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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en un interesante doblete, por un lado desestimó por unanimidad el recurso presentado por Carme Forcadell y varios diputados separatistas contra el Tribunal Constitucional y su decisión de suspender cautelarmente la celebración de un pleno del Parlamento de Cataluña el 9 de octubre de 2017, en el que utilizando los resultados del referéndum-pucherazo ilegal del 1-O Puigdemont iba a declarar la independencia de Cataluña. Los 7 magistrados del tribunal europeo desestiman todas las pretensiones del recurso independentista y consideran que la suspensión del Parlamento de Cataluña, dadas las circunstancias, era una “necesidad democrática”.
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El mismo tribunal, en una sentencia separada pero también conocida ayer, avalaba la política de dispersión de los presos de ETA concluyendo que “tiene base en la legislación nacional” española, se adopta “de conformidad” con la misma, que ésta proporciona “amplias garantías” a los presos y que, además, la dispersión persigue “fines legítimos, como la prevención del desorden y el delito y la protección de los derechos y libertades de los demás “.
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No se trata de la primera vez que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo avala la dispersión de presos de ETA. Nos encontramos por tanto ante un bombardeo sistemático de recursos por parte del entorno etarra y por un bombardeo de desestimaciones por parte de los tribunales europeos. Unos tribunales que deslegitimaron la “Doctrina Parot” o la inhabilitación de Otegui en el caso Bateragune, pero que avalaron la ilegalización de Batasuna.
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Haciendo balance, por tanto, los tribunales europeos han desautorizado al nacionalismo en sus dos principales causas contra el estado español: la dispersión de presos y la ilegalización de Batasuna y sus siglas sucesoras.
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Si con ocasión de las sentencias desfavorables al estado español los líderes del separatismo cargaron contra las instituciones españoles cuestionando su legitimidad democrática, sería coherente que esos mismos líderes, cuando los tribunales europeos dan la razón al estado español, reflexionaran sobre sus propias posturas y denuncias. Las denuncias de que los presos de ETA se encuentran sometidos a penas inhumanas ya se ve que no tienen base en la realidad, sino que las instituciones europeas homologan el tratamiento de los presos de ETA a los estándares europeos. Por el contrario, podría entenderse que insistir en la falsa idea de que los presos etarras están siendo inhumanamente tratados no tiene otro fin que victimizar a los criminales, blanquearlos y deshumanizar a la sociedad que se defiende legal y democráticamente de ellos.
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