La política española tiene cada vez más de pasional y menos de racional, más de teatralización y menos de realismo. Quienes hasta ayer se dedicaban a crear, mantener y subir un impuesto que era indubitado que estaban pagando los clientes y no los bancos, hoy se rasgan las vestiduras con esa realidad que durante décadas no les había incomodado, de la que además se habían beneficiado. El nivel de demagogia en las últimas semanas ha alcanzado niveles inusitados. Primero porque se trata de un impuesto que en muchos otros países de Europa no existe. Segundo porque, donde existe, lo paga el cliente. Tercero porque, hasta hace 3 semanas, esto había sido así también en España durante décadas. Cuarto porque, en su actual configuración, es un impuesto introducido en 1993 por un gobierno socialista.
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En lo que respecta a Navarra, cabe decir que el tipo en la Comunidad Foral es del 0,5%, siendo por tanto una de las comunidades con un tipo más bajo.
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Si observamos la recaudación fiscal del año pasado, tenemos que el importe recaudado por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados asciende sólo a 6,6 millones de euros, aunque la cantidad fue casi el doble el año anterior. En cualquier caso, una cantidad de la que el Gobierno de Navarra fácilmente habría podido prescindir aboliendo el impuesto.
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Paradójicamente, Pedro Sánchez puede haber hecho un flaco favor a los navarros, ya que la supresión del impuesto podría haber sido un paso relativamente sencillo. Por el contrario, al hacer recaer ahora el pago sobre los bancos, estos ahora encarecerán el crédito de manera generalizada en toda España, siguiendo a la normativa estatal. De este modo, puesto que es poco probable que los bancos adoptaran una política de tipos o comisiones particular para Navarra (lo cual crearía otro desbarajuste, aunque acaso nos favoreciera), si ahora se suprimiera el impuesto en Navarra los navarros seguirían teniendo que pagarlo indirectamente a través de ese encarecimiento general del precio del crédito. Antes hubiera sido fácil liberar a los navarros de pagar el impuesto mediante nuestras propias competencias, ahora no va a ser posible más que mediante un cambio en la normativa estatal.
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El colmo de esta anormalidad, siquiera trnasitoria, puede consistir en que en todo el resto de España el impuesto lo paguen los bancos mientras que en Navarra lo sigan pagando los clientes, en tanto no se cambie la normativa foral. Pero además podemos ser los únicos que paguemos el impuesto y padezcamos al mismo tiempo el encarecimiento general del precio del crédito, con lo que no sólo es que, como los demás, vayamos a perder por un lado lo que ganemos por otro, sino que perderemos por partida doble hasta que nos homogeneicemos con el resto.
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La pelea no debe ser entre los que pagan, sino contra el que cobra
Por lo demás, el “gobierno del cambio” ha tenido 3 años para eliminar este impuesto que estaba pagando la gente, pero aquí tampoco a nadie le ha preocupado lo que pagaba la gente hasta que el Supremo ha cambiado el paso a todos los políticos, incluso tras desdecirse, porque una cosa es el ámbito judicial y otra distinta el político-electoral.
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