En el caso Plus Ultra se investiga el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió en 2021 a la pequeña aerolínea Plus Ultra de origen venezolano-español a través de la SEPI, durante la pandemia de COVID-19. Desde el principio se cuestionó si la compañía cumplía los requisitos de viabilidad e interés estratégico para recibir semejante inyección financiera de ayuda pública. Era una aerolínea diminuta que sólo operaba un avión, con una cuota de mercado en España de alrededor del 0,03%. El límite entre existir y no existir podría llamarse Plus Ultra.
La investigación evolucionó tras el rescate hacia presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, analizando si parte del dinero público se usó para lavar fondos relacionados con Venezuela y si hubo comisiones ilegales, como ahora todo apunta con Zapatero, a cambio de influencia política para aprobar el rescate.
En diciembre 2025 ya se detuvo al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, amigo de Zapatero, y otros directivos por blanqueo. El caso pasó entonces al juez Calama de la Audiencia Nacional. Ahora este juez ha levantado parcialmente el secreto de sumario y ha imputado a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental. La UDEF ha registrado hoy el despacho de Zapatero en Ferraz, la empresa de sus hijas y otras sociedades vinculadas. Zapatero habría ejercido su influencia sobre el Gobierno, y particularmente sobre el entonces ministro de Transporte José Luis Ábalos, para que se aprobara el rescate, y cobrado por ello alrededor de medio millón de euros a través de la consultora Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez. Estos cobros se ejecutaban bajo la pantalla de supuestos informes de asesoría geopolítica, según el propio Zapatero «orales» y de los que por tanto no existe evidencia alguna de su existencia. Esta cantidad se acercaría como comisión al 1% del rescate pactado.
Más allá de los detalles del caso, su cuantía, sus ramificaciones e implicaciones, a nadie se le escapa que Zapatero no era rico antes de entrar en política y lo es tras pasar por la política. Zapatero además no se ha hecho rico poniendo una tienda de ropa como Amancio Ortega, siguiendo una tardía vocación empresarial, sino que se ha hecho rico en el turbio y difuso ambientillo del asesoramiento y la intermediación con el gobierno. No sólo eso. Se ha hecho rico en negocios en los que de por medio estaba el sanguinario y dictatorial régimen chavista de Venezuela. Es decir, Zapatero es la clase de persona que se hace rica tras pasar por la política y no antes y haciendo negocios con una dictadura sangrienta.
De Zapatero interesa recordar que se trata de un personaje particularmente siniestro desde su llegada a la política española. Fue Zapatero el que dejó España económicamente quebrada en 2011, pero también fue Zapatero el que dejó España dividida, separada y enfrentada al reabrir los rencores de la Guerra Civil y polarizar la política. Con Zapatero y el Prestige, el Yak 42 o el 11M se instauró la costumbre de usar los atentados y las catástrofes para criminalizar y generar una ola de odio contra los rivales políticos. Zapatero añadía además a esta política de confrontación el cinismo de presentarse, al mismo tiempo, como alguien sonriente y de “talante” conciliador. Por supuesto fue Zapatero el encargado de rescatar de la ilegalidad a una ETA policialmente derrotada, devolverla a las instituciones y de este modo usar sus votos para poder pactar con ella para alcanzar el poder y perpetuarse después. No falta quien además considera a Zapatero como el catalizador del 11M. Al prometer sacar las tropas españolas de Iraq si ganaba, el yihadismo empezó a interesarse por España, por hacer que Zapatero ganara y por que sacara las tropas. El 11M habría sido la respuesta del yihadismo a la pregunta de cómo conseguir que Zapatero ganara. Por eso habría tenido lugar el atentado y además a 3 días de las elecciones, con una clara intención de influir sobre el resultado.
Un presidente que se dedicó a dividir y enfrentar a los españoles y que después se hizo rico negociando con una dictadura, prometía desde el principio no ser un ejemplo moral, pero la investigación judicial pone letra y cifras a la música de esta canción. La reacción de Pedro Sánchez a la imputación de Zapatero resulta por lo demás altamente significativa, pidiendo “defender el buen nombre de Zapatero”. El PSOE no es un partido político, es una charca. Y no lo es desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. En el centro de una charca putrefacta de agua estancada, donde se encuentra el propio Sánchez, raramente suele encontrarse un oasis de pureza, sino el núcleo de la corrupción en el que habita el jefe de la trama, el señor X de la corrupción, el «puto amo» del tinglado, el «one» de la banda. Cuanto más extensa y más alta se evidencia que es la corrupción del PSOE, menos se entiende que pueda haber existido sin la implicación y la coordinación del último eslabón superior de poder. En este caso no es la UCO sino la UDEF de la Policía Nacional la que ha destapado el escándalo. El discurso gubernamental de que no estamos ante la corrupción generalizada del PSOE, sino ante una trama ultra de lawfare, periodistas del fango y policías patrióticos, carece de la más mínima racionalidad. Que el presidente hubiera dimitido a la vista de la acumulación de escándalos a su alrededor no implicaría su inocencia, pero que siga aferrado al poder como si lo necesitara para blindarse frente a la Justicia invita a pensar y temer lo peor.
