Sánchez empezó de la peor manera posible, cambiando a unos delincuentes la amnistía y los indultos por sus votos. Eso marca ya el nivel moral de una legislatura y de un presidente de gobierno. No es todo lo que alguien pueda hacer a partir del momento en que cruza esa línea, sino todo lo que pudo haber hecho antes para llegar a ese punto. Sánchez, aupado por todos sus socios estatalistas, es el gran privatizador del estado español: mi sillón, mi fiscal, mi televisión, mi red eléctrica, mi policía, mi tribunal. Todas las instituciones del estado, más todas las empresas sobre las que tiene poder de decisión el estado, han sido colonizadas por Sánchez. Han sido colonizadas por personajes del partido, como siempre, pero seleccionados por una sumisión absoluta y un activismo fanático. El único requisito para obtener el puesto, salvo ser familia, es hacer lo que te ordene Sánchez llegue a ser esto lo que sea. Dentro de la ley o fuera de ella, a fin de cuentas son ya peones colocados por Sánchez los que tienen poder absoluto para determinar lo que está fuera o dentro de ella. En los 7 años que lleva en el gobierno Sánchez, ha depurado toda la estructura del estado de todo aquel que no cumpla el requisito de sumisión absoluta. Ni hay voces discordantes ni va a haberlas, la única excepción puede que sea la UCO. Puede, porque el informe sobre el que tanto se anda especulando todavía no se ha presentado. Lo que conocemos es el nivel de presión al que se ha tenido que enfrentar el jefe de la UCO: “Si Balas está muerto, mejor”. ¿Qué tendremos que pensar si al final, después de todos los aparentes retrasos, el informe de la UCO no es ni de lejos tan demoledor como se estaba filtrando?
A la luz de esta forma mafiosa de hacer política, poco puede extrañar que el gobierno intente aprobar a toda prisa, y a toda costa, nuevas leyes que le permitan nombrar jueces que no han tenido que aprobar una oposición, cambiando por tanto un filtro objetivo por uno subjetivo (el activismo), así como quitar a los jueces la instrucción de los juicios penales para dejarla en manos de los fiscales. Y los fiscales, ¿de quién dependen? O el estado de derecho acaba con el sanchismo, o el sanchismo acaba con el estado de derecho. Ojalá de verdad pensáramos que estamos exagerando. Nos encontramos ante gente que cambió indultos por votos, o impunidad a cambio de información para acabar con los policías cuyas investigaciones les estaban molestando. Gente que, para proteger al sospechoso de haber enchufado al hermano de Sánchez, le cambia a una diputada el escaño por una subdelegación de gobierno, y hace renunciar a 4 candidatos anteriores de la lista electoral predeterminada para que el procesado quede aforado.
Tenemos dos problemas como poco en España. Primero toda la cantidad de españoles que todavía no ven el peligro, o les da igual. No infravaloremos el número de personas en la izquierda a las que no les parecería mal instaurar una dictadura siempre que fuera una dictadura de izquierdas. ¿Cuál es si no la lógica final del mantra de “frenar a la extrema derecha”? Llamas nazis a los que no piensan como tú para, en último término, justificar cualquier cosa que hagas contra ellos. Lo primero que hacía la ETA antes de matar a alguien era colocarle encima la etiqueta de fascista, después en nombre de la lucha contra el fascismo venía la bala. Lo que hacía la ETA también decía que era frenar a la extrema derecha, sólo que en aquellos tiempos también el PSOE era fascismo según el punto de vista de la ETA. No es que no haya cuatro fascistas de verdad en toda España, pero fascista se ha convertido en una etiqueta que incluye a todo el que discrepa con la izquierda. Felipe González o Alfonso Guerra también son fascismo.
El otro problema es que incluso entre quienes se oponen al sanchismo y denuncian que Sánchez está dispuesto a todo, proliferan los que lo dicen sin terminar de creérselo, o sin querer creérselo del todo. Lógicamente es terrible tener en el poder a alguien realmente dispuesto a todo para permanecer en el poder. No es posible sin embargo enfrentar a alguien así sin asumir la realidad por dura que sea, en vez de confiar ilusamente que haya alguna barrera al fin que no esté dispuesto a dinamitar.
En un universo normal, los incentivos actúan sobre la gente de forma que la desanimen de saltarse la ley. Esto es así para el común de la ciudadanía. Normalmente, si no por convicción moral, la gente no se salta la ley para no ir a la cárcel. El gobierno sanchista, por el contrario, se encuentra en la situación opuesta. Sus incentivos son precisamente saltarse por completo las normas. O se salta todos los límites o es entonces cuando puede acabar en la cárcel. ¿Hace falta subrayar mucho el peligro de un gobierno cuyo incentivo no es respetar el marco legal sino saltárselo para poder escapar de la acción de la Justicia?
En toda esta situación tiene el gobierno dos cómplices lamentables. Por un lado toda esa legión de tertulianos, pseudoperiodistas y pseudomedios comprados, capaces de apoyar al gobierno sin la más mínima fisura suceda lo que suceda. A estas alturas y con todo lo que ya ha sucedido, ¿qué más debe pasar para que se produzca alguna deserción en la manada mediática sanchista? La respuesta es que ya nada de lo que pase va a provocar una reacción autocrítica en el propio sanchismo. Todo el que no es un fanático está comprado. Esto mismo se puede aplicar al otro grupo de cómplices, los partidos políticos que están sosteniendo en el poder al PSOE. En este grupo tenemos a quienes, posiblemente, ven la posibilidad de acabar con el estado de derecho e implantar una dictadura no como una amenaza, sino como una oportunidad. ¿O alguien que cree los líderes de formaciones como Podemos y Sumar respaldan dictaduras como la cubana o la venezolana pero renegarían de una dictadura similar para España? Una vez más la realidad es tan terrible que no queremos creer que gente con este perfil ya esté en el poder. ¿Alguien piensa a estas alturas que a alguno de los socios de Sánchez le importaba la corrupción? ¿Alguien cree que alguno de los socios de Sánchez le va a dejar de sostener por algún caso de corrupción? Y después están los que directamente quieren romper España y ven en el PSOE el mejor instrumento para avanzar por ese camino. ¿Destruirían España sólo por gusto y pensamos que van a tener algún problema en cobrar de Moncloa por hacerlo?
