Todo lo que se va sabiendo sobre el accidente ferroviario de Adamuz, que se saldó con 46 víctimas mortales, resulta cada vez más escandaloso. Básicamente falló todo lo que podía fallar y todo lo que se encontraba bajo control gubernamental. Falló el mantenimiento, falló la detección de roturas y falló hasta la detección y comunicación de lo sucedido, lo que llevó al equívoco de que sólo había un tren accidentado lo que dejó desatendidas durante un buen tiempo a una parte de las víctimas. Si se hubiera tratado de un fallo en una empresa o una red privada, se estaría hablando de capitalismo criminal. Lo público es más caro pero merece la pena porque estas cosas no pueden fallar. Los políticos son mejores que los empresarios porque no miran el beneficio sino la seguridad. En la red pública y cuando gobierna la izquierda estas cosas no pueden pasar. La izquierda tiene que negar que estas cosas pasen y tiene que ocultar la verdad para poder llamar asesino al vecino y porque es su pasaporte para poder gobernar.
No sólo falló todo a nivel técnico y material antes del accidente, después del accidente el gobierno no tuvo otro interés que tapar su responsabilidad y construir un relato exculpador. El sanchismo no se dedica a otra cosa desde su llegada al poder. Lo vimos en el apagón y lo vemos en Adamuz.
Más allá de las mentiras o la remisión a estudios fantasma que postergaban hasta el infinito las causas del accidente (como con el gran apagón), hemos asistido hasta al intento de hacer desaparecer 36 metros de vía con posterioridad al accidente, para evitar que se descubriera que el origen de esas vías era difícil de explicar y que quizá el siniestro tuvo lugar como consecuencia de unas vías que no cumplían los estándares de calidad y mantenimiento. En cualquier caso todo indica que el gobierno sabía que había algo mal con esas vías y que se las tenía que hacer desaparecer. Las vías eran malas, no cumplían quizá los niveles homologables, pero como no hay presupuestos o el gobierno se gasta el dinero en otras cosas eran las que se decidió comprar. Pese a ser vías de al parecer cuestionable calidad, su mantenimiento y vigilancia no sólo no se intensificó sino que se abandonó, porque eso también exige recursos que se destinaron a quién sabe qué, porque tampoco se aprecia que llegaran a las carreteras, la sanidad o la educación.
En realidad, sin necesidad de estudios ni comité de expertos alguno, cada dato que conocemos no hace sino confirmar lo sospechado desde el minuto uno: el tren descarriló por estar una vía rota y porque el estado de las vías era lamentable. Esto constituía hace tiempo un clamor popular, porque las redes sociales estaban llenas de vídeos de usuarios del AVE en los que los trenes temblaban y se sacudían provocando en el pasaje indignación, sorpresa y temor.
Antes del accidente se nos dijo que el estado de la red ferroviaria era maravilloso. Después el gobierno volvió a insistir en ello, para eludir su responsabilidad sobre el estado y mantenimiento de la red, pero al mismo tiempo ordenó bajar la velocidad y suspender trayectos por toda la red nacional. La misma historia del apagón, la culpa no era del mix energético pero tras el apagón se corrigió el mix energético. La culpa tampoco era del estado de la vía pero tras el accidente se redujo la velocidad en casi todas las vías debido a su estado.
Para exculpar su responsabilidad, el gobierno ha recurrido sin escrúpulos a mentir sin descanso. Es la consecuencia lógica de ser un gobierno que no asume responsabilidad política alguna, ni por la epidemia, ni por la DANA, ni por la corrupción, ni por nada. Como Sánchez no asume ninguna responsabilidad y mantiene en los cargos a sus catastróficos y mortíferos lugartenientes, como Puente, no queda más remedio que respaldarlos con una mentira tras otra, porque la verdad exige su cese a gritos.
