El Tribunal Constitucional ha dado la sorpresa y ha rechazado de plano, por abrumadora mayoría, el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra la resolución del Supremo anulando 160.000 inscripciones dudosas en el censo, amparadas en la llamada Ley de Nietos. Habrá que esperar no obstante a la celebración de las elecciones para poder estar seguros de que no se intentan nuevas tretas para intentar alterar el voto. El Tribunal Constitucional, por lo demás, no ha entrado a valorar el fondo del asunto sino que se ha limitado a considerar “prematuro” el recurso de Gabilondo, dado que todavía no se habían agotado las vías y plazos para seguir recurriendo ante el propio Supremo. Sería por tanto también prematuro confiar en la independencia del Constitucional o en que a Sánchez se le han acabado los conejos de la chistera y dar por totalmente zanjado aún este intento de pucherazo. Sea como sea es una buena noticia y tampoco la vamos a despreciar cuando no andamos en estos tiempos sobrados de ellas.
La decisión del Constitucional, sumada a la del Supremo, deja en evidencia a Angel Gabilondo, el candidato del PSOE convertido en Defensor del Pueblo al servicio de Moncloa por la mayoría sanchista,el cual ha quedado desautorizado hoy por completo. El Defensor del Pueblo debería haber dimitido en cuanto se ha conocido la resolución del Constitucional que desautoriza su forma de proceder, no sólo por haber actuado fuera del derecho sino por haberlo hecho en defensa del gobierno en vez de en defensa del pueblo.
El apartado de noticias del día relativo a este asunto se completa con la decisión de un juzgado de Madrid de admitir la querella presentada por prevaricación contra Sofía Puente, por su famosa instrucción desbordando la propia Ley de Nietos aprobada en el Congreso y abriendo las puertas a la avalancha de inscripciones fraudulentas en el censo.
La Ley de Nietos, de hecho, quedó por completo desnaturalizada en virtud de esa instrucción de Sofía Puente y de la forma de proceder del gobierno a través de los consulados, de forma que han sido incorporadas al censo decenas de miles de personas que no son nietas ni exiliadas probadas del franquismo. Lo probado en realidad respecto a muchas de ellas es precisamente que no son exiliadas por causa de la Guerra Civil ni de Franco, a pesar de lo cual han sido incorporadas al censo incluso fuera de plazo.
Respecto a la Ley de Nietos, su posterior ampliación irregular, y su aplicación sin control alguno hasta llegar al menos a 160.000 inscripciones dudosas, debe añadirse el hecho de que los nuevos votantes no sólo han sido incluidos de forma sospechosa en el censo, sino que se han distribuido de forma absolutamente heterodoxa por las circunscripciones. En una provincia como Tarragona, por ejemplo, en las generales de 2023 se disputó el último diputado por 1.400 votos. Es decir, repartiendo estratégicamente esos 160.000 votantes, que pueden parecer pocos en relación a los millones totales del censo, puede conseguirse un vuelco de muchos diputados que se disputan en muchas circunscripciones por un puñado de votos.
Como fondo de todo el asunto, tenemos a un presidente rodeado de casos de corrupción por doquier, cuya extensión, profundidad y capacidad difícilmente se explican sin su posible complicidad. Tenemos además a la cloaca, dedicada a reventar a los jueces, policías, fiscales y periodistas que investigaban la corrupción del gobierno. En el marco de la actuación de esa cloaca encontramos imputados hasta a la directora de la Guardia Civil y al DAO del cuerpo, dedicados a represaliar a los agentes encargados de investigar la corrupción del gobierno. ¿Puede pensarse que había una cloaca funcionando al más alto nivel en beneficio particular de Sánchez sin el apoyo particular de Sánchez? ¿Una cloaca que nació además en los cinco días de reflexión de Sánchez? A todo lo anterior podemos añadir el hecho de que Sánchez es un personaje que ya antes de la maniobra del censo había recibido múltiples acusaciones de pucherazo en votaciones en su propio partido y de sus propios compañeros. Una alteración sustancial y unilateral del censo, plagada de irregularidades y justo antes de las elecciones, llevada a cabo por un presidente sobre el que pesan las más preocupantes sospechas y que deberia haber dimitido hace tiempo, el cual depende de seguir en el gobierno para poder blindarse ante la justicia, y al que las encuestas le vaticinan un sonoro fracaso en las urnas, es imposible que alguien honesto no la vea como totalmente alarmante desde el punto de vista democrático. Es mucho sin embargo lo que Sánchez se juega, así que veremos hasta el 29N si ya podemos dar esta intentona por zanjada o si todavía al presidente le queda alguna carta trucada en la manga.
