El responsable de la rebaja de penas a los agresores sexuales se llama Pedro Sánchez

Todo lo que cuenta el gobierno para justificar la ley del “sí es sí” es mentira. Este podría ser el resumen corto de la situación tanto para explicar la reforma en su día del Código Penal como ahora la reforma de la reforma, a la vista de sus previsibles y catastróficos resultados. ¿Por qué previsibles? ¿Por qué se están reduciendo las penas a una gran cantidad de agresores sexuales? Tal vez deberíamos empezar por explicar esto para poder entenderlo todo.

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Antes de la llegada del actual gobierno los delitos contra la libertad sexual se catalogaban como agresión sexual o abuso sexual.

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En ambos casos la clave del delito era que no hubiera consentimiento. Interesa tener esto claro porque Podemos repite constantemente la mentira de que la nueva ley se caracteriza por penalizar la falta de consentimiento, como si esto no fuera ya así en el pasado.

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Lo que tenían en común las agresiones sexuales y los abusos sexuales era la falta de consentimiento, y lo que los distinguía era que en la agresión había violencia o intimidación y en el abuso no.

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Lo que hace la nueva ley es acabar con el abuso sexual y pasar a considerar todo agresión sexual.

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¿Cuál es el problema?

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Pues que ahora se unifican en una lo que antes eran dos tablas de penas.

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Supongamos que tenemos un delito A, con penas entre 10 a 15 años de cárcel, y un delito B, con penas entre 5 a 10 años, si eliminamos el delito B y todo pasa a ser el delito A, pero la tabla de penas pasa  a ser entre 5 y 15 años de cárcel, tenemos un problema.

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Mientras que antes las condenas mínimas del delito A eran de 10 años, ahora pasan a ser de 5, de forma que todos los que tenían una condena mínima con el Código Penal anterior pueden pedir una revisión de su pena.

Esto sucede porque es un principio jurídico fundamental que al reo siempre se le aplique la legislación más favorable. No puede haber personas en la cárcel por cosas que han dejado de ser delito. Tampoco puede haber personas con penas distintas por haber cometido el mismo delito. Obviamente el legislador tiene que afinar para no pasar a considerar el mismo delito cosas que no lo son. Está claro que el legislador no ha afinado en absoluto en el caso que nos ocupa. Pero eso no es culpa del delincuente, ni mucho menos de los jueces, es culpa del maldito legislador.

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Interesa volver a insistir en la mentira de que antes no se castigaba la falta de consentimiento de la mujer, y que rectificar la ley del “sólo sí es sí” sería volver a una situación en la que se podían tener impunemente relaciones sexuales no consentidas con las mujeres. Por el contrario, el artículo 181 del Código Penal establecía que cometía un abuso sexual “el que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona”.

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Lo que ha hecho el actual gobierno es igualar los atentados contra la libertad sexual de la mujer en los que hay violencia y los que no. La idea es que no haga falta violencia para considerar el delito como agresión sexual.

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Cuando hay violencia, aparte de que el delito es más grave, hay menos problemas para probar la falta de consentimiento. Si la mujer tiene golpes en el cuerpo, en principio son una prueba de esa falta de consentimiento. Pero eso no significa que no fueran delito los atentados contra la libertad sexual sin violencia. De hecho, no sólo como hemos mostrado en la redacción literal la falta de consentimiento era el elemento fundamental del tipo delictivo, sino que todos los años había tantas o más condenas (normalmente más) por abusos sexuales que por agresiones sexuales. Es decir,  es evidente que antes bastaba la falta de consentimiento y no hacía falta la violencia para que hubiera delito. De hecho el abuso sexual que Podemos eliminó era justo eso: castigar la falta de consentimiento aunque no hubiera violencia.

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Otro principio fundamental del derecho con el que Podemos tiene problemas en esta historia, y seguramente también el PSOE, es el de la presunción de inocencia. Naturalmente probar la culpabilidad del acusado es un problema. No en los delitos sexuales, sino en cualquier tipo de delito. La presunción de inocencia, sin embargo, es el principio que garantiza que ningún inocente será condenado o que todo el que es condenado es culpable. Tener que probar la culpabilidad de los acusados es un problema, pero es mucho mayor problema no tener que probarla. Por otro lado lo que se puede probar por definición es la culpabilidad, no la inocencia. O sea, en el escenario del crimen lo que quedan son las huellas del asesino, no las pruebas de la inocencia de todos los demás habitantes del planeta.  Es un problema que la policía tenga que encontrar el arma homicida, pero la forma de solucionar el problema no puede ser que cualquiera que no tiene pistola o del que no hay huellas en el escenario del crimen tenga que probar su inocencia para no ser encarcelado. Probar lo que se ha hecho puede ser difícil, pero tener que probar lo que no se ha hecho es mucho más difícil todavía. Pruebe usted que no circuló ningún día de la semana pasada a más velocidad de la permitida o pague una multa. Pruebe usted que no ha matado a nadie los últimos 5 años o vaya a la cárcel.

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Volviendo al principio del asunto y al problema de las penas, no es lo mismo tocarle el culo a una chica que violarla vaginalmente, darle una paliza y dejarla medio muerta. O creas dos categorías de delitos distintas, o meterlo todo en un mismo delito exige crear una tabla de penas muy extensa. Al unificar todos los delitos en agresión sexual y crear una tabla de penas más extensa, las penas mínimas por agresión sexual pasan a ser menores que antes de la unificación, lo que beneficia a los anteriores condenados por agresión.

Merece la pena señalar que Pedro Sánchez sabía perfectamente que esto iba a pasar. Lo sabía porque se le advirtió y porque la propia Carmen Calvo ha declarado que hasta se discutió entre los miembros del gobierno. Lo que pasa es que Pedro Sánchez se vio en la tesitura de tener que parar esta insensatez e impedir las rebajas de penas a los agresores sexuales, pero poniendo en riesgo su sillón, o permitirla y asegurar su permanencia en Moncloa un poquito más sin generar una crisis en la coalición de gobierno. Naturalmente eligió beneficiar a los agresores sexuales y asegurarse el sillón por encima de las mujeres. De hecho no rectifica ahora porque le preocupen las mujeres o porque se esté beneficiando a los agresores sexuales, cosa que ya sabía que iba a pasar, sino porque ve que la alarma social y la factura electoral que le puede pasar el asunto es mayor que la había previsto. Este es el personaje que tenemos presidiendo el país.

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