La batalla del censo se extiende e intensifica en las últimas horas, es lógico porque el gobierno se lo juega todo con crear un censo nuevo antes de convocar elecciones. Con el censo actual, como anticipan todas las encuestas menos el CIS, a Sánchez no le salen las cuentas, así que hay que cambiar el censo. Si no puedes cambiar los votos pues cambias a los votantes, página 1 del manual sobre cómo dar pucherazos. Y de pucherazos Sánchez sabe un buen rato, según acusan sus compañeros dentro de su propio partido.
Si cambiar el censo es una cuestión tan decisiva como parece, tenemos por tanto batalla para rato. Sánchez ha dado orden a la sincronizada de cargar con todo contra el Supremo. Ahora el magistrado ponente de la suspensión del censo es un facha con peligrosos antecedentes. El problema es que la magistrada del voto particular contra la suspensión también podría ser entonces sometida a sospecha. O aceptamos el sistema político de nombramientos o no lo aceptamos, pero en todos los casos, no podemos aceptarlo para nombrar a fulano pero dejar de aceptarlo para nombrar a fulana. O todos son legítimos o todos son ilegítimos. ¿Queremos jueces y magistrados absolutamente apolíticos? Pues estupendo, pero entonces apostemos todos por ese modelo, que por cierto ha habido tiempo para haberlo cambiado si los partidos hasta ahora dominantes hubieran querido. La magistrada María Alicia Millán no es juez por oposición, sino elegida subjetivamente por ese difuso calificativo de ser jurista de reconocido prestigio, lo que pasa es que el juez por oposición, además de por cualificación, obtiene su plaza por un procedimiento de designación objetivo, apolítico. La magistrada Millán casualmente es miembro de Jueces y Juezas para la democracia, la sobrerepesentada asociación de jueces izquierdistas, y su candidatura en diversas ocasiones ha sido apoyada por Compromís y Podemos.
No nos perdamos sin embargo en estos pequeños detalles. La cuestión es que no nos encontramos ante una exclusión de votantes sin precedentes, como pretende el editorial gubernamental de El País, sino ante una una inscripción de votantes sin precedentes. No es el Supremo el que quiere alterar el censo electoral, sino Sánchez, conviene tener esto claro en primer lugar.
Repetir una y otra vez que el Supremo está dejando sin derecho a voto a cientos de miles o millones de españoles es una falsedad, porque precisamente esa es la cuestión en disputa, si todas esas personas han accedido legalmente a la nacionalidad, y si por tanto son efectivamente españoles o no y si pueden votar o no. No se puede decir que son españoles a los que se les quita el voto porque primero habrá que dilucidar si efectivamente son españoles y tienen derecho al voto.
Ni siquiera se cuestionan las nacionalizaciones de la ley de nietos, que a lo mejor habría que cuestionarlas, sino si estas nacionalizaciones por lo menos se han llevado a cabo acorde a los requisitos y exigencias de la propia ley, o si ha sido un coladero, extendido mucho más allá de los auténticos exiliados de la Guerra Civil, para inflar el censo e inscribir masivamente a personas que no reunían los requisitos. Hablamos de unas 400.000 perosnas, pero que podrían ser muchas más en el año que queda hasta las generales y que potencialmente podrían alcanzar los dos millones.
Hablar de que se quita el voto a nadie tampoco es correcto, porque ante el escenario que estamos no es que se le quita el voto a nadie, sino que en todo caso se le da el voto a alguien. No se trata de borrar votantes del censo sino de meter una avalancha de votantes en el censo. Son escenarios radicalmente distintos y casi opuestos. No puedes dar un pucherazo manteniendo el censo, lo das alterándolo.
No estamos por otro lado en el día siguiente a la muerte de Franco. Han pasado 50 años de la muerte de Franco, ha habido decenas de elecciones en este tiempo en España desde la muerte de Franco, los posibles exiliados y no exiliados han tenido décadas para volver a España, o para intentar mantener o recuperar la nacionalidad, o para que sus hijos nacieran en España. Este movimiento súbito, sincronizado y masivo resulta por tanto de lo más sospechoso, por no mencionar que se trata de personas a las que se les ofrece la nacionalidad pero sin perder la que ahora tienen y sin tener que venir a vivir a España. Es un regalo de Sánchez para que se pueda votar a Sánchez.
Por lo demás es evidente que el gobierno no puede elegir a los que pueden votar. Si puedes elegir a los votantes, puedes elegir el resultado. Si el gobierno puede alterar el censo puede alterar el resultado. En democracia son los votantes los que eligen al gobierno y no el gobierno el que elije a los votantes. No se trata por tanto de defender el censo actual sino de defender la libertad y la democracia. Cualquier cambio significativo del censo es una cuestión extraordinaria, que como tal exige una justificación extraordinaria, que debe ser neutral respecto al resultado y que en cualquier caso tiene que ser una decisión consensuada con la oposición, no una imposición del gobierno. Aquí no sólo no estamos en ese punto sino siquiera en si el gobierno ha llevado a cabo la alteración del censo dentro al menos de los márgenes de su propia ley, o si ha ampliado sustancial y determinantemente el censo fuera de su propia legalidad.
