La escenificación del divorcio entre Junts y el sanchismo duró apenas unas horas desde su primera declaración. En cuanto llegó una votación para cerrar las centrales nucleares, Junts volvió mansamente al seno del sanchismo. No es que Junts no vaya a apoyar una moción de censura contra Sánchez, es que va a seguir apoyando las leyes sanchistas que sean precisas. Como mucho subirá más el precio, cosa que por otro lado es ya lo que estaba haciendo. Precisamente por eso Junts apoya el sanchismo. Pero es que Puigdemont ha ido si cabe todavía más allá y no sólo es que no se suma a una moción de censura con el PP y VOX, o que siga apoyando al tresbolillo las leyes sanchistas en las votaciones en el Congreso, es que ahora le propone al PSOE que se sume a un golpe de estado con Junts.
No es lo menos preocupante entre todo lo que está sucediendo que todos los terminales políticos y mediáticos de Pedro Sánchez estén pidiendo un golpe de estado para “reventar” a los no sanchistas. Si todas las marionetas de Sánchez se ponen a rogar a Sánchez un golpe de estado, es porque Sánchez está dispuesto a dar un golpe de estado. Que dar un golpe de estado sea a lo mejor su única forma de evadir a la justicia no hace sino multiplicar la preocupación que podamos tener al respecto.
Eso de que los jueces investiguen la corrupción de los políticos está muy bien, siempre que sea a los políticos de la derecha. Cuando los jueces investigan la corrupción de la derecha se aplaude, cuando los jueces investigan la corrupción de la derecha es golpismo judicial y lawfare. Los jueces se dividen entre golpistas con toga y jueces nombrados por el sanchismo. Las sentencias de los tribunales se dividen entre favorables al sanchismo y lawfare.
Lo cierto es que esto del lawfare es el artificio que de siempre vienen esgrimiendo el independentismo catalán y la izquierda abertzale. O en España existe lawfare, o los presos de ETA son asesinos y no presos políticos. La única forma de salvar la cara a los asesinos de ETA es hablar de lawfare. Siguiendo la misma lógica, hablar de lawfare es la única forma de salvar la cara a los malversadores y golpistas catalanes, o al mismísimo Jordi Pujol ya metidos en el asunto. Si salvamos a los etarras, a los golpistas y a los corruptos del clan Pujol, no vamos a dejar fuera a los propios corruptos o reveladores de datos confidenciales. Entre terroristas, golpistas y corruptos, o santos, sólo hay un paso llamado lawfare.
¿Qué no sería lawfare? Por lo visto, una justicia en la que no hubiera sentencias que pudieran perjudicar a Bildu, a Junts, a ERC, a Podemos, al PNV o al PSOE. ¿Y cómo se puede asegurar esto? Pues dejando totalmente la elección de los jueces y magistrados en manos del PSOE, Podemos, Bildu, Junts y compañía. Un estado democrático es por lo visto aquel en el que los jueces los nombran quienes gobiernan, en que el gobernante es juzgado por un juez nombrado por él mismo. Por supuesto esto sólo es válido mientras gobiernen la izquierda y sus socios. Los nombramientos de jueces, fiscales y magistrados por parte de la izquierda, además, ha abandonado ya cualquier atisbo de imparcialidad. Al revés, la cualidad esencial de cualquier nombrado es defender lo que sea que haga el sanchismo. Esto a lo mejor explica que el gobierno no haya nombrado a Garzón como nuevo Fiscal General del Estado. Por un lado la izquierda abertzale todavía recuerda cuando Garzón metió en la cárcel a Otegui y se dedicaba a cerrar el Egin o a ilegalizar a Batasuna. Sánchez seguramente tampoco ignora que tan fácil es que Garzón entre en la lista electoral del señor X como que vuelva al juzgado a perseguir al señor X si las recompensas del señor X no está a la altura de lo esperado. Con todo, la razón fundamental para que Sánchez haya desechado a Garzón como Fiscal General puede ser que reconozca un alma gemela, alguien igual de vanidoso, alguien que no puede poner su ego por debajo del suyo. Garzón es todo lo radical que se necesita, pero no es devoto de nadie que no sea su propia imagen en el espejo. Sánchez por el contrario exige subordinados dispuestos a la obediencia absoluta, no personajes con los que pueda acabar manteniendo un imprevisible duelo de egos.
Lo que Puigdemont ofrece a fin de cuentas a Sánchez es un mutuo borrado de los delitos. Si tú llamas lawfare a lo mío, yo llamo lawfare a lo tuyo. A partir de ahí tú me dejas dar el golpe en Cataluña y yo te apoyo para darlo en el resto de España. Invéntate una nueva Transición y una nueva Constitución, un nuevo estado de derecho sin separación de poderes, sin justicia independiente, sin libertad de prensa y sin oposición. Haz lo que te aconseje Podemos que esos saben un rato de dictaduras. A todo el que se oponga al golpe lo llamamos fascista, racista, machista, antisocial o anticatalán, pero sobre todo golpista. ¿Y cómo podríamos llamar a esa dictadura? De nuevo según la lógica orwelliana el nombre adecuado sería democracia real.
