Al hilo de los intentos del gobierno social-comunista de derogar la amnistía de 1977, se genera la pregunta de quiénes serían los perjudicados por esta derogación. ¿Franco? ¿Yagüe? ¿Quiénes son los genocidas a los que la izquierda piensa juzgar? Si por otro lado siguieran vivos los responsables del Frente Popular, ¿no habría que juzgarles también a ellos por genocidio? Sólo por una cuestión de edad tratar de juzgar al franquismo o los crímenes de la Guerra Civil 82 años después carece por completo de sentido. Podría acaso haberse perseguido a Billy el niño, por ejemplo, el inspector de la Dirección General de Seguridad al que la izquierda ha acusado durante décadas de haber sido un torturador. Lo que pasa es que una cosa es ser un torturador, por horrible que sea, si es que lo fue, y otra bastante distinta ser un genocida. Por otro lado, Billy el Niño murió de COVID ya a una edad respetable el año pasado. ¿Quién queda al que se le pueda perseguir hoy en día por la derogación de la amnistía del 77? ¿A Juan Luis Cebrián, por haber sido director de los informativos franquistas? ¿A Martín Villa? ¿Como genocida? En realidad casi todos los beneficiarios de aquella amnistía fueron etarras y miembros de otras organizaciones terroristas de extrema izquierda como el FRAP o los GRAPO. Resulta bastante obvio que la extrema izquierda no quiere liquidar la amnistía de 1977 para eso.
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En la política navarra, sin embargo, hasta hace poco teníamos un claro caso de un político relevante que fue beneficiado por la amnistía de 1977, tanto que de revisarse esa amnistía le hubieran quedado 39 años de cárcel pendientes.
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Cuando en 2015 Uxue Barcos fue elegida diputada foral, para a continuación convertirse en presidenta del Gobierno de Navarra, la persona que la sustituyó como diputada del Congreso en Madrid por Geroa Bai fue Rufino Vicente Serrano Izco. Serrano Izco fue miembro de ETA en la década de los 70 y como tal acusado y condenado en 1974 a 43 años de cárcel por el secuestro del industrial navarro Felipe Huarte en 1973. El resultado es que la amnistía de 1977 le libró a Serrano Izco de tener que haber cumplido 39 años adicionales de cárcel, que en principio es la condena que habría tenido que retomar en caso de liquidarse de un plumazo la citada amnistía.
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Lamentablemente Serrano Izco falleció también el año pasado a los 72 años, por lo que la lista de posibles afectados de la derogación de la amnistía sigue siendo difícil de poblar con nombres significativos. No obstante, en el programa de Podemos cuando Serrano Izco era diputado ya figuraba el compromiso de que “Promoveremos o apoyaremos las iniciativas que exijan la anulación de la Ley de Amnistía, del 15 de octubre de 1977. Asumiremos esta anulación como un principio democrático básico”. O sea, que su idea era o ser completamente incoherentes o meterle al entonces diputado de Geroa Bai 39 años en el trullo.
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