Cuesta pensar que algún día los separatistas vascos/filoetarras y los socialistas no fueron uña y carne. Es más, que hubo un tiempo en que la izquierda abertzale asesinaba socialistas y lo justificaba diciendo que eran fascistas. El mismo argumento ahora lo esgrimen al alimón socialistas y filoetarras para llamar fascista a todo el que está a la derecha del PSOE, aunque de momento eso no justifica asesinatos al otro lado del muro, claro que de algún modo ese discurso alimenta el odio y sienta las bases para que acabe pasando en algún momento. Vayamos sin embargo al intento de pucherazo que nos ocupa ahora mismo.
Las evidencias del intento de pucherazo de Pedro Sánchez, un personaje que viene con sospechas de pucherazo ya desde las primarias en su partido, se acumulan día tras día. Es ostensible el intento de alteración del censo, no quitando el derecho a voto de nadie, como se repite desde los medios sanchistas, sino por el contrario metiendo a martillazos varios millones de nuevos votantes. El pucherazo no es el que intenta dar el Supremo, tratando de limitar las nacionalizaciones al marco legal, sino el que intenta dar el gobierno. Un pucherazo nunca lo da el que intenta mantener el censo sino el que pretende alterarlo.
En este sentido, cabe recordar ahora el debate que tuvo lugar en el País Vasco allá por 2012, cuando el gobierno del PP tuvo la idea de facilitar el voto a los vascos exiliados por la presión y las amenazas de ETA. Hablamos de unas 300.000 personas que tuvieron que escapar del País Vasco a causa de sus ideas, porque en su tierra ellas o sus familiares vivían amenazadas por ETA. Se trataba de personas de todo tipo pero convertidas en objetivo militar de ETA por su manera de pensar, o convertido su negocio, su pequeño comercio o su empresa en objeto de extorsión por medio del impuesto revolucionario. A lo largo de las décadas este número de personas y sus familias se contaron por decenas o cientos de miles.
El mapa electoral del País Vasco y su clara mayoría nacionalista hoy es en buena parte el resultado de aquel exilio forzado. ¿Cuál sería hoy el mapa político sin aquella “limpieza” ideológica? ETA dejó de matar y se pasó a la vía puramente institucional sólo cuando aquel proceso de depuración del censo fue completado y la violencia por tanto ya no tenía demasiado sentido. A partir de aquel momento lo que quedaba era recoger los frutos y disfrutar el resultado.
La cuantificación de este exilio vasco siempre ha sido problemática, pero no menos que la de la famosa Ley de Nietos, más aún si cuando como con la Ley de Nietos se considerara presunto exiliado de ETA a todo el que así lo declarara, o todo el que fuera considerado (por su mera declaración) descendiente de personas salidas del País Vasco durante los años que ETA mató.
A diferencia de la Ley de Nietos, aquí sí que hablamos de un caso de justicia, de sucesos mucho más recientes, y de personas que eran vascas y estaban votando y que fueron expulsadas por el terror. Es decir, en el País Vasco no hubo un mantenimiento del censo sino un recorte del censo, y no se trataba de crear nuevos votantes sino de recuperar gente que ya era votante. No obstante, como evidencian las siguientes referencias a la hemeroteca entre las muchas que podríamos recuperar, los ahora socios nacionalistas de Sánchez y cómplices de su pucherazo entonces clamaban y se rasgaban las vestiduras ante la pretensión de alterar el sagrado censo vasco purificado por la violencia de ETA, cuando de lo que se trataba era precisamente de conservar el censo vasco, ni aumentarlo ni recortarlo, preservando el número de votantes ya existentes frente al intento etarra de mutilarlo.
Desde luego poco se puede esperar a nivel democrático de una formación liderada por un secuestrador. Secuestradores y corruptos que quieren evadir la acción de la justicia manteniendo como sea el poder es probable que sepan entenderse entre sí. Otegui habla de la ilegalización de Batasuna equiparándola a un pucherazo, pero olvida mencionar dos pequeños detalles al respecto. Primero que Batasuna fue ilegalizada porque era la parte de ETA que se beneficiaba en las urnas de asesinar a sus adversarios políticos. La gente de Otegui no recortaba el censo a golpe de decreto, sino directamente a golpe de gatillo. Podías votar a alguien que no fuera de Batasuna, pero ETA después lo mataba. La única condición que se le ponía a la izquierda abertzale era elegir entre pistolas o votos, lo increíble por tanto no es que fuera ilegalizada sino que alguna vez estuviera legalizada. En segundo lugar, la ilegalización de Batasuna no supuso un recorte del censo. Los votantes eran los mismos. Cualquier partido que defendiera las mismas ideas de Batasuna, pero pacíficamente, podía presentarse siempre que no fuera la propia Batasuna tratando de sortear la ilegalización mientras ETA seguía matando. Por consiguiente aquel intento de recuperación del voto exiliado vasco sí que era un acto de justicia y un intento de conservar el censo en vez de alterarlo. Llama por tanto la atención la hipocresia actual del vascosanchismo, que bendice el actual intento de dar un pucherazo no sólo a todas luces tramposo, sino motivado por el intento de evadir a la Justicia por parte de un gobierno cuyas alternativas son permanecer como sea en el poder o ser imputado.
