VOX ha puesto en marcha la web fraudeleydenietos.com, en la que se ofrece un mapa caliente con la afectación de la Ley de Nietos al censo por provincias, y en la que se explica la forma en que esta ley se está usando para dar un pucherazo alterando el censo electoral. Un pucherazo se puede dar lo mismo cambiando el voto que cambiando a los votantes, y subvirtiendo el proceso por el que los votantes eligen al gobierno por otro en que es el gobierno el que elige a los votantes. En este sentido, además de esta web, hay que agradecer a VOX y Iustitia Europa que sus actuaciones ante la Justicia sean las que han permitido que el Supremo paralice el cambio del censo.
La Ley de Nietos, según detalla la web, es un plan premeditado para alterar el censo electoral y cada pieza del plan encaja con la siguiente.
- Primero desapareció el voto rogado, el trámite que obligaba a cada español residente fuera a pedir su documentación electoral antes de cada convocatoria; la reforma se tramitó a la vez que la Ley de Memoria Democrática, en 2022.
- Después llegó la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que abrió de par en par la nacionalidad española para el resto del mundo.
- El siguiente paso fue la instrucción de la hermana de Óscar Puente, a través de la que se ha convertido en un coladero la ley de forma que ser nieto de exiliados políticos se convierte en una presunción en vez de una condición documentada.
- Para acelerar el proceso y añadir la máxima cantidad posible de nuevos votantes se han realizado más de 2.000 contrataciones reforzando la red consular, un contrato millonario donde se ha incluido al régimen cubano para garantizar la creación de esos nuevos votantes.
El sistema electoral español reparte los escaños provincia a provincia y el último se decide en muchas de ellas por un puñado de papeletas. En la provincia más ajustada de España le faltaron 1.248 votos al PSOE para llevarse un escaño más (Tarragona). Cada nuevo votante gracias a la Ley de Nietos entraba en el censo y podía elegir la provincia en la que votar prácticamente sin control. Y cuando no podía acreditar vínculo con ninguna provincia, quien elegía dónde iba a votar era el propio consulado. Solo después de que VOX ganara en el Supremo, la Junta Electoral anunció que exigirá justificar ese arraigo.
El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), según explica la web, ha pasado de 2.285.830 electores, cuando se aprobó la ley, a 2.747.688 en la actualidad, añadiendo casi 500.000 votantes extra y constituyendo hoy el 7,1 % de todo el censo español. Solo en Argentina, el mayor foco de nuevos votantes, hay 520.203 electores inscritos, más electores de los que hay en 26 provincias españolas. Significativamente, en las cuatro últimas elecciones autonómicas (Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Aragón) el PSOE ganó el voto exterior mientras perdía abrumadoramente las elecciones en el voto residente.
Entre los hechos alarmantes que señala la web, uno de los más llamativos es que un español que vota por correo desde España tiene que identificarse tres veces: al solicitar el voto, al recibir la documentación y al entregarla. Un votante en el extranjero, sin embargo, gracias a la Ley de Nietos no tiene que identificarse ni una sola vez. Su sobre no viaja certificado, de modo que nadie comprueba que lo devuelva el votante, y ni siquiera que fuera él quien recibió la documentación.
Hoy, sin el voto rogado, el material electoral sale automáticamente hacia todos los inscritos en el exterior, esté cada uno donde esté y sepa o no que va a recibirlo. Los sobres que llegan a los consulados tampoco se custodian en urnas selladas como las de un colegio electoral, y en ese recorrido no hay interventores ni apoderados de los partidos vigilando nada. El único control que se hace en España es el escrutinio, y es un control documental: tan solo se comprueba que los papeles concuerden entre sí, no que exista la persona real que figura en esos papeles ni que fuera esa persona quien votó.
A eso se le suma que no se publica ni cuántos votos recibe cada consulado, ni la participación desglosada por países, ni el resultado de cada oficina por separado. Sin esos datos, nadie desde fuera puede detectar un salto de participación donde no debería haberlo.
