Los detenidos diarios por corrupción se cuentan ya por decenas. El caso de la SEPI evidencia una vez que la corrupción sanchista es sistémica, no puntual. Se presentan como defensores de lo publico los saqueadores de lo publico, aunque en su favor hay que decir que en realidad es lo más inteligente, como disfrazarse de policía para robar, lo que genera una particular indefensión y perplejidad en el atracado.
Leire no era nadie, pero toda la SEPI estaba a merced y bajo control de la trama de mordidas de Leire. ¿Quién estaba detrás de Leire? ¿Quién era la fuente de poder que permitía a la trama hablar, por ejemplo, de los fiscales amigos que trabajaban para ella? ¿De parte de quién hablaba Leire Díez para poder reunirse con la mano derecha del Fiscal General del Estado o con la directora de la Guardia Civil? Si es que ése es justo el problema, que Leire no era nadie, que por tanto su capacidad de actuación tenía que provenir de un poder muy superior. Leire actuaba en representación, acaso también en beneficio, de ese poder muy superior.
El sanchismo es un estado generalizado de corrupción y un soporte esencial de ese sistema es la colaboración necesaria de todos los socios sanchistas, que bajo el pretexto de que no llegue al poder la derecha le envían al PSOE el mensaje de que robe impunemente todo lo que quiera, que puede contar incondicionalmente con su apoyo. Por otro lado, pese a este discurso, la derecha llegará al poder justo por eso, porque están sosteniendo a los corruptos sin hacer nada al respecto.
Cuando se conoce un caso de corrupción, lo que estamos viendo además no es que el gobierno reaccione actuando con toda la contundencia de sus poderes contra la corrupción, sino que por el contrario el gobierno actúa con toda la contundencia de sus poderes contra los jueces y los funcionarios que investigan la corrupción. Lo que preocupa al gobierno cuando aparece un caso de corrupción, es por ejemplo que alguien pueda ver reducida su pena por revelar detalles de la trama, tirando del hilo de la trama corrupta e implicando a sus responsables más elevados.
Reputados observadores del mundo de la corrupción lamentan la judicialización de la justicia. Pero lo que no parecen incluir en su lamento es que los políticos delincan. Si los políticos no quieren que se judicialice la política, que no cometan delitos, o que dimitan cuando les salpican. En lo que de ningún modo puede consistir que no se judicialice la justicia es en que los políticos puedan robar con impunidad. De hecho la política tiene que estar necesariamente judicializada en un estado de derecho, lo anormal sería lo contrario. Los políticos tienen que cumplir las leyes lo mismo que los demás. Más aún cuando tienen el poder de cambiarlas y cuando tienen que gestionar el dinero de todos y ejercer con ejemplaridad la representación popular.
Para haber podido desarrollar todos los chanchullos que se están descubriendo, ¿cuánto hay que escalar en la trama para encontrar a alguien que puede tener el poder suficiente para controlar las contrataciones y rescates de la SEPI, para controlar Hacienda, para controlar la Fiscalía, para controlar los medios públicos, para controlar a la cúpula de la Guardia Civil y la Policía? Al final siempre llegamos a las misteriosas siglas P.S. Que nadie ha sido capaz de descifrar y ni siquiera adivinar quién se oculta tras ellas.
