Los gastos de personal son junto a la deuda el eslabón débil de las administraciones españolas, el punto por el que puede quebrar fácilmente el estado del bienestar. Todos los años, al aprobarse el presupuesto ya sea del estado central o de cualquier gobierno autonómico, nos bombardean con la premisa de que tanto o cuanto se dedica a “gasto social”. Gasto social es todo aquello a lo que se quiera adjetivar de “social”, cualquier cosa por tanto puede ser calificada de “social”. Pero incluso en el caso de Educación y Sanidad, que en principio podríamos aceptar que es gasto social, no se nos dice que casi un tercio de ese gasto es gasto de personal. ¿Es “social” el gasto de personal? Para el empleado público que lo cobra seguro que sí, para el que lo paga es otra cuestión. A este respecto no se puede olvidar nunca la brecha salarial y la burbuja de los sueldos públicos, en virtud de la cual los salarios del sector público son un 50% más elevados que en el sector privado. Pagar a los empleados públicos un 50% de lo que se cobra en el sector privado no es social, ya que de hecho lo que hace el sobrecoste de los salarios públicos es comerse el gasto social. Contratar a alguien que por hacer lo mismo cobra un 50% más no es gasto social, es gestionar mal. Que los empleados públicos cobren un 50% más que los empleados privados no es más que un síntoma más de que la gestión de los recursos públicos en España (“el dinero público no es de nadie”) es nefasta. Pero pasemos de lo abstracto a lo concreto y veamos cómo el estado del bienestar va a reventarnos en la cara por los gastos del personal.
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En los Presupuestos Generales de Navarra del año 2022, por ejemplo, tenemos que los gastos de personal ascienden a 1.586 millones de euros, un 30% del Presupuesto. El problema es que, sobre este gasto que ya es desproporcionado y se lleva un tercio de toda la tarta del dinero público, ahora nos encontramos con una inflación desbocada de prácticamente el 10%. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo les subimos un 10% el sueldo a los funcionarios? Solamente subir el sueldo a los empleados públicos el equivalente a la inflación, que en realidad no sería subirlo sino mantener su nivel adquisitivo, significaría un desembolso para el Gobierno de Navarra de 158 millones de euros. ¿De dónde va a sacar el gobierno foral todo ese montón de dinero? ¿De nuestros exhaustos bolsillos? ¿Para aumentar aún más la brecha salarial entre los salarios públicos y los privados que los salarios privados tienen que mantener?
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Durante la crisis anterior nuestros políticos no aprendieron nada, desde luego los de la izquierda. Llevamos años aumentando y aumentando el gasto, de forma que ahora el estado tiene las cuentas públicas todavía más desequilibradas que en la crisis anterior, bajo la infausta dirección de Zapatero. A lo largo de toda la recuperación se ha presumido de todo lo que aumentaba el gasto público, de todo lo que subían los impuestos y de todos los empleados públicos que se estaban contratando. Claro que sí podía saberse que era una política suicida. En cuanto volvieran a llegar las vacas flacas, y las vacas flacas siempre vuelven (esto no lo comprende la izquierda porque es una metáfora bíblica), cualquiera podía anticipar que iba a ser un problema mantener todas esas estructuras permanentes de gasto que se estaban creando durante la recuperación. Bueno, pues ya llegan las vacas flacas y además puede que no nos enfrentamos a una crisis pequeña o mediana, sino a una de gran envergadura. Y ahora, ¿cómo vamos a mantener a toda esa plantilla de personal público que ha ido engordando y engordando con los años y cuya brecha salarial respecto a lo privado ha ido ampliándose y ampliándose un presupuesto tras otro? ¿Aprenderemos por lo menos qué es lo que no debemos hacer de cara al futuro?
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