En la España actual resulta posible desayunar en un mismo día con la noticia de que las pensiones van a subir un 8,5% y de que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, propone ampliar el período para calcular la pensión de los 25 a los 30 años. O sea, por un lado se aumenta brutalmente el gasto y por otro se proponen medidas para contenerlo. Lo que habitualmente se entiende por acelerar y frenar o soplar y sorber al mismo tiempo.
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Naturalmente esta perturbación en la fuerza se ha resuelto con una desautorización al ministro de Seguridad Social, como no podía esperarse otra cosa. ¿Acaso no se había enterado Escrivá que en 2023 hay elecciones? ¿Pero qué números le interesan más al insensato de Escrivá? ¿Los de las encuestas o los de la Seguridad Social?
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Ante este tipo de noticias, el aumento de la masa presupuestaria precisa para pagar las pensiones y la bomba de relojería demográfica que amenaza un sistema de pago de naturaleza piramidal, siempre suele aparecer de por medio entre los observadores sensatos la palabra “sostenibilidad”. El problema es que una cosa es la sostenibilidad económica y otra muy distinta la sostenibilidad política. Económicamente, el actual sistema de pensiones puede ser sostenible sólo 15 años más, puede que menos. Pero lo que importa es la sostenibilidad política, no la económica. El político en el poder no piensa en las pensiones de 2035, sino en las del año que viene, cuando se presente a las elecciones. Con que haya dinero para pagar el subidón del año que viene le basta. Le da igual si el subidón exacerba un problema futuro. Que lo arregle el que mande en 2035.
El Banco de España alerta del colapso del sistema de pensiones 👇 https://t.co/LphrRxFphq
— El Correo (@elcorreo_com) June 8, 2022
En 2022 el estado español va a tener que gastar en pensiones 171.000 millones de euros, que serán 190.000 millones en 2023. Cada 1% que sube el coste de las pensiones son 1.700 millones de euros. Subir las pensiones un 8,5% significa gastar 14.500 millones de euros. Para cada uno de los 20 millones de cotizantes españoles, esos 14.500 millones extra significan pagar 700 euros más en pensiones el año que viene que este. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿De más impuestos? ¿De otras cosas que no sean pensiones? ¿Cuántos médicos, ahora que es asunto de inquietud, podrían contratarse con 14.500 millones? ¿Entiende el país que el dinero para pagar los aumentos de las pensiones no cae del cielo sino que sale de la Sanidad, de la Educación, de las carreteras y de los salarios de los que no están jubilados?
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El gráfico anterior señala por otra parte la bomba de relojería a la que nos estamos enfrentando. En 2004, cuando Zapatero llegó al poder, el gasto en pensiones no llegaba a los 75.000 millones. En 2008 no llegaba a los 100.000. En 2024 habremos rebasado los 200.000. En 2008 el PIB español era de 1,1 billones, frente a los 1,2 billones actuales. El gasto en pensiones se ha disparado, la riqueza que produce el país no. Cada vez hay menos trabajadores en proporción al número de jubilados. Cada vez crece más la cuantía de las pensiones. Cada vez las pensiones se comen una parte mayor del presupuesto. Las pensiones y los gastos de personal, porque los sueldos públicos son la otra gran baza electoral de los políticos, se van a ir comiendo todo el dinero de los presupuestos. ¿Acaso esto no lo saben los que proponen una subida de las pensiones del 8,5% para no perder las elecciones? Desde luego que lo saben, los que a lo mejor no lo saben son sus votantes. ¿Son sostenibles las pensiones y los sueldos públicos hasta las próximas elecciones? Pues ya está. A lo mejor a ningún gobierno se le puede pedir más, a este desde luego seguro que no.
