Si algo ha hecho bien el sanchismo ha sido dinamitar el estado de derecho desde el día uno de la legislatura, con la amnistía a sus socios de investidura. Es decir, el momento para asaltar el estado de derecho es el minuto uno porque es tu momento de máxima legitimidad. Nadie de los tuyos te va a abandonar el primer día. Y en este tipo de asuntos, o se abandona el barco al principio o ya es imposible la retirada. O sea, puedes bajarte del barco en el puerto, pero ya no tienes opción cuando te encuentras en alta mar. Esto es lo que le sucede ahora a toda la nebulosa que rodea el sanchismo. Ya no tiene marcha atrás. Después de todo lo que han justificado, ¿por qué ahora de repente iban a dejar de justificar la siguiente atrocidad? ¿Cómo se iban a descolgar de repente de la manquinaria sanchista y enfrentarse a ella justo cuando la maquinaria sanchista es más implacable y feroz? ¿Cómo se iban a asegurar que nadie les reprochara todo lo que ya han justificado? Después de subirte a un barco pirata y llevar a cabo siete abordajes, tu único horizonte es el octavo abordaje. Ya no eres una persona normal en una situación normal protegida por el estado de derecho y la justicia, sino que por el contrario tu forma de vida ha pasado a depender de que sea dinamitado el estado de derecho. Todo el sanchismo, incluido todo su equipo de opinión sincronizada, se encuentran ya plenamente comprometidos con esa voladura, de la que depende su propia subsistencia. Podríamos comparar también la deriva del sanchismo con un tren que sale de la estación. Te puedes tirar del tren justo cuando arranca, pero ya no es una opción lanzarse del tren y descoyuntarse cuando avanza por la vía a toda velocidad.
La Comisión Europea acaba de calificar la amnistía de Sánchez a sus socios como una “autoamnistía” totalmente irregular. Efectivamente, los sanchistas conforman un todo en que los amnistiadores y los amnistiados conforman un mismo sujeto. Como era evidente desde el principio, todo es tan burdo como una compraventa de votos. Tú me votas, yo te amnistío. Tú me haces presidente y yo te evito la cárcel. O me haces presidente o vas a la cárcel. Nos hemos acostumbrado a ello, pero la presidencia de Sánchez se basa desde el momento inicial en cambiarles a unos delincuentes su impunidad por sus votos. Se trata de una actuación tan irregular que toda la legislatura de Sánchez viene viciada por ello. Todo lo que está viniendo después no puede ser sino un desarrollo lógico e incevitable de ese tallo de partida torcido.
Tener al Fiscal General del Estado en el banquillo no es más que una consecuencia lógica de este proceso de demolición del estado de derecho iniciado desde la propia investidura. Si como indica el juez el Fiscal General podría haber filtrado los datos privados de la pareja de una rival política por orden de Moncloa, ¿cómo va a dejar Moncloa que caiga el Fiscal General del Estado? Si Moncloa sabía las andanzas de Cerdán, pongamos por caso, ¿cómo podría dejar caer a Cerdán? Si Leire Díez recibía instrucciones de Moncloa, ¿cómo puede dejar caer a Leire Díez? ¿Cómo podía ofrecer Leire Díez pactos con la Fiscalía a cambio de información sin la complicidad del Fiscal General? ¿Cómo puedes dejar caer entonces al Fiscal General? Asumir las responsabilidades políticas es algo más que una costumbre de higiene democrática, es destruir la apariencia de que no dejas caer a la gente bajo sospecha de tu entorno para evitar que hable de ti.
En toda esta peligrosísima situación que estamos atravesando, en la que todos los incentivos de Moncloa para salvarse o para mantener el poder pasan por desmantelar desde dentro el estado de derecho, no deja de resultar llamativa la criminalización de todos los jueces que investigan las irregularidades o las corruptelas del gobierno y su entorno. Es decir, si nos encontráramos ante un sólo proceso, un sólo caso y un sólo juez, podía caber la duda de si se trata de un juez desquiciado, cegado por el afán de notoriedad o impulsado por una fobia ideológica al gobierno, pero aquí estamos hablando de una gran multiplicidad de casos al frente de los cuales hay un importantísimo número de jueces y magistrados. Las investigaciones de estos jueces, además, han sido recurridas y avaladas por los respectivos tribunales superiores. Subrayemos además que se trata de investigaciones. No ha habido de momento ninguna condena, así que la pretensión del sanchismo y sus terminales es que ni siquiera se investiguen las posibles irregularidades que comete el sanchismo.
Contrariamente a lo que pretende Irene Montero, sería en un régimen totalitario donde nunca se podría ver sentado en el banquillo al Fiscal General del Estado, o a la mujer del presidente, o a su hermano, o a un ministro. Desde luego en los regímenes que defiende Irene Montero, como el venezolano o el cubano, no cabe ese tipo de escenario. ¿Son falsos todos los casos de corrupción de los que es acusado el gobierno? ¿No se debe siquiera investigar ninguna denuncia contra el gobierno? ¿Son golpistas todos los jueces que investigan las posibles irregularidades del gobierno? ¿Tenemos un gobierno que ya sólo acepta la legitimidad de los jueces que él mismo ha nombrado y que llama golpistas a todos los jueces que escapan a su disciplina? ¿No debe ser precisamente un rasgo esencial de cualquier juez en cualquier democracia el que su criterio no se encuentre sometido a la disciplina del gobierno ni de la oposición sino a la ley?
La dialéctica del sanchismo, hablando ya abiertamente de jueces prevaricadores y golpistas, cuando no se someten a su disciplina o no han sido nombrados por el sanchismo, nos conduce a un callejón sin salida. El sanchismo no puede calificar de golpistas o prevaricadores a los jueces sin actuar a continuación contra ellos, igual que no puede calificar de máquinas de desinformación a los medios desafectos sin actuar contra ellos. El discurso acaba determinando la acción. El discurso del gobierno conduce por tanto a una persecución de los jueces y los medios desafectos. Cuando los partidos en el gobierno acusan de golpismo a la oposición, a los jueces o a los medios críticos, o efectivamente tienen razón y hay un golpe contra el gobierno, o a lo que nos aboca ese discurso es a un golpe del propio gobierno. No podemos no estar en una situación gravísima con estas premisas. Es imposible por tanto, en los términos en los que se plantea actualmente la política en España, evitar la amenazante sombra de un golpe de estado. Es la conclusión lógica de la dialéctica en la que desde el inicio de esta legislatura nos hemos ido instalando.
