Para darnos un margen prudencial hemos esperado unos días, hasta tener más información, para abordar el caso del concejal de Navarra Suma de Pamplona, Javier Labairu, acusado de haber usado su posición para llevarse el coche del garaje de la grúa sin pagar la correspondiente sanción.
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Aunque la grúa se llevó el coche del concejal y el concejal se llevó el coche del depósito sin pagar la sanción, el concejal alegaba que disponía de una autorización para aparcar, y que se llevó el coche sin pagar la grúa y la sanción igual que cualquier otro ciudadano que puede probar que la grúa se llevó su coche habiendo pagado el correspondiente ticket o estando autorizado.
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El debate político ha estado girando un tiempo en torno a la transparencia del caso y si el expediente estaba bien redactado. En todo ese tiempo no hemos abordado el asunto en espera de más claridad en los datos, claridad que ayer se produjo.
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El debate que ayer se produjo en el Ayuntamiento de Pamplona entre los grupos políticos dio lugar a todo tipo de reproches y exigencias, incluyendo la de la dimisión del concejal, pero más allá del barullo partidista y mediático se pudo establecer un hecho fundamental: Labairu tenía autorización para aparcar.
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No cabe duda de ello porque resulta que quedó sentado en el debate que todos los concejales tienen esa misma autorización. Es decir, todos los que acusan a Labairu de trato de favor y de haberse quitado una sanción saben fehacientemente que, por el contrario, Labairu tenía una autorización porque es la misma autorización para aparcar que por lo visto tienen todos los concejales que acusan a Labairu.
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Llegados a este punto de lo único que se puede acusar a Labairu es de que la autorización no estuviera visible. No obstante, resulta que Bildu modificó en 2016 la ordenanza municipal de modo que, aunque el ticket no estuviera visible, ningún ciudadano que pudiera demostrar que había pagado tuviera que pagar la multa, cosa que por otra parte ha sucedido en Pamplona en decenas y decenas de casos. Es decir, que Labairu tuvo el mismo trato que cualquier otro ciudadano y además ese trato fue el marcado por una ordenanza aprobada en tiempos de Bildu.
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Cabe decir que todo sería diferente si Labairu no hubiera estado autorizado. El Noticias y Bildu pueden afirmar que Labairu está acorralado, que tiene que dimitir o que debe ser latigado en la Plaza del Castillo, pero a la vista de los datos, salvo nuevos hallazgos, parece que el caso no tiene sentido ni fundamento. Como mucho podríamos preguntarnos por la oportunidad de que nuestros bienamados munícipes cochicidas tengan una tarjeta política para aparcar donde quieran.
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