Hace unos días se publicaba la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha suspendido cautelarmente la extinción del concierto educativo de Bachillerato correspondiente al colegio Miravalles-El Redín, adoptada por el departamento de Educación del Gobierno foral por haber mantenido la educación diferenciada.
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Esto no significa que las familias hayan ganado la guerra, sino sólo una batalla. El tribunal se limita a suspender temporalmente la extinción del concierto hasta que haya una sentencia, ya que las consecuencias de la extinción “se reputan cuantitativa y cualitativamente muy relevantes y de muy difícil o imposible” reversión o reparación una vez ejecutadas. Es decir, de poco serviría una sentencia dando la razón a las familias si los efectos de la decisión del gobierno fueran ya irreversibles. Es por eso que el tribunal suspende cautelarmente la extinción hasta que dicte una decisión definitiva, no necesariamente a favor de los centros ni de los padres.
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El auto del tribunal, sin embargo, establece que los recurrentes, o sea las asociaciones de padres y madres de Miravalles y de El Redín y la entidad Fomento de Centros de Enseñanza, depositen un aval bancario en cantidad “suficiente para garantizar de manera solidaria una cuantía equivalente a la ayuda pública que el referido concierto supone”.
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Esto resulta un tanto llamativo porque, por un lado, se suspende la extinción por los graves efectos que pudiera tener aunque después el tribunal les diera la razón a los recurrentes, pero a continuación les impone a los recurrentes una carga que, al menos en el terreno económico, casi equivale al menos temporalmente a los graves efectos que trata de evitar con la suspensión.
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El Tribunal, no obstante, señala que los efectos de la extinción del concierto se proyectan no solo en el ámbito económico en sentido estricto, sino también en un sentido impeditivo o gravemente obstaculizante del disfrute del derecho a la tutela judicial efectiva, por no mencionar la difícil reversión de una adaptación a un nuevo modelo educativo (educación mixta), una reconfiguración de la composición y organización estructural de los centros y grupos e, incluso para aquellos alumnos que no pudieran hacer frente al nuevo escenario, una recolocación en otros centros concertados o públicos.
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El problema de fondo una vez más es que los conciertos por un lado parecen una garantía de la libertad educativa de los gobiernos, pero por otro más bien son otra forma de tener el gobierno controlados a los centros. O me gustas, o te quito el concierto. De este modo, los gobiernos se garantizan una educación acorde a sus designios (euskaldún, feminista, laica, abertzale, progresista o lo que sea) o el centro se juega el concierto. Mediante los conciertos, el gobierno se garantiza el control de toda la educación pública y en buena medida de toda la educación concertada. El sistema de conciertos puede no haber mostrado su vulnerabilidad en el pasado ante gobiernos menos liberticidas que los actuales gobiernos nacional-izquierdistas, pero ahora sus debilidades están quedando en evidencia. Es el momento por tanto de buscar otras alternativas como el pin parental o el cheque escolar, herramientas que por otro lado le vendrían muy bien hasta a las familias nacionalistas y progresistas el día en que un gobierno de derechas les intentara aplicarles a ellas las mismas imposiciones que otras familias, con los gobiernos nacionalistas y de progreso, sufren ahora.
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Un comentario
Y lo peor de todo quizás sea que el resto de colegios concertados no se da cuenta de que el ataque no es contra la educación diferenciada (que en este caso sí que son los económicamente más perjudicados), sino contra toda la concertada que, en adelante, sufre un grado más de intimidación y «violencia» por cuanto se le están mostrando los dientes para el caso de que algún colegio se atreva a discrepar de alguna de las imposiciones del gobierno de turno.