La consejera Esnaola, según denuncia UPN, ocultó durante cinco meses el informe de la Intervención General de Navarra por el cual se obligaba al Departamento de Cultura, Deporte y Turismo al reintegro de parte de la subvención que había concedido a Sendaviva, por incurrir en indicios de fraccionamiento indebido de contratos.
Se trata de un informe iniciado en el mes de octubre del pasado año y cuya existencia se conoció el pasado 13 de febrero en una comparecencia parlamentaria, pero que de momento sin embargo no se ha hecho público. No suele suceder que los gobiernos oculten los informes que les favorecen y den bombo a los que les perjudican, por lo que cabe sospechar que la literalidad íntegra del informe oculto no favorece mucho al gobierno.
La existencia de este informe y su ocultación por parte del Gobierno de Navarra resulta muy grave por lo que ya ha trascendido, porque revela que la Intervención General de Navarra aprecia los indicios de fraccionamiento que UPN ha denunciado ante la Oficina Anticorrupción de Navarra y VOX en los tribunales.
Recordemos que el fraccionamiento de una serie de contratos habría permitido que no alcanzaran los 200.000 euros que obligan a la formación de una mesa de contratación, lo que habría facilitado la adjudicación a la constructora Adentro Construimos, que es la misma que reformó la sede del PSN en Pamplona o el piso de Alzórriz y su pareja. Ese fraccionamiento fue además tan descarado y tan chapucero que en dos de los cuatro contratos se dejó la adjudicación tan sólo 1 euro por debajo del límite establecido. Concretamente dos de los cuatro contratos sospechosos se adjudicaron justo por 199.999 euros. Otras dos obras se adjudicaron por 198.886 euros y por 199.848. Más que disimular parece que quisieran reírse de todo el mundo a la cara.
En la comparecencia del pasado día 13 de la consejera Esnaola, tras ser requerida para facilitar una copia del informe de la Intervención General, la consejera se negó a hacerlo pese a que según describe UPN “traía el informe e incluso leía fragmentos”. Tal documentación, de conformidad con la Ley foral de Transparencia, debe ser publicada sin embargo en el portal de Gobierno Abierto, obligación que el gobierno de Navarra también habría incumplido.
UPN, además de volver a solicitar copia del informe, ha denunciado los hechos ante el Consejo de Transparencia para exigir que el Gobierno cumpla con su obligación legal de publicarlo. Asimismo, ha preguntado al consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, como responsable de la Intervención, los motivos por los cuales ha eludido hacerlo. Para UPN, “este empeño en ocultar información sobre este asunto del posible fraccionamiento ilegal de contratos que benefician a la empresa Adentro Construimos como adjudicataria de todos ellos coloca a la Consejera Esnaola y al propio Gobierno de Chivite bajo una sospecha cada vez más agravada”.
Efectivamente sea respecto a Velate, Sendaviva, las VPO de Ripagaina, o cualquiera de las adjudicaciones que se están investigando y se encuentran bajo sospecha, lo que se puede decir respecto a todas ellas es que el gobierno de Navarra no se está caracterizando por su esfuerzo en clarificar las cosas, más bien lo contrario. En la comisión de investigación del Parlamento de Navarra se bloquean muchas comparecencias de los protagonistas. El gobierno encarga una investigación a la Oficina Anticorrupción de Navarra y como no le gustan sus conclusiones las desprecia. Oculta informes de la Intervención General de Navarra. El disco duro del presidente de la mesa de Velate se borra y no queda nada. Comptos dice que en la adjudicación de Velate no se garantizaron los principios de igualdad y transparencia, aunque el gobierno insiste en que todo fue transparente. Por negar, el gobierno de Chivite niega que haya nada sospechoso en que la principal obra pública de Navarra se le llevara una trama corrupta dedicada a conseguir la adjudicación de obras públicas. Están ciegos o están implicados. Sea lo uno o lo otro este gobierno está ya descalificado.
