Escuchar a Pedro Sánchez es un entretenimiento que nunca provoca tranquilidad. Hace unos días, por ejemplo, declaraba que “yo me encuentro muy animado, me encuentro optimista respecto a qué va a suceder el próximo 29 de noviembre, porque creo conocer bien a la sociedad española, y por tanto si no es de una manera, pues será de otra, pero estoy convencido de que la senda de avance que hemos emprendido hace ocho años va a continuar cuatro años más”. ¿Qué significa eso de que de una manera u otra va a seguir gobernando? Podríamos especular pero, después de todo lo que estamos viendo con el censo, en este caso quizá la cita se comenta por sí misma y atenerse a su literalidad puede bastar y sobrar.
Tras la decisión de ayer del Tribunal Constitucional de no aceptar el recurso del Defensor del Gobierno contra la suspensión del voto de los nuevos censados dudosos de la Ley de Nietos, un cierto respiro recorrió las filas de todos aquellos quienes ven en Sánchez no sólo un gobernante funesto y rodeado de corrupción, sino peligroso para la democracia. De hecho, el propio intento de manipular el censo sería una confirmación de ese peligro que significa Sánchez para la democracia, espoleado por el temor a la acción de la justicia por los casos de corrupción en su inmediato entorno político y familiar, si no por el mero afán de poder. ¿Pero se puede cantar victoria tras la decisión del Constitucional?
Explicábamos ayer que los al menos 160.000 censados dudosos representan un desafío para la limpieza de las elecciones no únicamente por el hecho de su número, que a fin de cuentas no es tan elevado, ni porque se les haya inscrito en el censo sin comprobarse que cumplían las propias condiciones establecidas en la Ley de Nietos, sino porque además se les había podido añadir al censo de una cirscunscripción u otra sin ningún tipo de comprobante y a menudo por mera indicación de la propia administración. Esto resultaba fundamental porque hay diputados, como el de Tarragona en 2023, que se adjudicaron por 1.400 votos de diferencia, de modo que 160.000 votos son pocos mirando sólo el cómputo general, pero pueden resultar determinantes, si se saben colocar oportunamente, para volcar el voto de entre 10 y 20 diputados en determinadas circunscripciones. Sin embargo podemos dormir tranquilos porque el Tribunal Constitucional ha tumbado el recurso de Gabilondo, ¿o no?
Naturalmente cabe pensar que el TC tumbo el recurso de Gabilondo por un ataque de dignidad, pero también es posible una interpretación mucho más inquietante. ¿Hacía falta que el TC tumbara el recurso o no? Lo cierto es que según temen diversos observadores es posible que la suspensión del voto de los nuevos censados, determinada por el Tribunal Supremo, acabe siendo inefectiva por falta de aplicación, sin necesidad siquiera de que el Constitucional se tenga que manchar las manos en esta cuestión. De hecho, ¿habría dejado el Constitucional que ganara el Supremo si no existiera otra opción?
El Supremo ha ordenado expresamente la suspensión de los efectos electorales de las inscripciones ya realizadas y la no inscripción de nuevos votantes. Sin embargo, la Administración (especialmente Exteriores y la Oficina del Censo Electoral) lleva semanas con serias dificultades (o retrasos) para identificar a las 163.000 personas afectadas. El censo no indica automáticamente por qué vía se obtuvo la nacionalidad, lo que obliga a cruzar expedientes consulares muchos de ellos no informatizados, lo que puede tomar a la administración mucho más tiempo del que queda hasta las elecciones. La Junta Electoral Central está enviando (o va a enviar) la documentación electoral con una advertencia sobre la posible suspensión. En la práctica, si no se identifica y se “marca” a tiempo a cada afectado, muchos recibirán la documentación y podrán votar. Si el Gobierno o los consulados no facilitan los datos con la suficiente rapidez, la suspensión se ejecutará de forma muy imperfecta o incompleta. Esto no anula ni desobedece al menos abiertamente la orden judicial del Supremo, pero puede hacer que, de hecho, un número significativo de personas cuya inscripción en el censo es dudosa, y cuyo voto se debiera haber suspendido por orden del Supremo, finalmente acaben votando, lo hagan en las circunscripciones en las que estratégicamente han sido colocadas por la administración gubernamental y acaben produciendo el efecto esperado por Sánchez: “creo conocer bien a la sociedad española, y por tanto si no es de una manera, pues será de otra, pero estoy convencido de que la senda de avance que hemos emprendido hace ocho años va a continuar cuatro años más”. Avanzar el país puede que no mucho, pero si Sánchez gana conseguiría blindar su futuro de cara a todos los procesos judiciales por corrupción que avanzan hacia él a su alrededor.
