La democracia en España se encuentra en peligro ante la llegada al poder de un tipo como Sánchez. La falta de escrúpulos y límites del presidente para evadir los escándalos que lo rodean están poniendo este hecho de manifiesto con una intensidad insoportable. Tenemos con razón miedo de Sánchez, porque están siendo puestos a prueba los límites del estado de derecho y su última defensa, como se ha comprobado hoy mismo, puede depender de un tribunal cuya mayoría depende del propio sanchismo. Si esta vez nos libramos de tener una especie de tirano constitucional estaremos de suerte, pero habrá que hacer cosas para que si esto vuelve a ocurrir en el futuro no volvamos a depender de la suerte.

A la vista está que necesitamos una revisión del estado de derecho para garantizar la independencia judicial. Los políticos juzgados no pueden ser los mismos que eligen a los jueces que les juzgan. El nombramiento de los magistrados del Supremo y el Constitucional no puede depender de los partidos y de repartos de cromos porque el primer requisito esencial de un juez es la independencia. No puede haber un partido limpio entre el Real Madrid y el Sevilla si al árbitro lo nombra el Real Madrid o el Sevilla. Si el juez ha sido nombrado por una de las partes del litigo hay pantomima en vez de justicia. Si la mayoría política puede nombrar a los jueces, se está colocando de hecho a la mayoría por encima de la ley. Si la mayoría política puede gozar de impunidad, es sólo cuestión de tiempo que aparezca una mayoría política que use esa impunidad para abusar del poder y robar. Garantizar la independencia de la justicia es por tanto una auténtica emergencia nacional. Es además una emergencia apartidista, ¿o quiere la izquierda que una nueva mayoría derechista elija los jueces y magistrados después de las elecciones? A nadie nos conviene una justicia dependiente por turnos en vez de una justicia independiente de forma permanente, aunque sólo sea por una cuestión de egoísmo inteligente.

Frenar a la cloaca de Sánchez es una emergencia democrática, pero tampoco pensemos que la democracia presanchista era una cosa maravillosa. Es más, precisamente porque la democracia presanchista era bastante precaria tenemos ahora una emergencia sanchista. Consideremos por ejemplo el caso de los Presupuestos Generales del Estado. Sánchez lleva toda la legislatura gobernando sin Presupuestos. Los actuales Presupuestos del Estado son los prorrogados de 2023, pero es que los Presupuestos de 2023 se aprobaron en 2022, en un parlamento que ya no existe con unas mayorías que ya no existen. La gravedad de este hecho va más allá de la hemeroteca de Sánchez y sus contradicciones, sino que pone de manifiesto la farsa que hemos vivido durante décadas pensando en los Presupuestos.

El gobierno hace lo que quiere, pero no sólo este sino que ahora se comprueba que lo mismo todos los anteriores. Una legislatura entera sin presupuestos simplemente destapa el fraude en que vivíamos de que los gastos del gobierno o el poder del gobierno están limitados. Pensábamos que la necesidad de tener que aprobar unos Presupuestos significaba que el pueblo controlaba los gastos del estado pero vivíamos engañados. Ahora vemos que el gobierno puede gastar lo que quiere con o sin Presupuestos. Por tanto ya antes de Sánchez vivíamos engañados pensando que existía algún control sobre los gastos del gobierno, lo único que ha hecho Sánchez es poner en evidencia ese descontrol. Al menos ahora ya no vivimos bajo un engaño. El desengaño sin embargo debería llevarnos a revisar también este capítulo para que exista un control efectivo sobre el gasto del gobierno, de modo que no pueda haber gobierno sin Presupuestos ni Presupuestos que no sirvan para controlar efectivamente lo que gasta el gobierno.

Asistimos estupefactos por otro lado a cómo el gobierno, con o sin Presupuestos, y con o sin parlamento, anuncia a un mes de las elecciones que va a subir las pensiones o los sueldos a los funcionarios. Ya no es que el gobierno intente comprar los votos de los pensionistas o los funcionarios con el dinero de todos, es que además lo hace sin Presupuestos y sin pasar siquiera por el Congreso. ¿Para qué sirven entonces los Presupuestos y el Congreso? Contrario sensu, ¿de qué valen sin Presupuesto y Congreso que las avalen las promesas del gobierno? Como si por otro lado el gobierno tuviera un amplio historial de decir la verdad y cumplir su palabra. Por otra parte, las cuentas del estado se encuentran descalabradas, tenemos un déficit crónico, la deuda no para de crecer y las pensiones acumulan un agujero financiero de pesadilla. Antes de hacer cualquier promesa de nuevos gastos y aumentos, el gobierno debería tener previamente un Presupuesto aprobado y equilibrado, unas cuentas públicas saneadas y la deuda congelada, bajo pena de ser conducidos el presidente y todos sus ministros al Mar de Dunas y arrojados al Pozo de Carkoon, nido del todopoderoso Sarlacc, en cuyo vientre podrían descubrir durante una digestión de mil una nueva definición de sufrimiento y dolor.