Mikel Arrarás era una de las pocas personas que formaban parte de la escasa pero selecta plantilla de empleados de Servinabar, junto a figuras como el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, el hijo del líder de la UGT de Navarra o la pareja de Alzórriz. La noticia es que ayer fue uno de los 25 imputados por el juez Pedraz en la trama de la SEPI con Hirurok, el grupo de Leire Díez, Alonso y Vicente Fernández. Mikel Arrarás Abejón, aparte de un nuevo imputado de la empresa de Cerdán y Alonso, era el arquitecto que trabajaba como jefe de obra en Servinabar.
Lo que se le imputa a Arrarás es su implicación en la elaboración de un informe técnico sobre la posible reforma y traslado de la sede central de Mercasa (empresa de la SEPI) en Madrid. La investigación considera que el contrato de reforma se habría amañado de forma irregular como parte de un esquema de favores e influencias por las gestiones del grupo Hirurok.
La trama habría concertado toda la operación de reforma de la sede de Mercasa con Mayte Castillo Pasalodos, número dos de Mercasa, también imputada, y entre otras cuestiones las investigaciones indican que el borrador del estudio de costes para adjudicarse el contrato estimaba la rehabilitación en 2 millones de euros, aunque la cifra real sería de 2,8 millones. En un correo de Arrarás a Vicente Fernández, con copia a Antxón Alonso, bajo el asunto “Paseo La Habana. Resumen de costes”, el jefe de obra de Servinabar exponía que “el coste construcción finalmente esta ajustado a 2m para llegar a los 2,8m finales del Estudio de Costes, antes nos ha bailado algún número. De todas formas, si necesitas que revise cualquier otra cosa me comentas”. Es decir, solo tres días después de la valoración se fijó el coste de la rehabilitación en 2.8 millones, lo que supone un aumento superior a 700.000 euros «sin causa objetiva que lo justifique», según las fiscales de la Causa de Leire Díez.
En esta adjudicación parece observarse un patrón que se encontraría en muchas otras adjudicaciones a Servinabar, en virtud del cual la obra se le concede a la empresa de Alonso y Cerdán con un presupuesto, para demostrarse al poco de iniciarse la obra que en realidad era un presupuesto ficticio, calculado a la baja, que genera de inmediato grandes sobrecostes, como en los jardines del Palacio de la Diputación o en los túneles de Velate. Las adjudicaciones amañadas consisten precisamente en eso, en que no gana el que ofrece el mejor presupuesto calidad/precio, sino el que paga la mordida a la trama que consigue la adjudicación. La mordida, por otro lado, pasa a ser además un sobrecoste encubierto añadido al presupuesto real de la obra. El resultado es que el contribuyente paga la diferencia y además puede tener una obra peor, por si alguien cree que no le afecta la corrupción.
Arrarás sería de todos modos en toda esta trama una pieza menor, encargada de la parte técnica de los amaños. Arrarás era también por ejemplo el jefe de obra de la asimismo controvertida adjudicación de las VPO de Ripagaina. Arrarás se habría encargado de la parte técnica de la empresa mientras Alonso, Leire y Vicente Fernández, o sea los Hirurok, serían los encargados de arreglar los contratos en la parte administrativa y política, al menos en ciertos ramales de la trama que puede ser todavía más amplia. En cualquier caso la pequeñísima plantilla de Servinabar sigue siendo una gran cantera de imputados y todavía hay en curso múltiples investigaciones sobre la misma, que aún podrían arrojar novedosas y jugosas sorpresas.
