Este mes de julio el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha judicializado al fin la pestilente adjudicación de los túneles de Velate a la UTE de Servinabar, incorporando las obras de desdoblamiento (valoradas en más de 63 millones de euros) a la megacausa de Abalos, Koldo y Cerdán, abierta precisamente por múltiples amaños en la adjudicación de obra pública. La Justicia y la UCO ya se encuentran por tanto investigando por su cuenta todo lo sucedido. Nos encontramos de este modo ante un salto cualitativo en el desarrollo del caso, que pasa del ámbito parlamentario controlado por la mayoría sanchista a ser escrutado por instancias independientes como la UCO o la Audiencia Nacional. En este sentido no cabe sino avergonzarse de los partidos en el gobierno, cegados ante la resplandeciente corrupción de su lado del muro como si llevaran gafas de ver eclipses. Los hechos están ahí. La mayor obra pública en Navarra de los últimos tiempos acabó adjudicada a una trama corrupta dedicada a conseguir obras públicas mediante influencias y mordidas. ¿En qué cabeza cabe no percibir en ello nada como mínimo sospechoso?

El proceso de adjudicación de Velate, como el de las VPO de Ripagaina y otros, estuvo por otra parte plagado de irregularidades denunciadas y contrastadas, desde por los votos particulares de varios miembros de la mesa de adjudicación de la obra hasta por la Oficina Anticorrupción de Navarra, pasando incluso por la tibia censura de Comptos, que no obstante señaló que la obra se había adjudicado sin garantizarse los principios de igualdad y transparencia. En el marco de aquella adjudicación, que por lo comentado por los técnicos todo el mundo sabía previamente que acabaría otorgada a Servinabar, se produjeron escenas surrealistas como discusiones de alto voltaje entre el presidente de la mesa y uno de los técnicos, que acabaron con hasta patadas en la puerta del despacho del presidente. El sistema de puntuación de la adjudicación permitió por otro lado la posibilidad de que el presidente de la mesa decantara con sus puntos la decisión a favor de Servinabar, al ser posible que votara conociendo de antemano las puntuaciones de los demás. De hecho, excluyendo los votos del presidente de la mesa, que el gobierno de Chivite mantuvo artificialmente mucho más allá del límite legal de su jubilación, no hubiera ganado Servinabar. La única actuación reseñable del gobierno foral en Servinabar ha sido represaliar al técnico que denunció las irregularidades de la adjudicación de Velate. Consideremos, por otro lado, que los pactos políticos que han permitido los gobiernos izquierdistas y nacionalistas desde 2015 son la respuesta de Antxón Alonso y Santos Cerdán a la pregunta de qué podemos hacer para llegar al poder y forrarnos. La UCO y la Justicia tienen por tanto abundante materia para empezar a investigar porque todo apunta, para explicar lo sucedido, que Servinabar no es un episodio anecdótico de los gobiernos de progreso, sino la piedra angular misma sobre la que se levantaron los gobiernos de progreso para que la trama corrupta nacionalsocialista pudiera medrar.

La UCO también ha identificado este verano a Marta María Zabalza López, actual secretaria de Presidencia de María Chivite, como presunta intermediaria en una entrega de dinero en efectivo de origen desconocido destinada a Santos Cerdán en 2016. De los mensajes de WhatsApp analizados se deduce que Koldo García esperaba recibir una entrega de dinero en metálico que iba a realizar una mujer llamada «Marta», presuntamente la mano derecha de María Chivite, a través de un intermediario llamado “Edi” e identificado como Sebastián Eduard Negoita. Tras recibir el dinero, este intermediario tenía previsto trasladarse de inmediato a la localidad de Milagro para hacerle entrega del dinero. En la misma conversación, el intermediario «Edi» llegó a manifestar: «Muy maja la marta» y «Cobro y voy para milagro». Las sospechas de corrupción suben por tanto de nivel y llegan ya casi directamente al rodeado despacho de la cándida e ignorante “María Chi”.

Recordemos asimismo que ya antes de las vacaciones veraniegas aparecieron referencias curiosas a María Chivite en alguna de las agendas de Leire Díaz, la fontanera de Ferraz encargada a partes iguales de desatascar operaciones turbias de adjudicación de obras públicas y de destruir a los funcionarios, policías, jueces, fiscales y periodistas que intentaban investigarlas: «Energías renovables. REE. MITECO. Esperando si se necesita mayor apoyo. Se va a hablar directamente entre María Chi. y Teresa MITECO».

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En este pequeño e incompleto recopilatorio de todo lo acontecido los últimos meses no puede faltar otra de las noticias del verano, como ha sido la condena al hermano de Pedro Sánchez y a los promotores de su puesto fantasma. ¿Cabe alguna duda de que el móvil de esta prevaricación era el parentesco del beneficiado con el presidente del gobierno? Sánchez, alias P.S., ya cuenta por tanto con la primera condena por corrupción en su entorno familiar acumulable a las imputaciones sin cuento en su entorno político. No olvidemos tampoco que la instructora de la causa contra el hermano de Sánchez, la juez Beatriz Biedma, sufrió seguimientos y espionaje por parte de la trama de Leire Díez. No sólo eso, la juez también padeció en un año 7 requisitorias de Hacienda, la misma Hacienda que, dirigida por María Jesús Montero, la mujer con una relación estupenda con el expresidente de la SEPI contratado por Servinabar, “olvidó” investigar a Julio Martínez, el amigo de Zapatero implicado en el rescate de Plus Ultra, pese a pasarse 4 años sin presentar su declaración de la renta. ¿Dónde nos lleva la suma de todo esto? Pues a la sospecha de que la confluencia de todas las tramas de corrupción socialista conducen inevitablemente a Moncloa, porque sólo con el poder de Moncloa se explica que la trama contara para actuar, para protegerse y para atacar a quienes la investigaban con todos los recursos de Ferraz y el estado.