Nuevo escándalo en ciernes protagonizado una vez más, en el papel de principales sospechosos, por el gobierno de Navarra y Servinabar. El gobierno de Navarra concedió a la UTE de Acciona y Servinabar las obras para rehabilitar el antiguo Archivo General, adjudicación que como todo lo tocado por Servinabar se encuentra bajo sospecha. Es decir, pese a los esfuerzos del gobierno foral y los partidos que lo sustentan es imposible no tener dudas sobre todas las adjudicaciones públicas concedidas a una trama delictiva dedicada a conseguir adjudicaciones públicas. Las cosas raras en relación a estas adjudicaciones además se multiplican a la par que hacen disparar las sospechas. No sólo el gobierno concedió las obras, también concedió seis meses más de plazo para terminarlas, y además un sobrecoste de 467.924 euros. Pero no es todo, por si fuera poco el gobierno también dispenso a la UTE de Servinabar de hacer trabajos de reurbanización de los jardines del edificio de la Diputación que estaban contemplados en el proyecto de la licitación y en el contrato de adjudicación. Estos trabajos fueron encargados meses después a la sociedad pública Ganasa (actual Orekan) por 220.466 euros.
Esta decisión benefició a Acciona-Servinabar de dos maneras. Por un lado se evitaba que los sobrecostes superaran el 20% permitido en contrato, lo que hubiera obligado a paralizar las obras e impulsar un modificado del proyecto, como ha ocurrido en Belate. Y por otro lado, le permitía cumplir el plazo de ejecución, que era una “condición esencial” del contrato, y evitar una penalización. Los hechos ocurrieron a finales de 2019, cuando era consejero de Presidencia el flamante Javier Remírez, recuperado ahora por Chivite para el servigobierno del cambio.
El inicio de la historia, sin embargo, nos retrotrae a la legislatura de Barcos y al año 2018, cuando Acciona-Servinabar se anotaron el contrato con un plazo de ejecución de 12 meses. Sin embargo, pidieron 6 meses más de plazo que les fueron denegados hasta que se produjo el cambio de gobierno y llegó a la presidencia Chivite.
La persona designada por Presidencia para supervisar las obras fue Pedro López Vera, una persona que ocupa un lugar central en toda la trama de los túneles de Velate. Pedro López Vera ha sido hasta hace escasas fechas y ya explotado el escándalo director de Obras Públicas, cargo que ocupaba desde el año 2019 primero con Bernardo Ciriza y después con Oscar Chivite, los dos consejeros también implicados en todo el proceso de las obras de los túneles. López Vera, por otro lado, en 2015 y aún en tiempos de Uxue Barcos formó parte de la mesa de contratación y redactó el informe de licitación de las obras del Archivo General de Navarra, que fue una de las primeras adjudicaciones a la UTE formada por Acciona y Servinabar. López Vera fue quien firmó la adjudicación de las obras de los túneles y ha sido después uno de los encargados de defender a capa y espada, contra toda evidencia a estas alturas, la limpieza e «impecabilidad» de las adjudicaciones a la empresa de Cerdán. López Vera también fue la persona que represalió cambiándolo de puesto al secretario que denunció y emitió un voto particular en las obras de los túneles. Finalmente, López Vera fue cesado en un intento gubernamental de crear un cortafuegos alrededor de Chivite y su tío cuando también se descubrió que estaba detrás de la autorización de los sobrecostes de Velate denunciados por la Intervención General de Navarra.
La información publicada ahora señala que en diciembre de 2019 Pedro LópezVera firmó el acta de recepción de las obras, donde se decía que las obras estaban “completamente terminadas” a falta de unos bombines y luminarias, sin decir nada de los jardines.
El presupuesto de la fuente ya había sido objeto de problemas durante la licitación de las obras. Inicialmente había decidido excluirse la fuente del contrato con intención de hacer una contratación posterior, pero por error el anuncio de licitación incluyó las obras y el presupuesto de la fuente. La licitación de este modo ascendía a 2.866.368 euros cuando debía limitarse a 2.638.332. Al advertirse el error, sin embargo, no se anuló el expediente porque al corregir a la baja el precio de licitación no se causaba ningún perjuicio.
De este modo se abrió un nuevo plazo para que los cuatro licitadores pudieran modificar su oferta económica, aunque curiosamente ninguno lo hizo, incluso cuando esto provocó que una de las constructoras quedara por encima del precio nuevo de licitación, aunque de todos modos no fue excluida como en teoría exige la ley de contratos. Como colofón a todas las curiosidades del caso el proyecto y presupuesto no se publicó en el Portal de Contratación sino que había que pedirlo por email al arquitecto responsable, una vez más el inefable Pedro López Vera. La UTE formada por Acciona y Servinabar, que después al hacer las obras dio lugar a las incidencias descritas al principio, resultó adjudicataria al ofrecer la mayor rebaja en el precio de licitación y a pesar de tener la peor puntuación técnica. Siempre Servinabar en el meollo del cogollo y siempre el favor gubernamental como denominador común para todas las incidencias.
