poniendo en evidencia no sólo nuestra anormalidad, sino que el nacionalismo vasco, aunque presente en el gobierno de ambas, practica una política fiscal en la CAV y otra totalmente opuesta en Navarra, como si quisiera impulsar una comunidad y hundir a la otra, decidan ustedes cuál en esta historia de incoherencia y contradicción.
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En el análisis sobre este informe elaborado por Institución Futuro se aprecia no sólo el declive constante de Navarra en el ránking, sino que somos la comunidad más fiscalmente repulsiva del Indice ya sea en el IRPF, Patrimonio o Sucesiones.
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En el IACF se señala además que en Navarra “el mínimo personal y familiar apenas alcanza el 65% del que se aplica en las diputaciones vascas. En el caso de Navarra estas reducciones tan pequeñas hacen que los contribuyentes con dos hijos y con rentas inferiores a 17.420 euros brutos al año tengan que pagar la cuota de IRPF más alta de toda España y para rentas superiores a 17.420 euros, la segunda más alta, después de Cataluña”. Bien por los políticos de progreso. Fenomenal.
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Un progresista que contempla estas gráficas seguramente comprende que hay un problema, pero su solución es algo tan disparatado como una armonización fiscal. Una armonización por arriba, por supuesto, cargándose además todo atisbo de autonomía fiscal. Los partidos de progreso lo mismo reconocen la autodeterminación o el federalismo asimétrico que liquidan por completo con todo lo que eso supone la autonomía fiscal. De hecho uno de los máximos impulsores de la armonización fiscal es ERC. En España hemos conseguido que un partido pueda ser al mismo tiempo separatista radical y centralista radical. La armonización fiscal se parece un poco, además, a que la fea antipática que no se cuida y no se come una rosca pretendiera obligar a la guapa simpática que además hace gimnasia a operarse para ponerse michelines y torcerse la nariz, cambien ustedes el género si les ofende la comparación. El principal problema de todos modos no es cómo contempla este panorama un progresista, sino cómo lo contempla un empresario, un trabajador del talento o un inversor. Por supuesto miran hacia Navarra y sienten pavor.
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