El Tribunal Supremo ha condenado al Fiscal General del Estado por un delito de relevación de secretos. Para el tribunal ha quedado por tanto acreditado que fue el Fiscal General quien filtró los datos reservados del novio de Ayuso. Interesa a este respecto separar y explicar los distintos apartados del caso. Es irrelevante que lo filtrado por el Fiscal fuera cierto o falso. Los detalles del expediente penal y fiscal del novio de Ayuso eran secretos. No se le condena al Fiscal, como pretende la izquierda, por decir la verdad sino por una revelación de secretos. Si los datos difundidos por el Fiscal General hubieran sido falsos, entonces el delito hubiera sido difamación y calumnia. Por lo demás es evidente que el fiscal o el penal son ámbitos como otros muchos, incluyendo la relación médico paciente o cliente abogado, en los que los datos de los afectados no pueden ser hechos públicos, y quien los difunde comete un delito sea la pescadera de la esquina o el Fiscal General del Estado. Por otro lado, salta a la vista que la revelación se explica por ser su víctima la pareja de Ayuso. No sólo hay un delito de revelación de secretos sino que el móvil en este caso, para agravar la situación, es absolutamente político.
En todo este asunto, por lo demás, se puede hablar de una gran torpeza por parte del gobierno y del Fiscal General del Estado. Lo que era el caso novio de Ayuso, con perspectivas poco halagüeñas para la imagen de la presidenta madrileña, y que aún se encuentra pendiente de juicio, se las han apañado Sánchez y su dependiente García Ortiz para convertirlo en el caso Fiscal General del Estado. La noticia ya no es por tanto el novio de Ayuso sino la escandalosa condena por delincuente al que debería ser el ciudadano más intachable, el encargado de perseguir los delitos ajenos. La inteligencia política de la izquierda, no forzando la dimisión del Fiscal y asumiendo su defensa como propia, ha desviado totalmente el foco de Ayuso y su pareja para ponerlo encima del Fiscal y del presidente del gobierno, embarcado en una cruzada pública por defenderlo. Por si fuera poco, ahora García Ortiz tiene que asumir el pago de 10.000 euros al novio de Ayuso por daños morales. Eso sin contar una multa de 7.200 euros y el pago de sus costas en el juicio. Jugada maestra de Kasparov en este tablero.
Al gobierno y sus terminales les queda alegar que la sentencia, todavía por conocer su texto y fundamentos más allá del propio fallo, se ha producido por una mayoría de 5 a 2 magistrados. Lo que pasa es que de entrada así se construyen las sentencias. Si las sentencias requirieran unanimidad, muchas veces no habría sentencia. Si hubiera 6 magistrados progresistas y 1 conservador, y no se pudiera dictar sentencia por la oposición del conservador, la izquierda pondría el grito en el cielo. Evidentemente tenemos un problema con la politización de la justicia, con que los políticos nombren a los jueces y con que los podamos etiquetar por facciones que permitan anticipar matemáticamente el sentido de su voto. Pero ese problema o lo tenemos con todas las sentencias del Supremo o el Constitucional o no lo tenemos con ninguna. No se puede cuestionar la condena al Fiscal General por haber 2 votos de 7 en contra de la condena mientras se defiende la intachabilidad constitucional de la Ley de Amnistía pese a tener 4 votos de 10 en contra en el Tribunal Constitucional. Al que no le guste el actual sistema en que los políticos nombran a los magistrados que se pase al bando de la reforma para despolitizar el sistema, o si no que disfrute ahora de su elección.
En mal lugar quedan por lo demás Sánchez, el gobierno y todo el PSOE. En una reciente entrevista Pedro Sánchez, erigido en monarca absoluto y juez supremo autoproclamado, dictaba sentencia determinando que el Fiscal General era inocente y tenía que ser absuelto. Lo que ahora sucede retrospectivamente es que el presidente del gobierno apoyaba a un delincuente. Es más, la pregunta que se hacen algunos observadores es por orden de quién actuó el Fiscal General del Estado. ¿Actuó por cuenta propia o siguiendo indicaciones de Moncloa? Fue el propio Pedro Sánchez el que en otra entrevista presumía de que la Fiscalía dependía del gobierno y su presidente. Por si acaso el Fiscal General del Estado borró a conciencia todo el contenido de su teléfono móvil, incluyendo todos sus pasos en el momento de la filtración y posibles conversaciones que hubieran podido comprometer a Sánchez.
La buena noticia es que todavía seguimos viviendo en un estado en que el Fiscal General del Estado puede ser condenado si comete un delito. No es lo que le gusta a Pedro Sánchez. No es hacia donde nos está llevando el PSOE. No es lo que necesitaría para garantizar su impunidad una trama corrupta en la que estuviera implicado el gobierno. Este es el peligro más importante que afronta el estado de derecho en este momento.
Un comentario
Podemos organizar una porra a ver en qué sentido y en cuánto tiempo el TC resuelve el recurso que interpondrá el Sr. Garcia Ortiz contra la sentencia del TS. Yo creo que la composición del TC nos puede dar alguna pista…,sin necesidad de recordar aquello de la suciedad, el vuelo de las togas y el polvo del camino.