La democracia no es una tiranía por turnos

La democracia no es una tiranía por turnos, como parecen creer algunos. Significativamente, los que piensan que la democracia es una tiranía por turnos sólo lo piensan cuando están ellos en el turno de mandar. El problema es que en un estado democrático de derecho las leyes, los procedimientos y los derechos fundamentales se tienen que mantener constantemente, gobierne quien gobierne, al margen de turnos. Estos días se está viendo hasta qué punto muchos políticos, lo cual es un grave peligro, piensan que democracia es que cuando yo tengo la mayoría puedo hacer lo que quiera como en una dictadura, sólo que por un período limitado. Si por otro lado se permitiera en una democracia que la mayoría pudiera gobernar como en una dictadura, seguramente ya no lo haría por un período limitado.

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Un estado de derecho democrático es aquel en el que los ciudadanos viven en libertad siempre, y sus derechos fundamentales están garantizados siempre, gobierne quien gobierne. Un estado democrático se distingue de una dictadura porque en una democracia el poder del gobierno, aunque represente a la mayoría, está limitado. La democracia no consiste, como ahora parecen sostener algunos de nuestros políticos, en que los tribunales sentencien automáticamente a favor del gobierno, aunque sea un gobierno que represente a la mayoría. Que los tribunales sólo puedan dar la razón al gobierno es algo que sólo pasa en las dictaduras. Lo característico de las democracias, precisamente, es que los tribunales puedan fallar contra el gobierno, por muy mayoritario que sea. Obviamente no al dictado de la oposición ni al de nadie, sino al de la ley.

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Ante lo que nos encontramos ahora mismo es con un pulso en el que de ganar el gobierno tendríamos un sistema aún menos imparcial y menos democrático que el que tenemos ahora. Es decir, el sistema judicial actual, el que diseña la Constitución del 78, es más imparcial y más democrático que el que pretende imponer el gobierno, precisamente porque establece mayorías reforzadas para el nombramiento de magistrados. Desde luego nuestra justicia constitucional es muy mejorable, y podemos y debemos aprovechar las crisis para mejorarla, pero no para empeorarla. Una reforma de la justicia que la haga menos democrática, pasando de mayorías reforzadas a mayorías simples, y por tanto menos representativas, y por tanto menos imparcial, no puede ser aceptable. Estamos ante una crisis judicial, pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad.

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Hablamos del fondo del asunto, pero la forma y los procedimientos tampoco son irrelevantes en todo este debate sobre la reforma judicial. Un diputado de la mayoría no puede dirigirse al Congreso a participar en una votación en un coche robado, sin carnet, borracho, frecuentemente por dirección contraria y saltándose los semáforos. Si le detiene la policía por el camino no puede decir que como es diputado de la mayoría está por encima de la ley, o que se le está impidiendo votar antidemocráticamente. En absoluto, lo que se le exige es que cumpla las normas y lo que se le está impidiendo no es votar, sino conducir borracho o por el carril contrario, o saltándose los semáforos. Sobrio, con su coche, cumpliendo las normas, podría ir al Congreso a votar lo que quisiera. No son unos antidemócratas los policías que lo detienen, sino él un irresponsable.

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La cuestión de fondo que subyace en toda esta crisis es que la izquierda ya no acepta los tribunales en los que no haya mayorías izquierdistas. Entre otras cosas porque necesita una mayoría izquierdista para poder presentar como legales todos los futuros pactos de gobierno con los socios que le mantienen en el poder. En realidad lo que el gobierno busca no es ni siquiera una mayoría izquierdista en el Tribunal Constitucional, sino una mayoría izquierdista sumisa. O sea, sería concebible llegados a cierto punto una mayoría izquierdista que se opusiera a un gobierno izquierdista, por eso lo que este gobierno pretende, y para comprobarlo basta observar los perfiles de los magistrados que está proponiendo, es una renovación fuera del procedimiento establecido y  con magistrados absolutamente parciales y sometidos a la disciplina de partido.

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Si este país ya tiene un problema con la confianza en la justicia (al menos en asuntos políticos) y la apariencia de imparcialidad de los jueces, a los que ya nos hemos acostumbrado a encuadrar como conservadores o progresistas, y desde luego designados por este u otro partido, la solución al problema no puede ser empeorar el problema. Y empeorar el problema es por ejemplo que en vez de una mayoría cualificada se nombre a los magistrados por mayoría simple, destruir la separación de poderes y otorgar al gobierno un poder absoluto. Sin duda muchas personas de izquierdas creen que los gobiernos de la izquierda jamás atropellan los derechos de la gente o abusan del poder, ¿pero creen eso mismo de los gobiernos de derechas? Entonces que no apoyen un sistema que, más tarde o más temprano, le daría un poder absoluto a un gobierno de derechas. ¿O a quién acudirán en vez de a la Justicia cuando la derecha vuelva al poder y tengan un problema con el gobierno? ¿Al Teléfono de la Esperanza, al Pacto de Varsovia? Si la situación actual no se puede mantener cambiemos la situación, hace tiempo que debiéramos haberlo hecho, pero hacia una Justicia mejor y más imparcial. No hacia una Justicia todavía más partidista y parcial para poder firmar con Otegui y Rufián un pacto que desborde la legalidad.

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