La falsa denuncia de agresión sexual en Pamplona que se vuelve contra la denunciante

Pamplona ha vivido una situación supuestamente extraordinaria en la que una denuncia por agresión sexual ha resultado ser falsa. Este pasado fin de semana una mujer denunció a la policía haber sufrido una agresión sexual en el monte San Cristóbal, después de que se le suministrara, según relató a los agentes, algún tipo de sustancia anuladora de la voluntad. Después dijo haberse despertado atada con bridas y haber sido forzada sexualmente.

El caso es que la denunciante fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra para realizarle los pertinentes análisis, proceso en el cual la mujer se derrumbó y confesó que su denuncia era falsa, lo que a su vez determinó la puesta en libertad del sospechoso al que ya se había detenido. Lo al parecer peculiar de este caso es que la juez, en vez de simplemente archivar el caso, ha abierto un procedimiento contra la mujer por simulación de delito.

Al hilo de lo sucedido en Pamplona, conviene recordar la avalancha de denuncias del verano pasado de mujeres a las que se se habría pinchado en bares, fiestas y conciertos para drogarlas y forzarlas sexualmente mediante supuesta sumisión química. La publicidad que se le dio a aquella avalancha contrasta vivamente con el relativo silencio -mediático e institucional- que siguió al descubrimiento de que todas aquellas denuncias se han demostrado falsas. O bien se trató de simples mentiras o de una auténtica psicosis colectiva, fomentada desde el propio gobierno.

Por supuesto todo lo anterior no quiere decir que no haya que investigar las denuncias de este tipo de casos o que no pueda haber denuncias que sean ciertas. Lo que no puede aceptarse es precisamente el simplismo de pensar que todas las denuncias son ciertas o que todas son falsas, o que todas son ciertas o falsas en función del género del denunciante y del denunciado. En realidad lo que cabe preguntarse es cómo activistas sin los más mínimos conocimientos de derecho se han puesto en los últimos años no ya a reescribir las leyes españolas, sino a cuestionar en determinados delitos principios fundamentales del derecho como la presunción de inocencia, el in dubio pro reo, la irretroactividad de las normas no favorables o el principio acusatorio, que son milenarios y que lo son porque funcionan y porque otra cosa no tendría sentido y desplegaría unos efectos catastróficos.

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