Con la ventaja de vivir en un permanente estado de alarma, con el parlamento bajo mínimos, los medios de comunicación comprados, las ruedas de prensa censuradas y los derechos de reunión, circulación y manifiestación limitados, el gobierno de progreso que nos dirige con mano de hierro no para de alumbrar ideas asombrosas.
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El gobierno central, por ejemplo, ultima los preparativos para una ley que prohíba los desahucios. ¿Acaso prohibir los desahucios no ayudaría a garantizar el derecho de la gente a la vivienda? Pues claro que no, igual que prohibir los despidos no ayudaría a garantizar el derecho de la gente al trabajo. ¿Se pensará el gobierno que si en ningún lugar -por lo menos en ninguno que haya prosperado- se han prohibido los despidos será por algo y no porque no se les haya ocurrido? ¿Dónde ha funcionado la grandiosa idea de acabar con el desempleo prohibiendo los despidos?
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Lo que provoca inmediatamente prohibir los desahucios es que alquilar viviendas o conceder créditos hipotecarios se convierta en actividades de altísimo riesgo. Y cuando una actividad se convierte un arriesgadísima, o se evita o se cobra un precio elevadísimo. La lógica resulta bastante evidente. ¿Alquilaría alguien un piso sabiendo que no puede echar a los inquilinos si dejan de pagarle? ¿Qué increíble precio habría que ofrecerle al dueño para que le mereciera la pena correr el riesgo? ¿Y a qué clase de gente buscaría como inquilinos si no a los más solventes y ricos? ¿No se dan cuenta de que prohibir los desahucios hace más difícil que las personas con menos recursos puedan alquilar pisos? Por supuesto se puede penalizar que las viviendas no se alquilen, pero entonces la vivienda sencillamente será desechada como inversión, lo que una vez más reducirá la oferta de inmuebles en alquiler.
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Si no se puede echar al que no paga, tampoco se concederán créditos hipotecarios para comprar viviendas. La vivienda dejará de tener valor como garantía de un crédito. ¿Cómo accederá entonces la gente a la vivienda? ¿Qué clase de garantías habrá que aportar para comprarse una casa? ¿Facilitan estas medidas el acceso de la gente con menos recursos a la vivienda o la dificultan? ¿Por qué alternativamente no adoptan medidas de ayuda a los estrictamente necesitados que no pongan en jaque la seguridad jurídica ni el derecho de propiedad?
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En Navarra y de la mano de Bildu lo que se está pergeñando es una ley para prohibir a las empresas que vengan a Navarra que después puedan marcharse. La gente que nos gobierna sigue sin entender que cuando se levanta un muro de salida ese mismo muro también hace de barrera de entrada. Los muros tienen dos caras. Con el desastre que va a dejar esta crisis vamos a necesitar para salir de esta atraer mucha inversión exterior, además de animar la inversión interior. ¿Cómo vamos a animar la inversión interior ni exterior con un gobierno que cambia las reglas cada seis meses, siempre en perjucio de las empresas y el comercio, que sólo ofrece inseguridad jurídica y hostilidad política, que presenta una fiscalidad disparada y que encima pone barreras de salida? Con todas estas normas que se les ocurren, ¿cuántos de los miembros de este gobierno han puesto ellos en marcha empresas de éxito?
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