Además, los plazos no coinciden: la votación presencial en los consulados cierra tres días antes de la jornada electoral, mientras que el voto por correo puede enviarse hasta cinco días antes y llegar hasta dos días antes. En ese desfase de tiempo se abre una ventana en la que se sabe quién no ha ido a votar todavía.
En el caso de Cuba, es el régimen comunista el que expide las partidas que acreditan el origen español y el que las legaliza, el que pone, mediante un contrato de 1.13 millones de euros con una empresa estatal, a 88 personas elegidas por el régimen cubano a tramitar los expedientes dentro del consulado español; y el que transporta después las papeletas por su servicio de correos. En ninguno de esos pasos interviene una verificación independiente: son expedientes que dependen en su totalidad de papeles que emite la dictadura comunista de Cuba de camino a España.
La intervención de Sofía Puente, clave de todo el complot
La Ley de Nietos que permite a Sánchez alterar sustancialmente el censo ni siquiera es la Ley de Nietos que aprobó el Congreso, sino una gigantesca ampliación de esa ley, nunca aprobada por el Parlamento, ejecutada por una mera instrucción de la hermana de Oscar Puente. Cuatro días después de que la Ley de Memoria Democrática entrara en vigor, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dictó una instrucción que desarrollaba de forma sustancial, incontrolada y no democrática la Ley de Nietos, firmada por Sofía Puente, entonces directora general y hermana del conocido e inefable Óscar Puente.
Esa instrucción es la pieza clave de todo ya que la hermana de Puente consiguió tres cosas que los diputados nunca votaron en el Congreso:
- Da por exiliado a cualquiera que saliera de España entre julio de 1936 y diciembre de 1955, sin pedirle que lo acredite, con lo que alcanza a descendientes de emigrantes que se marcharon décadas después de la Guerra Civil, que se fueron por motivos económicos y que nunca fueron exiliados políticos.
- Exime de renunciar a la nacionalidad anterior, cuando el Código Civil lo exige salvo en los casos que este mismo enumera.
- Convierte la adquirida en nacionalidad de origen, categoría que la Constitución protege de cualquier retirada, pese a que la ley remitía al artículo del Código Civil que regula algo diferente.
Tenemos en el palacio de la Moncloa al frente del poder a una persona rodeada de casos de corrupción. ¿Cómo llamar a una persona rodeada de subordinados corruptos? ¿El jefe de los corruptos? El problema menor sin embargo es la corrupción. Lo verdaderamente grave es que al frente del gobierno pueda haber un corrupto cuya única esperanza de evitar su horizonte judicial sea permanecer en el poder, y que a su vez por tener el poder tenga también los medios para asegurar esa permanencia a través de todo tipo de maniobras por dentro o por fuera de la legalidad, simplemente porque desde el poder tiene la capacidad material para hacerlas y la voluntad de poner a prueba la capacidad del estado de derecho para oponerse a ellas. Por si esto fuera poco, Sánchez es un personaje sobre el que ya pesan intentos de pucherazo en el pasado denunciados por sus propios compañeros de partido. Es para evitar un escenario dantesco como el que estamos afrontando que en cualquier democracia homologable de nuestro entorno un presidente en la situación de Sánchez habría dimitido hace mucho tiempo ante los primeros escándalos. Por el contrario, tenemos un presidente al frente del gobierno que se comporta como lo haría un culpable tratando de blindarse ante la justicia y perpetuarse como sea en el poder. Es por tanto imposible minusvalorar la importancia de lo que nos estamos jugando en las elecciones del 29N con el agravante de que, si el Supremo no lo garantiza, ya ni siquiera podremos acudir tranquilos a las urnas pensando que podemos perder o ganar, pero por medio de un proceso limpio y transparente. Esa duda nueva se llama Ley de Nietos y por su forma de aplicarse parece que la cloaca del PSOE tiene una nueva sección dedicada a las elecciones y el censo.
